Salvador Jara asumió la gubernatura de Michoacán para terminar el mandatado que dejó inconcluso en Michoacán Fausto Vallejo, como resultado de un movimiento inteligente y fino en el ajedrez michoacano. No tuvo crítica alguna de nadie. El ex rector de la universidad nicolaita, con impecables credenciales académicas, fue seleccionado por el gobierno federal, que de la mano de su comisionado en el estado, Alfredo Castillo, encontraron al hombre perfecto, para gobernar poco más de un año.
Viejo amigo y compañero de luchas de Cuauhtémoc Cárdenas, la izquierda aplaudió su designación. Al no ser una propuesta del PRI, como se esperaba, el PAN en el Congreso local, aprobó su nombramiento. Las cartas fuertes de todos los partidos para ese puesto, no tuvieron que ser sacrificadas para un periodo corto que está, objetivamente hablando, en las manos de Castillo.
Alfredo Castillo, un hombre de todas las lealtades del presidente Enrique Peña Nieto con el apoyo pleno en Los Pinos, fue nombrado comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán a mediados de enero, mediante un mecanismo de imposición federal, sin cuidar ninguna de las formas –como se hizo en 1994 cuando el entonces presidente Carlos Salinas nombró a Manuel Camacho comisionado para la paz en Chiapas-, que de inmediato lo ubicó como un procónsul, al tener toda la autoridad y capacidad de administrar el gobierno sin haber sido electo para ello.
La forma como Castillo llegó a Michoacán provocó fuertes tensiones con Vallejo y su entonces secretario de gobierno, Jesús Reyna, al remplazarlos en la toma de decisión de todas las decisiones tácticas y estratégicas. Los despojó de su autoridad y relevó a todo el gabinete de seguridad que, de acuerdo con él, era la única manera de acabar con los criminales. No los sustituyó con michoacanos, sino que trasladó al equipo que lo ha seguido siempre y que trabajó en las áreas de administración y procuración de justicia desde que era subprocurador en el estado de México. Vallejo y Reyna tuvieron que asumir la humillación. En política, Castillo hablaba con los actores políticos, los agentes económicos, las organizaciones sociales y hasta criminales, incrustados en algunos de los grupos de autodefensas, como la única voz con capacidad para hacer cosas.
Pero su forma brusca, atrabancada incluso, causó problemas. Pero no había vuelta de retorno.
“Es muy impulsivo, pero es muy eficiente”, admitió uno de los más cercanos colaboradores del Presidente. “Pero es de casa y de todas las confianzas. Cuando fue nombrado en Michoacán, estábamos al borde de una guerra civil. No teníamos otra opción”. Costo y beneficio, la ecuación que utilizó la Presidencia para nombrar a un funcionario que había sido removido de la subprocuraduría general de la República por sus fuertes desavenencias con el procurador Jesús Murillo Karam, que llegaron al nivel en que no se hablaran y que no lo recibiera para acuerdos.
Al dejar la PGR y asumir la Procuraduría General del Consumidor, se convirtió en el alguacil de mano dura contra las empresas abusivas, golpeando a empresas de todo tamaño, que le provocaron dolores de cabeza al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que recibía las quejas de la intransigencia y dogmatismo de Castillo, pero que demostró que la mano dura era el mejor inhibidor para cuidar a los consumidores. Guajardo, de quien dependía como defensor de los consumidores, tenía que ir reparando los puentes que estallaba con los agentes económicos, pero no lo pudo frenar. Sus peticiones en Los Pinos que atemperaran su actitud, nunca fueron escuchadas.
Cuando Michoacán estuvo a punto de convertirse en un campo de batalla generalizado por la guerra entre Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y grupos de autodefensas que auténticamente optaron por las armas para defender a sus familias y patrimonio, Castillo fue la primera y única opción para el cargo. “Está loco”, dijo a manera de elogio otro asesor presidencial. “No le tiene miedo a nada”.
Cuestionado en el pasado por sus deficiencias como investigador, en cambio le reconocen altas dotes como líder de grupo. “Lo adoran sus colaboradores”, agregó el asesor. “Están dispuestos a todo por él”. Para sustituir sus deficiencias como policía e investigador, nombró a Carlos Castellanos y a José Martín Godoy –aunque Vallejo oficialmente fue quien los designó-, que lo habían acompañado por años, como secretario de Seguridad y procurador, respectivamente.
Castillo, con una enorme proclividad a las cámaras y los micrófonos, no dejaba de generar problemas políticos adicionales a los que debía, por definición, resolver, no sólo en Michoacán, donde tuvo muchos problemas de acceso al llegar como comisionado, sino en el federal. Uno de los golpes más severos que recibió fue cuando en una de las reuniones con los grupos de autodefensas, donde les anticipó de planes y conversó con todos, terminó en la prensa porque uno de sus interlocutores resultó tener expedientes judiciales por narcotráfico en la PGR y la Secretaría de la Defensa. Nadie dentro del gobierno federal le advirtió del perfil de algunos de sus interlocutores en las autodefensas, pero sí lo exhibieron ante la opinión pública.
El comisionado fue llamado a Los Pinos para que disminuyera su perfil público y su protagonismo. También tuvo que hablar con el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, para que arreglara sus problemas con los comandantes militares en Michoacán. Con el procurador Murillo Karam nunca lo sentaron para que resolvieran sus diferencias. De antemano se sabe que no hay posibilidades de acuerdo entre los dos. Cada vez que puede el procurador o sus colaboradores, lo exhiben. Pero para su fortuna, al tema de la seguridad en Michoacán le están dando la vuelta.
Castillo ha venido informando al Presidente que el aspecto de la seguridad en Michoacán está controlado y va avanzando, y que Los Caballeros Templarios están acotados y arrinconados. “La seguridad ya no es un problema”, citó un colaborador presidencial a Castillo. El problema era mantener la frágil estabilidad política. La salida de Vallejo del gobierno michoacano era visto, dentro del gobierno federal, una necesidad inmediata. Castillo informó a la Presidencia de los altos niveles de corrupción en los que se encontraba el entorno del gobernador, que hacían imposible que se mantuviera en el poder.
Su salida se precipitó, pero por la forma como se dio la sucesión, se puede argumentar que Castillo tenía previstos los escenarios del relevo. Si la seguridad no era ya el problema y lo que se requería era una carta aceptable y reconocida por todas para mantener a flote el barco político michoacano, hasta las próximas elecciones, un interlocutor aceptable y reconocido por todos era la solución. Ese diagnóstico es el que llevó al gobierno federal a proponer a Jara como relevo de Vallejo. Será gobernador, legalmente ungido por el Congreso, como lo fue también Vallejo, electo por los michoacanos, pero tampoco tendrá el poder. Este se mantiene desde enero, en las manos de Castillo, como se ha demostrado hasta este momento.
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