a mejor precampaña ha sido la de Vázquez Mota, por lo que su nominación se vuelve irreversible; el Presidente deberá resistir la tentación de imponer candidato en su partido, tendrá que saber los límites de su actuación.
Institucionalidad. Enero de 2012. Foto: René Soto.
Las noticias en el frente de la economía son positivas, el mejor entorno que esperaría el presidente Calderón en el año de elecciones. Sin embargo, las buenas cuentas macroeconómicas no “bajan” rápido a la población. Revertir el déficit en materia de empleo, por no decir el deterioro que viven millones de familias, requeriría de un crecimiento mayor y continuo por al menos una década. AMLO y Peña saben que la economía es la debilidad mayor del PAN en el gobierno. Que la corrupción persista o que la violencia haya cobrado impulso en esta gestión es grave, pero se ha vuelto parte del paisaje. Todos los mexicanos desean menos venalidad y más seguridad, pero desconfían de las promesas fáciles o del voluntarismo propio de las ofertas de campaña. El debate fundamental para los comicios de 2012 estará en la economía, quien sea más convincente en el tema tendrá más votos.
2011 ha sido el mejor año en las cuentas oficiales en la lucha contra el crimen organizado. La estadística gubernamental no privilegia muertes, disminución de adicciones, recuperación de territorios o mejores índices de seguridad. Como toda guerra, la comunicación se vuelve propaganda, por lo que la información se centra en las detenciones, en las tropas desplegadas y en un recuento optimista sobre lo realizado. Lo cierto es que el problema es mayúsculo; el mismo presidente Calderón ha abonado a la percepción de fortaleza del crimen al insinuar su capacidad de influencia en los procesos electorales. Por lo pronto, el país ha sufrido el mayor deterioro en su soberanía. La venalidad oficial o la impotencia frente al crimen ha abierto la puerta grande al intervencionismo de las agencias y los departamentos estadunidenses, que lo mismo introducen armas que participan del blanqueo de los dineros del crimen.
Se incuban problemas serios en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada. El más serio es el desgaste al que has sido sometidas las fuerzas armadas por realizar acciones de corresponden a las policías y a los mandos civiles. El tema no se resuelve con baladronadas presidenciales, más cuando Calderón no estará en el cargo para argumentar los casos de violación de derechos humanos y, particularmente, porque el plano de la discusión será el de la justicia internacional. Por más incómoda que sea su presencia, el Presidente debe agradecer a Javier Sicilia y a los suyos que el tema haya adquirido relieve con anticipación al cierre de su administración. Como en toda guerra, será tarde cuando el comandante en jefe tenga conocimiento de muchas atrocidades cometidas en nombre de la causa.
Una pena que se haya malogrado la aprobación en el Senado de la República el nuevo modelo policial, solución imprescindible a una de las partes del problema. La energía presidencial y del Senado se centró en una reforma política para dañar políticamente a Peña. Profesionalizar policías no sólo se requiere voluntad gubernamental, también es necesario un enorme esfuerzo por todos los gobiernos, por mucho tiempo para que el país cuente con fuerzas del orden a la altura del problema que se enfrenta y así abatir la impunidad que se padece en el país.
Pero el desafío mayor del presidente Calderón está en el frente de la política y de la sucesión presidencial. Por una parte, deberá resistir la tentación de imponer candidato en su partido. El corte de finales de diciembre revela que la mejor precampaña ha sido la de Josefina Vázquez Mota. Santiago Creel ha disminuido y Ernesto Cordero ha incrementado de manera importante su conocimiento, pero no la preferencia. A inicios de enero Josefina incrementa ventaja. Su nominación se vuelve irreversible y el Presidente, conocedor de su partido, deberá saber los límites de su actuación.
Para efectos prácticos ha iniciado la elección constitucional. La anulación de los comicios del ayuntamiento en Morelia por el Tribunal Electoral es un precedente que a todos debe preocupar. Bajo la misma premisa la elección presidencial de 2006 debió anularse. El hecho muestra que el campo de la legalidad electoral no es de certeza, sino de interpretación contradictoria de leyes poco claras. Abrir la puerta a la pérdida de validez de los comicios no es un tema menor de cara a la incertidumbre y la inequidad en materia de comunicación. A todos debe preocupar.
El gobierno estará sujeto, como en toda democracia, a un severo escrutinio y crítica por la oposición. El Presidente tendrá el derecho de defender las cuentas y las acciones de su gobierno, pero no a intervenir en los comicios. No es parte y debe evitar regresar al expediente de 2006, 1994, 1988… Su responsabilidad es respetar la voluntad mayoritaria y dejar que los partidos y sus candidatos realicen con libertad su proselitismo. En breve que su gobierno no sea un factor más de suelo disparejo en la contienda.
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