Salvador García Soto - Michoacán el doble lenguaje.

Algo muy extraño está pasando en Michoacán. Detrás del fenómeno de los llamados “grupos de autodefensa”, que no son otra cosa que grupos paramilitares que controlan y gobiernan municipios y sus territorios por encima del Estado mexicano, hay un doble discurso del gobierno federal que, por un lado, en la retórica afirma que no permitirá el avance de esos grupos armados que actúan fuera de la legalidad, pero en los hechos ni el Ejército ni la Policía Federal detienen la toma de nuevos municipios, mientras que la PGR brinda protección al líder de las autodefensas, Juan Manuel Mireles.

Mientras estos grupos paramilitares controlan ya el gobierno y los territorios de 10 municipios de Michoacán y, según un informe de la CNDH tienen presencia y células activas en 44 municipios más –el 33% del total del territorio del estado–, en el gobierno federal no parece haber una posición clara sobre la legalidad o la ilegalidad de este fenómeno, pues mientras el presidente Enrique Peña Nieto habló el lunes de una “debilidad institucional” en el estado, por la ausencia de autoridades locales, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, el mismo día, pareció defender a esos grupos al asegurar que “no tienen vínculos con el narcotráfico”.



En medio de esa confusión en los más altos niveles de la administración federal, el gobierno estatal aparece completamente rebasado. E l gobernador Fausto Vallejo, sin hacer nada para contener el fenómeno que comenzó en sólo dos municipios el año pasado, Tomatlán y Buena Vista Tepalcatepec, culpa de la situación a su antecesor, el perredista Leonel Godoy, y al ex presidente Felipe Calderón.

Y entre la incapacidad y la omisión del gobierno federal y estatal, circulan toda clase de versiones y rumores sobre el verdadero origen de los paramilitares y autodefensas. Lo mismo se les relaciona con una estrategia del Cártel Nueva Generación de Jalisco para arrebatar territorios y municipios en poder del Cártel de Los Caballeros Templarios, que se les ubica como organizaciones de ciudadanos que ante el hartazgo de soportar amenazas, extorsiones y secuestros de ambos grupos del narcotráfico, decidieron armarse para expulsar primero a Los Templarios y después al Cártel Nueva Generación.

Pero junto con esas versiones, que no explican de dónde surge el sofisticado armamento, de uso exclusivo del Ejército y el entrenamiento militar que demuestran varios grupos de autodefensa, hay otras que preocupan por la gravedad de las afirmaciones. Una de ellas asegura que las autodefensas son en realidad grupos paramilitares promovidos y auspiciados desde el Gobierno Federal con la finalidad de arrebatar territorios bajo el control de los cárteles de la droga en Michoacán, tanto a los locales Templarios como a los externos de Nueva Generación. Eso explicaría, según se afirma en círculos políticos michoacanos, la nula actuación del Ejército y de la Policía Federal que, a pesar del llamado Operativo Michoacán, no han evitado que crezcan los municipios y territorios controlados por los paramilitares, que pasaron de dos municipios en abril de 2013 a 10 municipios en el arranque del 2014, en una estrategia atribuida al asesor colombiano del presidente Enrique Peña Nieto, el coronel Oscar Naranjo.

A esa versión, que no ha sido desmentida ni negada por el gobierno federal, se añade otra igual de preocupante: que detrás de los grupos de autodefensa están empresarios poderosos de Michoacán y Jalisco que han financiado el armamento y la capacitación de los paramilitares como una forma de acabar con el problema del narcotráfico y su violencia que ha afectado sus inversiones en el estado occidental. El mencionado líder Juan Manuel Mireles sería el contacto entre esos grupos de empresarios y las autodefensas y de eso, se afirma, tendría conocimiento el gobierno.

En cualquier caso la falta de claridad e información sobre lo que ocurre en Michoacán no hace sino agravar la percepción de un estado fuera de control y en el que se permite, a querer o no, el avance de una fuerza armada extralegal. A todas esas versiones abonar el hecho de que, ante el accidente del líder de las autodefensas, Juan Manuel Mireles, quien se estrelló en una avioneta el fin de semana y está hospitalizado en la Ciudad de México, lejos de iniciar una averiguación judicial en su contra -por el simple uso de armas exclusivas del Ejército sin contar otros presuntos delitos— la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad analizan brindarle “protección federal”.

La pregunta obligada es ¿entonces el gobierno de Peña Nieto reconoce como legales a los grupos paramilitares de autodefensa? De ser así en Michoacán y probablemente en otros estados de México como Guerrero veremos reeditarse la Colombia de los años 80 con sus grupos “Paramilitares de Autodefensa”.

Leído en: http://www.24-horas.mx/serpientes-michoacan-el-doble-lenguaje/