sábado, 1 de junio de 2013

Alejandro Martí - ¿Se transforma el monstruo de la inseguridad?

Hace poco más de cinco meses Enrique Peña Nieto tomó las riendas del Gobierno Federal, en un contexto marcado por la violencia y la inseguridad. Desde su candidatura dio muestras de lo que sería su estrategia para resolver los problemas de inseguridad y frenar la preocupante escalada de violencia en diversas regiones del país.

Las primeras luces de esta nueva estrategia se dejaron ver en su plataforma electoral y en los acuerdos asumidos por el Gobierno Federal y las principales fuerzas políticas en el Pacto por México. Luego vino la promulgación de la Ley General de Víctimas; el lanzamiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; la iniciativa de reestructuración de la PGR, entre otras acciones ampliamente difundidas a la opinión pública.




En días recientes se publicó el Plan Nacional de Desarrollo, concebido como el documento que "traza los grandes objetivos de las políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medir los avances obtenidos" en cada uno de sus cinco ejes.

Pero no es necesario ser un experto en estrategias de comunicación para reconocer que la política de comunicación seguida por el nuevo gobierno se ha enfocado a cambiar el tono del discurso y reducir el perfil mediático de los temas de seguridad y justicia, dando prioridad al tratamiento de la agenda política y económica. Ante este contexto se pueden asumir varias posturas, yo mantendré la mía: apoyar a las autoridades en todas las acciones que deriven en construir un país más seguro y en paz, pero también insistiré en denunciar las acciones gubernamentales que obstaculicen lograr este fin.

A los ingredientes que generan un "coctel" de inseguridad y violencia ahora se deben sumar los grupos de autodefensa y las denominadas policías comunitarias. Ambos ponen en entredicho la eficiencia y la legitimidad del monopolio del Estado en el uso de la fuerza.

Las policías comunitarias tienen una raíz histórica fundada en los usos y costumbres, lo que hace difícil pensar que evolucionarán a otro tipo de organización armada; mientras que los grupos de autodefensa, aun cuando surgen como respuesta natural de la ciudadanía al control territorial que tiene el crimen organizado, sí tienen los ingredientes para convertirse en los brazos "sociales" de la delincuencia o en plataformas de reclutamiento de movimientos radicales o grupos guerrilleros.

¿Cómo distinguiremos los ciudadanos quiénes son los grupos de autodefensa de carácter auténtico o quiénes responden a intereses perversos? ¿Cómo interpretar la participación de maestros de la CNTE en el secuestro de los sobrinos de un empresario? ¿Cómo se puede respaldar a las autoridades que permiten la comercialización de productos y bienes sustraídos de manera ilegal por los maestros "disidentes" o por el crimen organizado? ¿Cómo justificar el "arraigo" aplicado por los grupos de autodefensa a personas de su comunidad por estar presuntamente vinculadas al narcotráfico?

Si no podemos dar respuesta a estas interrogantes aún tendremos que lidiar con el monstruo de la inseguridad por algún tiempo. Esto obligará a quienes estamos en la trinchera de la sociedad civil a redoblar esfuerzos y participar más activamente en la esfera pública, si tomamos en cuenta que, por una parte, en este momento los medios de comunicación tienen en su agenda otras prioridades temáticas y, por otro lado, en este proceso de transición gubernamental las autoridades no han podido sistematizar y difundir información confiable, objetiva y actualizada sobre índices delictivos e indicadores de seguridad.

Frente a ello, las autoridades deberían aprovechar la plataforma ciudadana construida en los últimos años para poder fortalecer y evaluar las políticas públicas en materia de seguridad y justicia. Confío en que el Gobierno Federal cumplirá su compromiso de difundir información confiable, transparente, periódica y oportuna para que las organizaciones sociales podamos evaluar y analizar con mayor objetividad el estado que guarda la seguridad en México.



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