Un informe dice que las autoridades mexicanas cometieron abusos

CIUDAD DE MÉXICO—Las principales fuerzas de seguridad pública de México, incluyendo el Ejército, la Marina y la Policía Federal, están involucradas en una epidemia de desapariciones forzadas ocurridas en los últimos seis años durante la guerra del país contra poderosos carteles de la droga, informó el miércoles una organización de derechos humanos.

El informe de Human Rights Watch, con sede en Washington, mantiene que oficiales de seguridad federales participaron en 149 de los 250 casos de desapariciones registradas por la organización. La policía local corrupta del país —en muchas ocasiones trabajando en conjunto con grupos criminales— habría sido la peor agresora.

Estos casos documentados por la organización representan una parte minúscula del número de personas que han desaparecido durante los últimos seis años y que ascendería a 25.000, según datos del gobierno, conforme el ex presidente mexicano Felipe Calderón desplegó al ejército y la policía federal para combatir a los carteles del narcotráfico que continúan teniendo influencia en grandes partes del país.

"El presidente (Enrique) Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis de desapariciones en la historia de América Latina", afirmó José Vivanco, el director de Human Rights Watch para América, en un comunicado de prensa.

La Secretaría de Gobernación, a cargo de la política de seguridad, no comentó inmediatamente.

Calderón terminó su gobierno de seis años en diciembre y fue sucedido por Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional.

El informe podría incrementar la presión del Congreso de Estados Unidos sobre México para garantizar que la policía federal y las fuerzas armadas respeten los derechos humanos.

Desde 2008, EE.UU. ha contribuido con cerca de US$1.600 millones a través de la llamada Iniciativa Mérida a los esfuerzos de México para combatir el narcotráfico y modernizar sus fuerzas policías y sistema legal. Quince por ciento de ese dinero es condicional a que el Departamento de Estado de EE.UU. concluya que las autoridades mexicanas están haciendo progreso en el respeto de los derechos humanos.

Un asistente del senador Patrick Leahy dijo que el congresista no comentaría sobre el informe de Human Rights Watch porque aún no lo había leído.

Vivanco, quien se reunió con el secretario de Gobernación y el procurador general el miércoles, dijo en una entrevista que cree que el gobierno de Peña Nieto está "decidido a detener la continuidad de esta situación". El año pasado, funcionarios mexicanos filtraron un informe preliminar realizado por colegas en la oficina del procurador general que lista a unas 25.000 personas reportadas como perdidas o desparecidas durante el sexenio presidencial. Vivanco dijo que los representantes del estado norteño de Coahuila, que está en gran parte controlado por los Zetas, la organización criminal más violenta de México, dijeron que 1.836 personas habían desaparecido allí entre diciembre de 2006 y abril de 2012.

En una tercera versión del incidente presentado ante el procurador público por la marina cinco meses después, la Marina afirmó que los hombres desaparecidos declararon a interrogadores de la marina que habían sido amenazados por los Zetas para que trabajaran en la violenta organización delictiva, señala el informe. De acuerdo a esta última versión, la Marina había transferido a los hombres desaparecidos a otra ciudad para protegerlos. Ninguno de los seis hombres detenidos de una manera similar esa noche han sido vistos desde entonces, apunta el informe.

"Están tratando de ayudar a las víctimas y hay esfuerzos que se están tomando para encontrar a los desaparecidos", aseguró Vivanco. "Lo que no se sabe es la capacidad y voluntad de investigar, procesar y castigar a los soldados y agentes de la policía a cargo de estas desapariciones masivas". Sin estos procesos, indicó Vivanco, "es muy difícil asegurar que esto no vuelva a pasar".

Las autoridades del estado de Coahuila no estaban inmediatamente disponibles para confirmar esa cifra.

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