domingo, 7 de julio de 2013

Raymundo Riva Palacio - La caída de una imagen pública


Sus viejos alumnos en la Facultad de Derecho de la UNAM recuerdan a Genaro Góngora Pimentel como uno de los grandes maestros en Derecho Mercantil, el afable profesor que solía desayunar en el Vips de la avenida Altavista, a escasos 15 minutos a pie de Ciudad Universitaria. Siempre sonriente y cálido, cambió ese refugio por el del Club de Banqueros, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando se integró a la Suprema Corte de Justicia, a donde le gustaba invitar a comer en un pequeño salón reservado, para charlar, intercambiar puntos de vista y tener largas y provocadoras sobremesas.




Góngora Pimentel, que tuvo una carrera prominente en el Poder Judicial después de dedicar 30 años a la vida magisterial y contribuir a la formación de decenas de abogados, vivió con su enorme prestigio tras su retiro a finales de 2009, reconocido públicamente por sus posiciones independientes y liberales en la Corte. Pero hace unas cuantas semanas, un tema de vida privada que se hizo público le destrozó la fama pública. Ana María Orozco, con quien tuvo dos hijos, lo acusó de influyentismo, meterla a la cárcel como represalia por pedir un aumento en la manutención de los menores, y de quitarle la Patria Potestad para darlos en adopción.


Quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia lo negó, pero su voz se apagó ante las emociones y las pasiones de un caso donde en el centro se encontraban los menores, enfermos de autismo. Góngora Pimentel fue sujeto a un linchamiento público ante lo persuasivo de la madre, que logró que la verdad pública se impusiera a la verdad jurídica, de acuerdo con abogados que estudiaron el expediente. El ex ministro, quien está delicado de salud, optó por enconcharse y absorber en la parte final de su vida, el desprestigio.


Figura polémica, buena parte de la carrera de Góngora Pimentel en el Poder Judicial estuvo caracterizada por fallos controvertidos. Desde sus primeros casos que trascendieron a la opinión pública, probó que no le importaba ir contra lo convencional y, en ocasiones, inclusive en desafío de la razón pública. Por ejemplo en los 90s, concedió el amparo a un caballo ganador de carreras a quien el Jockey Club, una asociación civil que regula las carreras de caballos, degradó por el hecho de haber nacido en Estados Unidos. Como juez de Distrito, falló a favor del caballo, cuyos dueños se habían inconformado porque la decisión del Jockey Club le impediría volver a correr en cualquier hipódromo mexicano, y evitaría que su descendencia fuera reconocida.


Tener una inclinación natural por las causas de los más desprotegidos fue una acompañante permanente en su vida pública. Un caso que ilustra fue en la Suprema Corte de Justicia, cuando votó para que investigaran la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas en junio de 1995. Lo que fue un revés en un principio, al tener en contra el voto de nueve de los 10 ministros restantes, se convirtió en éxito cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo le pidió a la Corte que sí investigara, y provocó la caída del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. Consistente con ese tipo de fallos, votó a favor de que las policías federal y del estado de México fueran encontradas violadoras de los derechos humanos de los comuneros de San Salvador Atenco, que en 2006 había sido reprimidos por las autoridades para terminar un conflicto que se inició por la oposición a que sobre sus tierras se construyera un nuevo aeropuerto en la ciudad de México. Durante esos años se convirtió en el ícono del liberalismo en una Corte inclinada hacia el conservadurismo. Por eso, votó a favor de la despenalización del aborto en 2008 y solicitó una disculpa por parte de las autoridades federales y de Sonora, por el incendio en la guardería ABC de Hermosillo que le costó la vida a 49 niños en 2009.


La carrera de Góngora Pimentel, nacido en Chihuahua pero formado profesionalmente en el Distrito Federal, pasó por todos los escalafones del Poder Judicial, desde secretario de plenos en la Corte de la que llegaría a ser presidente en 1999, a juez de Distrito, magistrado y ministro. Tras dejar la Corte fue candidato de la izquierda para el IFE, con la intención de que fuera electo presidente, pero lo vetaron los otros partidos, que no les gustaba su marcada inclinación por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien lo integró a su movimiento nacional Morena de manera orgánica. Pero nada había empañado la imagen de Góngora, hasta el conflicto con su ex pareja.


La relación con la señora Orozco comenzó en 2003 y tuvieron dos hijos. Al separarse, compró una casa para que la pusiera a nombre de los menores, lo cual incumplió la señora, quien la puso a su nombre. Esta acción constituyó el delito de fraude por el que tiempo después fue a la cárcel. La señora declaró que en realidad fue enviada a prisión porque exigió la pensión alimenticia. De acuerdo con los expertos, al proceder la pensión alimenticia se ordena automáticamente descontar el 35% de los ingresos de quien debe proporcionarla, quien normalmente realiza una apelación. El proceso, según la ley, establece la pensión debe incorporar todos los gastos de los menores, que deben ser presentados por escrito por la parte demandante.


En este caso, la señora Orozco, de acuerdo con el expediente, no pudo documentar más de 20 mil pesos, puesto que joyas y perfumes que incluyó para engrosar el monto, fueron desechados por la jueza, que dictaminó la pensión sobre los 20 mil pesos documentados. Góngora Pimentel pidió a la jueza que esa suma se modificara y se fijara en 50 mil pesos, que era lo que había venido aportando para los menores. La demanda de pensión corría por fuera de la ruta del delito que reclamó el ex ministro al haberse cambiado la propiedad de la casa que era para los niños. La jueza revisó el caso y en cinco días –uno menos del tiempo máximo que la ley le permite-, giró la orden de aprehensión.


Desde un punto de vista jurídico, el proceso le da la razón a Góngora. Qué matices o elementos adicionales pueden encontrarse encerrados en este caso, no se conocen. Pero para efectos de opinión pública, tampoco importan. La prominencia de Góngora abrió la puerta de los medios a la señora Orozco, que encontró en ellos la trinchera que no pudo conquistar en tribunales. El ex ministro habló lo mínimo necesario en su defensa. “Se tragó todo”, dijo un juez que conoce el caso. “Absolutamente todo”. ¿Cuál fue la razón de ello? Tampoco se sabe. Lo que se esperaría es que tras la irrupción de un asunto de vida privada a la esfera pública, los niños sean lo que prevalezcan, aunque la indignación dentro del Poder Judicial sea contra la señora Orozco por haber aprovechado la falta de información de los medios sobre las leyes, y en la opinión pública sea contra Góngora Pimentel, por dejarse pintar como un canalla que no tiene nada que ver como aquél afable maestro que en unos cuántos días vio cómo su prestigio jurídico quedó demolido en una controversia que nunca buscó.


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