El reportaje del Post lo escribió Dana Priest, corresponsal de Seguridad Nacional, lo que debería de llamar adicionalmente la atención a México, para saber desde dónde están buscando que les presten atención. El diario refiere la reunión del equipo de transición, a 15 días de la toma de posesión en la Embajada de Estados Unidos, con Wayne y los representantes de las agencias de inteligencia, donde Osorio Chong dijo que el propósito del nuevo gobierno era reducir la violencia. “El gobierno de Estados Unidos no sabía qué significaba”, dijo el Post. “Algunos temían la reducción de los esfuerzos bilaterales y la disposición de cambiar la incansable campaña contra los cárteles por calles más calmadas”.
Es decir, un pacto de Peña Nieto con los cárteles de las drogas. Y los temores se han intensificado. Desde el inicio de Gobierno se suspendieron las operaciones contra los cárteles de las drogas. Se retiraron los puestos de control en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, y las instrucciones a los comandantes de policía y militares en el país fueron de no enfrentar a los narcotraficantes para evitar al máximo muertos en los cuerpos de seguridad. Se han dado casos, incluso, de responsables de unidades que al cruzarse con convoyes de sicarios los enfrentan y los detienen, y que son arrestados por incumplir las instrucciones.
En su reciente visita a Washington, Osorio Chong aseguró -de acuerdo con dos fuentes consultadas-, que la violencia había bajado a tales niveles que ya no era un tema en la prensa, pero le replicaron que creían que se debía a que el Gobierno de México estaba censurándola. Más grave aún, ante los ojos estadunidenses, fueron las definiciones de la nueva relación bilateral en temas de seguridad que planteó. Según el Post, Peña Nieto no se involucraría en la seguridad como lo hizo Felipe Calderón, ni trabajarían coordinadamente con las agencias de seguridad de ese país como en el sexenio pasado, o compartirían la información de inteligencia como lo habían venido haciendo.
Esto podría significar que será evacuado el personal estadunidense en los tres cuartos de guerra secretos en Acapulco, Juárez y Tijuana, que operan policías y militares de ambos países, así como los centros de inteligencia independientes -uno de ellos dentro del CISEN- de mando similar y los de inteligencia conjunta que maneja la CIA en la Ciudad de México y la DEA en Monterrey -descritos por el Post. El volumen de información confidencial que aporta el diario es acompañado con una insólita entrevista que les concedió Guillermo Valdés, el viejo amigo del ex presidente Calderón, que fue el primer director del CISEN, quien de manera abierta habló de esa cooperación secreta.
Tanta información entregada al Post no es algo que deba ser visto por el Gobierno mexicano con indiferencia y, aunque no quieran admitirlo aún, negligencia. El detallar todas las operaciones secretas es una presión pública para el Gobierno de Peña Nieto, que sí cambió el énfasis en la lucha criminal, mediante la cancelación de una estrategia de disuasión criminal. El resultado es lo que se ha visto en estos cuatro meses, donde no sólo están incendiadas las narcozonas, sino que la ausencia de controles del Estado hizo resurgir a los focos guerrilleros y que la desestabilización se encuentre avanzando en el sur del país. Ya no es un tema sólo de seguridad pública, sino de seguridad nacional, que deliberado o involuntario, se les juntó, los contaminó y a cuatro meses del nuevo gobierno, probó que el modelo no sirve.
Fuente: 24 horas mx
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