La hora de García Luna.

Las razones centrales que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esgrimieron para otorgar un amparo directo y liberar a Florence Marie Louise Cassez Crepin fueron porque “se violaron sus derechos humanos” por el “montaje televisivo” transmitido por Televisa el 9 de diciembre de 2005 y porque se violó “de manera grave” la presunción de inocencia. Los responsables del operativo en el que se detuvo a la ciudadana francesa el 8 de diciembre de 2005, un día antes de que esa televisora transmitiera en el noticiero matutino de Carlos Loret de Mola su arresto como si se tratara de una operación en vivo, fueron el entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, y Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñaba como director de Investigación policial de dicha corporación. 





El montaje fue planeado conscientemente y se hizo con el objetivo de manipular a la opinión pública. Se hizo para simular una actuación ejemplar e impulsar con ello la carrera política de García Luna. No fue un simple error, como reconoció dos meses después de su difusión el propio Genaro García Luna y quien, luego de ese capítulo, pasó a ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, en la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa. Ese montaje fue también un crimen y, encima, cometido con flagrancia por la autoridad ya que, como se demostró después, la detención real de Cassez Crepin y su entonces novio Israel Vallarta Cisneros se realizó en la carretera federal México-Cuernavaca. Por si fuera poco, en horas posteriores a esa detención, la policía encabezada por García Luna y Cárdenas Palomino no aisló ni protegió a la víctimas del presunto secuestro. 

Por el contrario, los mantuvieron en un entorno hostil y junto a sus presuntos agresores, los integrantes de la banda de Los Zodiaco, todo para ejecutar una operación con fines publicitarios, que nada tenía qué ver con la investigación. Ambos funcionarios violaron, además, el Artículo 16 constitucional que impone a la policía la obligación de poner a toda persona detenida, sin demora, a disposición del Ministerio Público. La constitución y la ley son claras al respecto y no autorizan excepción alguna, menos aún permiten retener a sospechosos para efectos de una escenificación. 

En una entrevista para El Universal, publicada el 22 de abril de 2010, Florence Cassez narró sus recuerdos centrales de ese 8 de diciembre de 2005 y acusó a Cárdenas Palomino de tortura: “¿Fuiste torturada?”, le preguntó el reportero Francisco Reséndiz. “Luis Cárdenas Palomino me pegó para que dijera lo que él quería a las cámaras, nunca le importó que hubiera medios. Para ese momento ya habían pasado 20 horas desde que me detuvieron. No había dormido, tenía frío, no entendía a lo que él quería llegar, las groserías que me decía las desconocía. “Ya en la camioneta, estaba sentada junto a Israel Vallarta, a un lado estaba un oficial de la AFI. Le dije: ‘Usted me podrá pegar todo lo que quiera, pero jamás voy a decir lo que usted quiere’. Levantó el puño y me amenazó. Intervino el policía para que no lo hiciera, yo temblaba, entonces me dio más cachetadas”. 

Pero pese a las múltiples pruebas sobre violaciones a los derechos humanos, ni García Luna ni Cárdenas Palomino fueron llamados a rendir cuentas. El respaldo que recibieron del gobierno de Calderón Hinojosa fue total. Ahora que los ministros de la SCJN han dejado libre a Cassez justo porque se violaron sus derechos humanos, también se espera que los responsables de aquella manipulación, que fue totalmente ilegal, sean llamados a rendir cuentas. Es la hora de García Luna y de quien fuera su mano derecha. Pero, ¿irán por ellos? Sólo así quedará cerrado el círculo de la justicia.

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