Hace 21 días, el 4 de abril, Martha Elba Garzón, procuradora del Estado de Guerrero, dijo esto en Atando Cabos, el programa de Denise Maerker en Radio Fórmula:
“El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, dio a conocer que todas las averiguaciones que se integraron ya se consignaron. Hay órdenes de aprehensión, que se van a ejecutar, hizo un llamado a los maestros, los exhortó a conservar un Estado de derecho, a no actuar de esa manera como lo están haciendo y a conservar la paz social. Pero de seguir los maestros en la situación que están vamos a tener que ejecutar las órdenes de aprehensión”. Tres semanas después Guerrero es un incendio sin control y de pronóstico reservado.
Los actos delictivos de la CETEG son inadmisibles, pero también lo es la autoridad de Guerrero, que ha equivocado el camino una y otra vez. En semana de pascua el gobierno de Ángel Aguirre intentó usar el viejo ardid de “si te portas demasiado mal te voy a tener que castigar”. Si ya de por sí es cuestionable el hecho de supeditar el ejercicio de la ley a la negociación, el peor escenario es ni siquiera ser exitoso en ello. ¿Y qué gran idea ha ofrecido el gobernador Aguirre para responder a los nuevos desmanes, los de este miércoles? Amenazó —es un decir— con emitir órdenes de aprehensión. ¿Son nuevas órdenes, o son las anteriores, o siquiera existen? No lo sabemos.
En su cuenta de Twitter, Aguirre Rivero publicó la tarde del 24 de abril que “ante los actos vandálicos sucedidos en Chilpancingo, solo la aplicación de la Ley”. Minutos después agregó en esa red social otro mensaje: “Se liberan órdenes de aprehensión vs quienes resulten responsables de actos fuera de la Ley, acontecidos en nuestra cd. capital Chilpancingo”. Y finalizó: “Se liberaron órdenes de aprehensión en vs de Minervino Morán y Gonzalo Juárez, autores intelectuales de los actos vandálicos acontecidos hoy”.
No debe haber impunidad en Guerrero contra los que delinquen, pero para comenzar a resolver el problema se requiere, en principio, de gente que mire la situación y la encuentre aberrante, no “normal”. Uno de los problemas con Aguirre Rivero es que pertenece a un viejo paradigma de hacer política surgido de la misma matriz que los líderes que pretende controlar. Y no hay a cuál irle.
Aguirre Rivero está rebasado por la situación, pero su desfase no es de esta semana, es de años. En términos prácticos toda su estrategia consiste en tratar de ganar tiempo para ver si un milagro —que podría llegar con un nuevo escándalo que haga pasar a su estado a segundo plano— abre el espacio para una solución de las suyas, de las únicas que sabe, una que es posible ubicar entre medio aplicar la ley y medio hacerse de la vista gorda. Presionará un poco, cederá otro tanto con la idea de que la olla de presión no estalle, pero el problema no desaparecerá incluso si baja de intensidad.
Ángel Aguirre teme que la sangre llegue al río, sabe que si hay un muerto más —los de Ayotzinapa de hace año y medio ya fueron demasiados— su caída será inevitable. El mandatario ya es uno más de los problemas del secretario de Gobernación. La forma de Aguirre de hacer política, con prebendas y uso discrecional de la ley, ya no es útil para un México que quiere avanzar. El problema no son sólo los de la CETEG.
salvador.camarena@razon.mx
Fuente: La Razón
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