En el afán de boicotear la consulta popular en torno a la reforma en materia de energía que impulsan, por separado, el lopezobradorismo y el perredismo, Camacho y Madero se han sacado de la manga dos preguntas -una obvia y otra absurda- que, en vez de suponer una consulta, constituyen una burla a la ciudadanía.
No de otro modo se explica que, de súbito, César Camacho quiera consultar una obviedad y Gustavo Madero una ocurrencia. A ambos les importa un comino la opinión ciudadana, les interesa defender el acuerdo cupular frente a la consulta popular.
En cierto modo, la consulta popular es el antídoto del acuerdo cupular y, a como dé lugar, Camacho y Madero quieren anular su eventual efecto: la participación de la ciudadanía en los asuntos y las decisiones nacionales. Quieren reivindicar la política como patrimonio de una élite y reducir la condición ciudadana a la de electores.
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Desde hace meses, el lopezobradorismo -a través de Morena, ya con registro como partido- y el perredismo expresaron la intención de canalizar su rechazo a la apertura del sector de la energía al capital privado a través de la puesta en práctica de la consulta popular, recién instituida en la Constitución y reglamentada en la Ley Federal correspondiente.
Sin embargo, la posibilidad de confrontar el acuerdo cupular del gobierno y las dirigencias panista y priista sobre ese particular con el parecer popular inquieta a esa tríada. Es comprensible: la consulta puede generar dudas e incertidumbre en los posibles inversores o, en el remoto caso, echar abajo la joya de las reformas emprendidas.
De acuerdo o no con el empleo del nuevo recurso por parte de la izquierda, habría que saludar la idea de mantener la inconformidad en el carril de la participación institucional en vez de alentar la radicalización de la postura y adoptar las acciones directas que, a la postre, igual pueden afectar la viabilidad de la reforma y polarizar la atmósfera. Mejor para la democracia -incluso para el gobierno- el empleo del nuevo recurso.
Por eso, boicotear el uso de ese instrumento, aún sin estrenar, con una pregunta tan obvia como la anunciada por César Camacho o con una pregunta tan absurda como la de Gustavo Madero es un error. No habla de audacia, sino de desesperación; no habla de operación, sino de un ardid político que agravia no a la izquierda, sino a la ciudadanía.
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Si la ocurrencia es de César Camacho, ¿por qué calificarla tan duro?
La idea de someter a consulta popular la eliminación de 100 de los 200 diputados plurinominales y de 32 senadores plurinominales es un contrasentido. Lo es porque un reclamo no se consulta, se atiende: ahí está, como evidencia del reclamo, la campaña que con ese propósito emprendió el conductor Pedro Ferriz y que respaldaron millones de ciudadanos. Lo es porque esa medida fue promesa de campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto, y las promesas se cumplen, no se someten a consulta; justificar la promesa en el ejercicio consultivo supone que el mandatario no pensó lo que decía. Lo es porque el anterior gobierno pretendió efectuar la reducción, y entre quienes la resistieron estuvo el partido tricolor. Lo es porque claramente la ley prohíbe someter a consulta la materia electoral. ¿A cuento de qué, el dirigente del priismo impulsa su consulta?
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¿Por qué calificar tan duro la ocurrencia de Gustavo Madero de pretender consultar si se está o no de acuerdo con un nuevo salario mínimo que cubra las necesidades de una familia?
Someter a consulta esa idea contradice la postura del panismo en la materia. Hacer suya una iniciativa del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y de su colaborador Salomón Chertorivski no habla del arte de arrebatar banderas a la competencia o de un súbito corrimiento a la izquierda del panismo, sino de una absoluta falta de propuestas y del apuro de apagar, no importa con qué chisguete, los escándalos de corrupción que afectan a la dirigencia de Madero y vuelven a debilitar su liderazgo.
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Concretar la posibilidad de someter a consulta popular asuntos de trascendencia nacional -como lo es la reforma en materia de energía, recién promulgada-, y favorecer la participación y la decisión ciudadana en ellos, exige a la misma ciudadanía, en este caso por la vía del lopezobradorismo y el perredismo, satisfacer enormes requisitos. Es una labor política titánica.
En cada uno de los pasos a dar, cabe la posibilidad de que se caiga la consulta popular: en juntar las firmas -más de un millón 600 mil-, en cotejarlas, en obtener la declaración de validez constitucional de la pregunta. Sin embargo, aun en su eventual fracaso, reivindica el derecho ciudadano de participar en la democracia que, por más que se insista, no se reduce al ejercicio electoral. Incluso, si el gobierno quiere legitimar y asegurar la reforma en materia de energía, debería, desde su perspectiva, competir por obtener la respuesta ciudadana afín a su interés, en vez de boicotearla bajo el disfraz de aprovechar la ocasión para formular otras preguntas.
Si el gobierno junto con su partido y el panismo asestaron una derrota legislativa a la izquierda, ahora deberían buscar derrotarla en el terreno político, no frustrar un ejercicio que lastimará no a aquella, sino a la ciudadanía.
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Hacer escarnio de un esfuerzo por mantener la disidencia y la oposición en los canales civilizados, legales e institucionales de participación y negar a la ciudadanía el derecho de intervenir y decidir en los asuntos de trascendencia nacional debilita la apertura del sector de la energía al capital privado y a la democracia. Tal despropósito profundiza la crisis de representatividad, repone la incertidumbre y aviva la rabia, por lo demás no es lo mismo realizar una consulta popular que hacer populismo con una consulta.
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Leído en http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/columnas/2014/08/23/rene_delgado_10890_1009.HTML
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