"Nunca les levantes la mano a tus hijos, porque eso te deja el estómago desprotegido".
Robert Orben
¿Ha visto usted las grabaciones o las fotografías de la marcha de los normalistas de Ayotzinapa o de los estudiantes del Politécnico? Son importantes porque nos permiten tener una idea de la dimensión del contingente y hacen posible entender el ánimo de los participantes.
Esto busca cuando menos una buena cobertura periodística.
Pero esas imágenes bien podrían ser las últimas que se permitan a los medios de nuestro país. Si se mantiene como está una iniciativa preferente promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, pronto será un crimen dar cobertura periodística a marchas o a otros muchos sucesos en que participen jóvenes.
Los mayores abusos de los políticos se justifican siempre con las mejores excusas. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dice proteger a los menores, pero lo único que logra es criminalizar el trabajo informativo.
La iniciativa, ya aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, prohíbe las entrevistas a menores si no son aprobadas por escrito o por algún otro medio por el padre o tutor. Preguntar a un manifestante por qué protesta sería una violación de la ley.
Aunque sean aprobadas por el padre o tutor, las entrevistas serán un delito si muestran "actitudes" o incluyen "comentarios" que afecten "el desarrollo integral" de los menores. Con un concepto tan vago cualquier comentario crítico convertirá al periodista en criminal.
La legislación castigará la difusión de imágenes de menores -aunque se modifiquen, difuminen o no especifiquen identidades- en una variedad de situaciones tan amplia que simplemente se está prohibiendo difundir imágenes de cualquier menor.
Prohibirá la difusión de datos del menor o la expresión de juicios de valor en su contra. Sancionará, de hecho, la difusión de información de menores sometidos a un proceso legal.
En la duda de si una persona es adolescente (menor a 18 años) o niño (menor a 12 años), la ley supondrá que lo es. Si un camarógrafo capta a un joven cometiendo un delito o un reportero divulga información que permita identificarlo, los criminales serán los periodistas, ya que la ley le ordena al juez suponer que el joven es menor.
¿Se imagina usted las dificultades para grabar o fotografiar a un enmascarado de 17 o 18 años que esté rompiendo el escaparate de una tienda, arrojando un coctel Molotov a la policía o disparando en contra de una persona? ¿Dónde encontrarán el camarógrafo o el reportero al padre o tutor que firme un documento y permita la difusión de las imágenes?
Las nuevas reglas habrían convertido en criminales a los reporteros que cubrieron la nota del Niño Sicario, Édgar Jiménez Lugo, El Ponchis, de Morelos, quien según sus declaraciones mató a cuatro personas y según testigos a muchos más.
Yo sería un criminal por publicar en esta columna el nombre y apodo del menor. Las entrevistas en que El Ponchis reconoció haber degollado a cuatro personas estarían también fuera de la ley.
Como es costumbre en nuestro país, la ley criminaliza a los medios pero deja sin responsabilidad a los criminales. Es una legislación hecha para que los grupos criminales sigan utilizando a los menores para los trabajos más sucios.
Los senadores eliminaron el castigo corporal a los periodistas que cumplan con su trabajo de informar, pero mantuvieron multas de hasta 2 millones de pesos y de 471 mil pesos adicionales por cada día que se difunda o se encuentre disponible en medios electrónicos la información (datos, imágenes, audios, noticias o historias).
Nunca habíamos tenido leyes que castigaran la información verídica de hechos de interés para la sociedad. Con la excusa de que quiere defender a los menores, el gobierno ha decidido criminalizar el periodismo.
Pliego petitorio
De nada sirvió que el gobierno federal aceptara todos los puntos del pliego petitorio de paristas del Politécnico. Hoy los activistas entregarán un nuevo pliego en el que le dicen al gobierno cómo debe redactar su aceptación.
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