La propuesta presidencial para signar un nuevo Pacto contra la
violencia —uno más para sumar a la larga lista de “pactos”, “acuerdos” y
otros instrumentos demagógicos— no encontró respuesta muy entusiasta en
la sociedad mexicana. Salvo algunos partidos políticos que se dijeron
dispuestos, no hubo en otros sectores sociales, especialmente en los que
están movilizados e indignados por la desaparición de 43 normalistas de
Ayotzinapa, señales de viabilidad y sentido en las actuales condiciones,
al planteamiento del presidente Enrique Peña Nieto.
Casi podría decirse que el escepticismo fue la mayor respuesta al
mensaje presidencial con el que pretende hacer frente a la mayor crisis
política y social que ha enfrentado su gobierno. Y es que hablar de
“pacto” en estos momentos, cuando cunde la irritación y la indignación
social por la desaparición de los normalistas y por la podredumbre
política asomada en Guerrero y otras partes del país, no fue el consejo
más atinado de los asesores presidenciales.
La palabra “pacto” en México remite casi en automático a acuerdos
cupulares en los que la sociedad —esa que se moviliza en las calles o en
distintos ámbitos reclamando justicia— casi nunca es tomada en cuenta y,
cuando lo hacen, es a través de “representantes”, también cupulares, de
sectores que acaban alineados a políticas y decisiones del gobierno y
abandonan los reclamos de la sociedad que decían representar.
Ejemplos y motivos para dudar de los “pactos” sobran. Desde el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento Económico impuesto en 1988 por Miguel de la
Madrid a los sectores productivos y económicos, y continuado por Carlos
Salinas de Gortari, que controló la inflación pero a costa de sacrificar
salarios e ingresos de la mayoría trabajadora, hasta el Acuerdo Político
Nacional de Ernesto Zedillo en 1995, que quedó en una Reforma Política
trunca; o más recientemente Fox y sus dos “pactos”: el Acuerdo Político
para el Desarrollo Nacional, suscrito por gobierno y partidos en 2001,
cuya agenda nunca se cumplió, y luego el Pacto de Chapultepec, impulsado
por el empresario Carlos Slim y que en 2005 prometía “Unidad, Estado de
Derecho, Inversión y Desarrollo”, que nunca llegaron.
Pero el antecedente más directo de lo que hoy se propone, y el que más
desconfianza provoca, es el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la
Justicia y la Legalidad suscrito el 21 de agosto de 2008 con bombo y
platillo en Palacio Nacional. Los tres poderes del Estado, 31
gobernadores y el jefe del DF, representantes de la sociedad civil y
hasta de medios de comunicación firmaron y atestiguaron rimbombantes
discursos para “profesionalizar las policías”, “combatir el secuestro y
la extorsión”, “eliminar la corrupción” y “desterrar la violencia”. ¿Se
resolvió alguno de esos problemas hoy presentes en Ayotzinapa y en buena
parte del país?
Para abonar a la incredulidad, el “pacto” que plantea Peña Nieto sería
el segundo al que apuesta en lo que va de su mandato. El primero, tan
celebrado y aplaudido Pacto por México, permitió sí reformas
trascendentales y acuerdos políticos que modificaron la Constitución en
temas como el energético, electoral, reforma fiscal y
telecomunicaciones. El problema es que, aunque en el discurso varias de
esas reformas beneficiarán a los mexicanos, en los hechos no llegan aún
los beneficios tangibles, la situación económica no mejora y la reforma
fiscal ha dañado a las empresas y al consumo.
A eso hay que agregar los costos nocivos del Pacto por México. Por
privilegiar los acuerdos se dejaron correr problemas, corruptelas y
situaciones de ilegalidad para no afectar a los aliados políticos de la
presidencia. Cómo entender si no que el procurador Jesús Murillo Karam
no investigó al alcalde de Iguala cuando desde 2013 hubo denuncias
públicas y privadas que lo vinculaban con la delincuencia e incluso a
asesinatos. ¿No fue por el voto de diputados y senadores leales a Los
Chuchos que no se actuó ni en Iguala ni en Guerrero antes de la tragedia
que hoy tiene en vilo al gobierno y al país?
Por eso cuesta creer en otro “pacto”. Podrán firmarlo, publicitarlo,
ensalzarlo en discursos, pero mientras no se vea una acción decidida del
gobierno federal para ir en contra de la corrupción, la complicidad y la
protección política al narcotráfico y a la delincuencia en Guerrero y
varios estados más del país, no habrá pacto que funcione ni que resuelva
lo que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, definió bien como
“el momento más difícil que enfrenta este gobierno”.
/sgarciasoto@hotmail.com/
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/109660.php
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