Mucho se ha escrito sobre las coincidencias entre las recientes elecciones venezolanas y las mexicanas de 2006. Lo cierto, sin embargo, es que sus similitudes son dos: una votación cerrada y una impugnación de los resultados por el segundo lugar. Lo demás es diferente. Y “lo demás” son muchas cosas.
Empecemos por las condiciones de la competencia. En nuestro país las principales fuerzas políticas han realizado un esfuerzo nada deleznable por construir un piso de equidad para la contienda. Y para ello han tomado dos palancas muy importantes: el dinero y el acceso a los grandes medios de comunicación. Un generoso financiamiento público que se reparte con dos criterios combinados (30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento de manera proporcional a la votación obtenida en la última elección federal) edifica un primer piso de equidad en la disputa. Los partidos y sus candidatos cuentan con suficiente dinero para desplegar todas sus potencialidades a lo largo y ancho del país y para entrar en contacto con el masivo universo de votantes.
Si eso fuera poco, los partidos y sus candidatos tienen garantizado un acceso a la radio y a la televisión a través de los llamados tiempos oficiales (con los mismos criterios que el reparto del financiamiento) durante las campañas, y ni ellos (a partir de 2007) ni nadie más (desde 1993) puede comprar espacio en esos medios. En el 2006 los partidos contaban además con recursos enormes para adquirir tiempos en radio y televisión y así lo hicieron. (Cierto, en aquel año varias empresas y organizaciones privadas violaron la ley y compraron tiempos en los medios; lo que fue señalado por el Tribunal). También el IFE entregaba y entrega antes de iniciar la contienda unos lineamientos a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión donde solicita que la cobertura de las campañas sea equilibrada, profesional, objetiva, etcétera. Y el propio Instituto hace un monitoreo del comportamiento de los noticieros de radio y televisión a lo largo de las precampañas y las campañas. Ni los lineamientos ni el monitoreo tienen fuerza coactiva pero sirven para generar un cierto contexto de exigencia a los medios.
En Venezuela no hay nada de eso. El gobierno de Hugo Chávez canceló el financiamiento público a los partidos de tal suerte que los cuantiosos recursos que llegan a las campañas o bien son desviaciones de las dependencias del Estado o recursos privados. Al abolir el financiamiento público se generó automáticamente un terreno de juego desequilibrado. Si eso fuera poco, el comportamiento de los medios es absolutamente faccioso. Los candidatos tienen solamente 4 minutos al día para presentar sus propuestas al público, mientras el Presidente en turno puede decretar cadenas nacionales para él sin ningún límite. Los medios estatales actúan como si fueran gubernamentales, con una cobertura sesgada a favor de “su” candidato sin ningún rubor.
El proceso de la calificación presidencial en nuestro país es largo, tortuoso y ofrece una serie de garantías a los perdedores para interponer una batería de recursos ante un Tribunal especializado. Su duración: alrededor de dos meses. En Venezuela no hay nada parecido. Se votó el 14 de abril, al día siguiente se proclamó al vencedor y el 19 tomó posesión. Una calificación rápida e incontrovertible por la vía jurisdiccional. Las impugnaciones se presentan ante el Consejo Nacional Electoral como antes sucedía entre nosotros. Hasta 1986, en México, si un partido político no estaba de acuerdo con una resolución de la Comisión Federal Electoral podía impugnarla... ante la propia CFE.
Las diferencias también son oceánicas en el ambiente que rodea a los comicios y su secuela. El lenguaje del oficialismo venezolano es polarizante, no reconoce legitimidad a sus adversarios. Si no se encuentran alineados con él es porque expresan al antipueblo, a la reacción, al fascismo. Por ello pueden -según ellos- legítimamente impedir que se manifiesten, amenazar con destituir a un gobernador electo (Capriles) y callar a los diputados que no acepten el veredicto del CNE. Dígase lo que se diga, en materia de libertades y ejercicio de derechos son dos situaciones muy diferentes. El postelectoral mexicano de 2006 fue en extremo polarizado, tenso, difícil. Los ánimos estaban exaltados y las relaciones se volvieron tirantes, pero quienes se inconformaron con los resultados oficiales pudieron expresarse públicamente sin cortapisas y ejercer su derecho a la protesta y la manifestación pacíficas. Sus diputados y senadores consiguieron decir desde las tribunas del Congreso lo que quisieron, sin barrera alguna.
Sé que en materia electoral las comparaciones son difíciles, no solo odiosas, entre otras cosas porque las normas en ese terreno se parecen a los trajes a la medida, es decir, son fruto de experiencias singulares, intransferibles. Pero ya que las comparaciones se han multiplicado no creo que haga demasiado daño remarcar las diferencias.
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