El hombre que durante décadas, primero en el PRI y desde 2010 en el PRD, movió los hilos de las trama en el estado más violento y pobre del país, el camaleón que tocó todas las teclas del poder de uno de los mayores nidos de corrupción mexicanos, ha presentado su renuncia esta tarde tras una chirriante resistencia de cuatro semanas durante las que, desde dentro y fuera de su partido, no hubo apenas voz que no reclamase su caída inmediata.
"En este escenario de tragedia me niego a que el debate se centre en si el gobernador debe permanecer o no; la prioridad debe ser continuar con la búsqueda de los jóvenes y garantizar que los responsables de estas violaciones a los derechos humanos sean castigados. Para favorecer un clima que ponga la atención en solucionar esta prioridad, he decidido solicitar licencia al honorable Congreso del Estado de Guerrero, que decidirá quién debe encabezar este esfuerzo en los próximos meses", ha dicho Aguirre, de 58 años.
Aguirre ha presentado su renuncia después de que se lo pidiese la dirección nacional de su partido, el izquierdista PRD, según ha explicado el presidente del partido, Carlos Navarrete, en una rueda de prensa a continuación de la de Aguirre. "El PRD está a favor de una investigación que dé un resultado rápido y vamos a contribuir a que el gobierno del Estado de Guerrero contribuya a ello", ha dicho Navarrete, que ha calificado el 'caso Iguala' de "tragedia que ha conmocionado a México y al mundo".
El percutor de su dimisión ha sido la matanza, secuestro y desaparición de los normalistas en Iguala a manos del narco y la Policía Municipal. Padres y compañeros de las víctimas le han señalado como principal responsable político. Durante su mandato, el estado se ha precipitado por un sumidero de violencia. El narcotráfico, en la forma de cuatro sanguinarios y enloquecidos carteles, se ha adueñado del territorio imponiendo su ley hasta extremos bárbaros, como ha demostrado el caso de los estudiantes.
Esta cohabitación política con el demonio del narco, ante la que durante años hicieron caso omiso las autoridades federales, se ha vuelto a la postre tóxica para Aguirre. Incapaz de resolver con sus propios medios el enigma del paradero de los desaparecidos, lastrado por un historial de sospechas y pisando las ascuas de una incipiente revuelta en su estado, el gobernador ha tenido que tirar la toalla.
Su marcha le da un respiro al presidente, Enrique Peña Nieto. En apenas una semana, el mandatario ha logrado dos avances significativos. Detener al líder de Guerreros Unidos, el cartel más fuerte del estado sureño y cuyos sicarios participaron en la matanza y secuestro de normalistas. Y ahora, derribar a una figura cuya mera permanencia en el poder soliviantaba a las víctimas y mostraba la debilidad institucional en la que vive Guerrero, un territorio donde cada semana, para espanto general, se hallan nuevas fosas repletas de cadáveres sin identificar.
Con estos dos ases en la mano, Peña Nieto despeja mínimamente el escenario político, pero no frena de ningún modo la cuenta atrás abierta por la desaparición de los jóvenes estudiantes. Los agentes federales, encabezados por el investigador número uno de México, Tomás Zerón, el hombre que capturó al Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del planeta, están moviendo cielo y tierra para dar con el paradero de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Pero cada día que pasa sin resultados, la desconfianza aumenta.
Este escepticismo se ancla en capítulos tan chuscos como la fuga del alcalde de Iguala, su esposa y su jefe de policía, tres de los principales implicados en los terribles hechos. Su huida, escenificada con pasmosa tranquilidad, dejó primero en ridículo al dimitido gobernador de Guerrero, pero con el trascurso de los días y cuando el caso fue tomado directamente por el poder central, ha empañado al propio Ejecutivo. Su captura se ha vuelto una prioridad nacional. Pero mientras llega, la escapada de los tres sospechosos sirve de combustible a los normalistas para sus movilizaciones, cada vez más intensas, contra las autoridades estatales y federales. En este contexto, la caída de Aguirre puede actuar como un bálsamo momentáneo, pero la asignatura pendiente sigue siendo el hallazgo de los estudiantes, un capítulo para el que sus compañeros, apoyados por una constelación de grupos radicales, ya han dejado sentado que sólo admiten un desenlace: que los devuelvan con vida. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es su lema. En el caso de que esto no ocurra, las consecuencias son imprevisibles.
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/24/actualidad/1414104644_009986.HTML
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