MÉXICO, D.F. (apro).- El secuestro y asesinato del diputado federal del PRI, Gabriel Gómez Michel, no es un asunto del PRI ni del poder legislativo, es un tema del país entero, pues con ello se evidenció la vulnerabilidad del Estado mexicano.
Pueden correr páginas y páginas generando hipótesis sobre los motivos de su cruel muerte y la de su chofer y amigo, pero hay un punto que salta a la vista y no se necesita tener mucha imaginación: se dañó a una de las arterias de la República, del Estado.
No sólo fue la saña de quemarlos vivos, privarlos de su libertad a plena luz del día, ante cámaras de vigilancia y en un terreno donde bulle la presencia del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue un acto no negociable: secuestrarlos y en unas cuantas horas matarlos.
Fue dar una prueba de hasta dónde puede maniobrar el crimen organizado sin que el gobierno haga nada. Fue dar una muestra de la complicidad de autoridades que dejaron pasar por lo menos 20 minutos vitales luego de la privación de la libertad del diputado y su acompañante.
La impunidad, la complicidad, lo podrido del sistema político, la filtración del crimen organizado hasta las venas del Estado, es lo que revela este trágico hecho.
Si Michoacán no ha hecho reaccionar a las autoridades como uno espera, con eficacia y pulcritud, con detenciones de quienes comenten crímenes y sin veleidades, donde un día se manda a un “virrey” a poner orden, otro se abre la puerta a las autodefensas y al siguiente se les fustiga y apresa por encarar la verdad, como el caso del doctor José Manuel Mireles, detenido por defender su tierra, su gente y no alinearse a los cantos del “virrey” Alfredo Castillo.
Pero si Michoacán es un caso tan evidente en donde el crimen organizado dispone de la vida y propiedades de toda una región, cómo no esperar casos como el de Gómez Michel, en donde se dio una clara y efectiva muestra de que quien tiene el poder no es el gobierno ni la ciudadanía, sino un grupo criminal.
El investigador Edgardo Buscaglia ha dicho que el crimen organizado está en todo, controla todo, elecciones, candidatos, presupuestos, gobiernos, y hoy los hechos le están dando la razón.
De los poderes locales se ha dicho que en ellos ya participa el crimen, que si antes el jefe de plaza decidía quién ocuparía la dirección de Seguridad Pública de un municipio, ahora se tiene la certeza de que ha puesto o corrompido incluso a gobernadores.
Y de uno de los poderes más altos, del Congreso de la Unión, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que han logrado llegar personajes vinculados con el crimen organizado, ya fuera por terceras personas, por familiares pertenecientes a cárteles de la droga o porque a los propios legisladores en algún momento se les mencionó en una averiguación previa.
La realidad es que no hay control sobre quién llega a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, y menos aún si en el camino de su legislatura son presionados por el crimen organizado, si son amenazados o cooptados, lo que podría no resultar difícil si la corrupción en muchos casos corre por sus venas.
Los controles se empezaron a relajar en el municipio más alejado y menos conocido del país, pero hoy esta ausencia de control ha hecho llegar al crimen organizado hasta el nivel de los legisladores federales, hasta matarlos sin que nadie los persiga, sin que nadie se los impida, como es el caso de Gómez Michel.
La fragilidad evidenciada del Poder Legislativo ya no debe ser una alerta para el Estado, es una realidad que debe atacar de raíz. Es su obligación. Sólo cuando el crimen organizado llega hasta quienes lo permitieron, el poder último, es cuando se reacciona.
Quizá para México sea demasiado tarde, pues las autoridades parecen estar más preocupadas por someter a los legisladores para que legitimen sus decisiones de mutilar una y otra vez la Constitución, que lejos están de pensar lo que ellos mismos han provocado: la muerte lenta, sangrante de la República vía el alto poder.
Si el lugar de origen de Gómez Michel era el predilecto de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el líder del CJNG, si Jalisco es plaza de este cártel y tiene cercanía con Michoacán, Zacatecas, Colima, Guerrero y el Estado de México, donde la lucha por las plazas con La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios es pan de todos los días, ése no es el punto.
El tema es que todas esas entidades y sus representantes federales ya acortaron el camino que los separaba de la amenaza y la imposición del crimen organizado. Ahora son los cárteles los que dominan la vida, percepción y emociones de muchos legisladores. La psicosis está creada.
Los intocables y soberbios del otro poder, el Ejecutivo federal, reaccionarán quizá cuando a ellos les toque.
Por las mentes de muchos diputados pasará la idea de si la muerte fue por aprobar una ley que va en contra de la población, si fue por tener vínculos con el crimen organizado, si fue por la inseguridad que ellos no han contribuido a detener, si fue por su indolencia al olvidar para qué fueron electos, si fue porque no se quiso atender una demanda del crimen organizado…
Pueden pensar lo que deseen, de cualquier forma, todo los llevará irremediablemente al miedo con el que transitarán aun después de abandonar el cargo en la actual Legislatura federal, del poder que ya fue vulnerado.
Así como hoy se sienten, desde hace más de una década lo padece la ciudadanía en muchas regiones del país, donde llega un comando, los levanta, los mata y nadie atiende a las víctimas, a sus deudos.
La muerte de Gómez Michel es sólo una muestra de lo que se vive en el rincón más apartado del país, sólo que hoy, llegó hasta uno de los poderes más altos del país, a una de los tres pies sobre los que descansa la República.
Comentarios: @jesusaproceso y mjcervantes@proceso.com.mx
Leído en http://www.proceso.com.mx/?p=383169
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.