En la construcción de la línea 12 del metro hay un lodazal de miles de millones de pesos y faltas de orden penal y administrativo que es necesario aclarar cuanto antes. Si es verdad el sobreprecio de casi cuatro mil millones de pesos en la construcción de la línea, estamos ante un “error de cálculo” mayúsculo que tiene repercusiones legales extremas.
Y si es verdad que el director del Proyecto Metro contrató a la empresa de la cual su hermano es Vicepresidente Ejecutivo, estamos ante la figura jurídica de tráfico de influencias.
Si no es verdad nada de lo anterior, ya es hora que las autoridades salientes del gobierno del Distrito federal den una explicación que deje a todos satisfecho e incluso se ofrezca una disculpa a los mencionados.
Pero no parece ser el caso. La única reacción del ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ha sido que se le está atacando porque está contra el Pacto por México.
No es ésa la explicación adecuada que se requiere en un asunto de tal seriedad.
Desde hace cuatro años la Auditoría Superior de la Federación detectó el posible “tráfico de influencias” y lo expuso de la siguiente manera:
“En la revisión de la documentación proporcionada se detectó que los apellidos del Director General del Proyecto Metro del Distrito Federal (Enrique Horcasitas Manjarrez) coinciden con uno de los directores generales de construcción de ICA, S.A. de C.V. (Luis Horcasitas Manjarrez), quien fue promovido a Vicepresidente Ejecutivo de la misma empresa”.
La pregunta que deben contestar las ex autoridades del DF es ésa: ¿son hermanos o no son hermanos?
Por supuesto que son hermanos. ¿Y por qué, entonces, si eso está prohibido por la Ley de Obras Públicas, la Ley Federal de Responsabilidades y el Código Penal, no corrigieron esa ilegalidad?
La ASF notificó esa irregularidad desde 2009, ¿por qué no se actuó ese año, en el año siguiente, ni en el subsiguiente y se dejó correr el tiempo?
También la ASF señaló que “se advierten modificaciones con ventaja para el consorcio, porque se incrementó el costo de estaciones y tramos de conducción que no se modificaron, que van del orden del dos por ciento al 169 por ciento de más, y se incrementaron los porcentajes de los anticipos del 20.9 al 37.4 por ciento en demérito de los intereses del GDF, además que dichas modificaciones alteran las condiciones establecidas en el contrato a precio alzado y tiempo determinado”.
Para ir al grano, la pregunta que deben responder es si hubo fraude o no hubo fraude en perjuicio de las finanzas del Distrito Federal.
Y claro, alguien les tiene que formular esa pregunta.
Fuente http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=165137
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