El examen que más nervioso pone al curtido jefe no tiene que ver con la carrera que estudia desde hace tres años. Le quitan el sueño las pruebas que el Gobierno instauró en 2008 para depurar las más de 2.000 unidades de policía que se distribuyen por el país y por las que han pasado desde entonces casi 400.000 agentes.
Los exámenes deben repetirse cada dos años. “Es un hostigamiento que dura 48 horas”, cree Ramírez. En 2015 el jefe policiaco volverá a enfrentarse a las pruebas que van desde un test psicológico y uno antidopaje a una visita sorpresa de funcionarios del Gobierno a casa para hablar con los vecinos, tomar fotografías y hurgar en cajones y armarios para ver si el estilo de vida de un policía de Caborca corresponde a los 7.700 pesos al mes que gana de promedio (560 dólares). Pero lo peor, dice, es el detector de mentiras: “imagina estar seis horas en un pequeño cuarto con sensores en todo el cuerpo mientras te presionan para que digas que tienes nexos con el narcotráfico”.
“A mí me preguntaron si había agarrado dinero”, recuerda. El policía dudó unos segundos entre decir la verdad o inventar lo que los funcionarios deseaban escuchar. Eligió lo primero. “Les dije que sí. No creo que haya un policía en México que no haya agarrado dinero”, admite Ramírez, “no hay un policía perfecto”.
La matanza de Iguala — los agentes entregaron a los sicarios de Guerreros Unidos a los 43 estudiantes— ha vuelto a poner el foco en la policía, una de las instituciones más desacreditadas de México. Durante décadas ha vivido con bajos salarios, sin seguros de vida y con escasa preparación. La guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón en 2007 les dejó como víctimas colaterales. Centenares de corporaciones fueron absorbidas por los carteles, que tenían mejor armamento y mayor poder económico. “Estaban en desventaja. Se sentían vulnerables y cedían a las presiones por corrupción o por temor”, dice Eduardo Munro, secretario de Seguridad de Sonora.
En 2008 comenzó la depuración, un proceso que terminó el pasado 30 de octubre. Desde entonces, todos aquellos elementos que suspendieron los exámenes deben ser dados de baja. En Sonora, las pruebas truncaron la carrera de 2.395 policías de los 5.584 que hay en ese estado fronterizo del tamaño de Uruguay, y que ha sido durante años una ruta para el tráfico de drogas hacia Los Ángeles y Las Vegas.
En Caborca se encuentra la finca de Rafael Caro Quintero, uno de los decanos del narcotráfico en México, detenido en 1985 y liberado en agosto de 2013 por un error en el juicio. La zona del Río Altar, compuesta por Caborca y otros municipios, ha sido una de las más violentas en los últimos años. Era común ver desfilar camionetas con hombres armados por las brechas de terracería de la región. Los criminales tuvieron “injerencia en los asuntos económicos de la zona y en la ciudadanía”, explica Munro.
La depuración ha dejado la zona prácticamente sin presencia policial. “Quedaron 60 policías. Tengo 100 que están fuera. Los exámenes te desbaratan cualquier corporación”, dice Francisco Jiménez, el presidente municipal de Caborca. Cuatro pequeñas localidades vecinas se quedaron sin un solo agente. Altar, un pueblo con un pasado violento, quedó con cinco. La zona vive una severa depresión económica tras la disminución de la migración a EE UU, por lo que se teme un aumento en los asaltos, robos de coches y comercios.
Tanta gente ha reprobado los exámenes que los municipios no tienen dinero para indemnizar a los policías que han de dar de baja. “Nadie está preparado para la catástrofe financiera que esto ha provocado”, asegura Jiménez, que se ha visto obligado a conseguir seis millones de pesos (438.000 dólares) que no tiene. “Vamos a tener que meternos a demandas laborales y sacarlas poco a poco”, dice.
La policía municipal tampoco ha conseguido regenerarse. Los aspirantes difícilmente pasan las pruebas. En Caborca, hubo 40 solicitudes. Solo tres aprobaron. “El modelo es perfectible. Algo falta en el proceso del examen. ¿Por qué suspenden tanto? O son muy rigurosos o no se está aplicando bien”, reflexiona Jiménez.
México aspira a ser un país más seguro con menos policías y con sus corporaciones municipales orilladas a la extinción.
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/26/actualidad/1416956937_669934.html
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