El Sebín, la policía política venezolana, se lo notificó en una citación que consignó este miércoles en la tarde en su domicilio. Con la novedad reapareció entre su equipo el temor de que ella corra la misma suerte del exalcalde del municipio Chacao Leopoldo López, preso desde hace nueve meses por liderar una protesta que culminó con destrozos y dos fallecidos en el centro de Caracas. “Yo estoy consciente de ello”, dijo Machado en una breve conversación telefónica con este diario. “Pero me voy a presentar el próximo miércoles 3 de diciembre ante la fiscal. Esto es una cosa burda”.
La exparlamentaria ya había comparecido como testigo en esa misma causa a principios de junio y le habían prohibido la salida del país como primera medida. Entonces declaró que la habían interrogado durante ocho horas y nunca le preguntaron sobre el contenido de los correos electrónicos. “Esa es la única prueba contundente que ellos han esgrimido en todos estos meses, pero ya la empresa Google demostró que esos escritos eran forjados”, recuerda ahora, poco antes de empezar una asamblea vecinal en la que promocionará la actividad que por estos días ocupa toda su atención: la organización de un congreso nacional de ciudadanos no identificados con los partidos políticos tradicionales en la ciudad de Barquisimeto, al occidente de Venezuela.
El Gobierno asegura que Machado habría utilizado su cuenta de Google entre marzo y mayo pasado, justo durante el apogeo de las protestas antichavistas, para criticar la falta de solidaridad de la oposición venezolana contraria a la idea de tomar la calle para cesar a Maduro de inmediato, y dar a entender que cuenta con apoyo de Washington para ese propósito. En su defensa ella aseguró que había dejado de usarla en 2013 cuando se publicaron fotos de su vida privada en las redes sociales.
Varios de los destinatarios de esas supuestas comunicaciones tienen una orden de aprehensión por ese caso: el exparlamentario y asesor de Machado Gustavo Tarre Briceño y los excandidatos presidenciales Diego Arria y Henrique Salas Romer. Otros imputados son el abogado Pedro Mario Burelli y los activistas anticastristas Ricardo Koesling y Robert Alonso.
A Machado le llama la atención que esta citación llegue justo el día cuando demandó la elección de ciudadanos independientes en el proceso que seleccionará a los cuatro nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. “Este es un régimen que castiga, arremeta y acosa de forma permanente. A mí no me venden pasajes en las líneas aéreas del Estado para visitar las regiones de Venezuela, la policía política me corta la luz en mis actos públicos, me censuran en todos los medios. El Gobierno quiere que claudiquemos, pero están equivocados”.
La fiscal 20 con competencia nacional Katherine Harrington es la encargada de llevar adelante la investigación del supuesto magnicidio. Justo en su edición de este miércoles el diario venezolano El Nacional publicaba una denuncia del diputado Walter Márquez, quien acusaba a Harrington de ser el mascarón de proa de lo que llamó “la represión y el terrorismo judicial para criminalizar a la disidencia”.
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/27/actualidad/1417059511_013027.html
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