Por NATHAN KOPPEL
SAN ANTONIO, Texas—Una casa estilo mediterráneo que cuenta con su cocina abierta y un bar fue subastada recientemente por US$425.000 por el gobierno federal estadounidense, que alega que la propiedad era de la esposa de un hombre que trabajaba con narcotraficantes mexicanos.
El decomiso y venta forman parte de una campaña de las autoridades estadounidenses para combatir el lavado de dinero realizado por personas presuntamente vinculadas a los carteles mexicanos. La policía sospecha que estos individuos están obteniendo cada vez más productos en EE.UU. con las ganancias procedentes de sus actividades ilícitas.
Nathan Koppel / The Wall Street Journal
Esta casa de San Antonio sera subastada por las autoridades de EE.UU.
Las autoridades señalaron que el auge en las compras es impulsado por cambios en las leyes mexicanas en 2010 y 2012 que restringen el depósito de dólares en bancos mexicanos, o la compra de autos, joyas y otros artículos de lujo con efectivo.
"Mas dólares producto de la venta de drogas y otros crímenes, como el tráfico humano, son lavados al norte de la frontera", apuntó Rexford Setzer, supervisor de una de las unidades de lavado de dinero del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
No hay datos completos sobre la escala del lavado de dinero por parte de organizaciones criminales mexicanas, pero los fiscales estatales y federales han respondido con demandas civiles de alto perfil en Texas y otros estados fronterizos que buscan decomisar propiedad supuestamente comprada con dinero del narcotráfico. Los bienes confiscados incluyen autos de lujo, joyas y aviones.
Por mucho tiempo, los fiscales estadounidenses han entablado acciones de incautación civil para decomisar activos presuntamente comprados con fondos obtenidos ilegalmente. En casos de incautación federal, el gobierno debe demostrar únicamente con preponderancia de pruebas —mucho menor a lo requerido en casos penales— que una propiedad está ligada a un crimen.
Los críticos mantienen que las confiscaciones civiles son propensas a los abusos por parte de las agencias de seguridad pública, ya que estas se benefician de los ingresos obtenidos con la venta de los bienes y, por tanto, tienen incentivos para decomisarlos.
Los fiscales argumentan que es vital que el gobierno de EE.UU. tenga la habilidad de confiscar rápidamente activos de procedencia ilícita, antes de que puedan ser vendidos para avanzar o recompensar conductas criminales.
En diciembre, las autoridades federales adquirieron un condominio en la playa de Texas valorado en US$640.000, cuyo presunto dueño era Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador del estado mexicano fronterizo de Tamaulipas y candidato presidencial en 2005. Los agentes sostienen que Yarrington aceptó sobornos de narcotraficantes mientras era gobernador.
Yarrington no ha sido acusado formalmente y su abogado, Joel Androphy, señaló que las imputaciones de soborno no tienen fundamento. El abogado también negó que el ex gobernador fuera propietario del condominio.
El año pasado, el gobierno federal también decomisó cientos de caballos cuarto de milla presuntamente comprados por miembros de los carteles del narcotráfico como parte de una operación de lavado de dinero, y más tarde fueron vendidos por casi US$9 millones.
Algunos abogados defensores se quejan que mexicanos adinerados que ganaron su dinero honradamente han terminado enredados de manera injusta en las redes del gobierno de EE.UU.
"Realizan confiscaciones con base en declaraciones juramentadas a medias", afirmó el abogado Rolando Ríos, de San Antonio, quien defiende un caso en el que el gobierno confiscó el año pasado más de US$4 millones en efectivo que un cliente mexicano, José Villarreal Saldívar, depositó en un banco en San Antonio. Para combatir mejor el lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha propuesto nuevas reglas que requerirían que los bancos de EE.UU. investiguen más a fondo los antecedentes de las empresas que abren cuentas bancarias para asegurarse de que no sean fachadas de organizaciones delictivas.
Pero buena parte de las acciones del gobierno giran en torno a activos específicos que las autoridades consideran fueron comprados con dinero del narcotráfico.
La casa de 370 metros cuadrados en San Antonio que fue subastada el mes pasado era de la esposa de Mauricio Sánchez Garza, un empresario mexicano que supuestamente ayudó a narcotraficantes a lavar fondos en EE.UU., según documentos judiciales.
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