Soy de los que prefieren, en la etapa mexicana actual, no siempre en México y no en todas partes, gobiernos con mayorías. Creo que los cambios que México requiere exigen una Presidencia democrática fuerte, con mandatos y mayorías legislativas suficientes para lograr la aprobación de reformas o llevarlas al país por la vía del referéndum. No importa si esa Presidencia democrática con mayorías legislativas es del PAN, del PRI o del PRD: así veríamos si las propuestas de cada uno de ellos encierran la más mínima coherencia y si arrojan resultados. Ya hemos tenido gobiernos minoritarios del PRI y del PAN, ahora tendremos nuevamente uno del PRI; algún día, muy lejano, tal vez haya uno de la izquierda.
Por eso me hubiera agradado que el PRI alcanzara una mayoría en ambas Cámaras, a sabiendas de que la casi totalidad de las reformas que en mi opinión deben realizarse son de índole constitucional; necesitan una mayoría de dos tercios en el Congreso y las legislaturas estatales. Pero eso ya no fue; sin embargo, el resultado del 1o. de julio podría equivaler a una mayoría priista si el PRI y el PAN se ponen de acuerdo, durante el interregno y después del 1o. de diciembre, para sumar agendas en lugar de contrastarlas.
Leo Zuckermann ya apuntaba en esta dirección en su artículo de ayer en Excélsior. Existe una gran complementariedad y una relativa convergencia de ambas agendas, sobre todo si se entiende que nada es gratis en la política. Peña Nieto ha dicho que, entre otras cosas, quiere inversión minoritaria en Pemex (el PAN está de acuerdo); concentrar el esfuerzo de seguridad en el combate a la extorsión, el secuestro y el homicidio y en construir una policía nacional mucho más grande (el PAN está más o menos de acuerdo); construir un sistema de protección social universal financiado por el fondo fiscal central (en buen castellano significa generalizar el IVA y eliminar los subsidios a la gasolina; el PAN más bien no está de acuerdo); y establecer la jornada completa en la educación primaria y dotar de una computadora específicamente para niños a los alumnos de quinto y sexto año (el PAN no lo hizo y probablemente no le encante).
El PAN quiere la reelección de legisladores, la segunda vuelta, el fin de los monopolios sindicales, la no retención de cuotas, eliminar la toma de nota y la cláusula de exclusión: sobre todo esto Peña ha manifestado su desacuerdo aunque con matices. Algunos otros temas del PAN como una mayor autonomía del Ministerio Público podrían ser convergentes.
Se disciernen claramente las bases de un entendimiento: Peña cede en aspectos políticos que no le gustan (por cierto aprobados por una parte del PRI) y el PAN pasa aceite y aprueba reformas que el PRI obstaculizó y que pueden resultar impopulares pero indispensables. La mesa está puesta, pero sólo para los comensales que hay: Peña por el PRI, Calderón por el PAN hasta el 1o. de diciembre, y después a quien el PAN escoja. Lo que no va a resultar factible es negociar acuerdos de esta envergadura y dificultad y al mismo tiempo descalificar la legitimidad de una de las partes.
Si Calderón y el PAN insisten en que la compra y coacción de votos, la manipulación de los medios y de las encuestas y el gasto excesivo de campaña, todo ello por el PRI, hicieron que Peña ganara "a la mala", debieran haber actuado y seguir actuando en consecuencia: instruir a la Fepade para que procediera desde hace 5 años contra aquellos que violaran las leyes; aprobar leyes en caso de que las vigentes no bastaran o funcionaran; y apoyar a AMLO en su empeño por declarar inválida la elección. En la indecisión consuetudinaria de Felipe Calderón yace la razón del fracaso de su sexenio, rechazado por 75% del electorado. Esa indecisión se ha reflejado en sus políticas públicas y estrategias y se vuelve a manifestar hoy: sí fue "a la mala", pero no es inválida; sí hubo trampa, pero no la suficiente para invalidar; sí tiene razón AMLO, pero no vamos con él. Así, no llegaremos a ningún lado.
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