No lo ven, o dicen no verlo. ¿Conflicto de interés? ¿De qué hablan?
Todo es legal y es más, tanta insistencia con eso de las casas y el
Grupo Higa ya los tiene molestos, se les ve incluso indignados.
Como si viviéramos en mundos distintos. Para algunos —entre ellos
hombres inteligentes y bien formados— es normal y ético que un
empresario contratista del gobierno en el que han trabajado les facilite
créditos, compre por ellos terrenos o les construya sus casas. No le ven
problema. Tan no se lo ven, o no lo vieron, que nadie objetó en el
equipo del Presidente que su esposa participara posando en varias
sesiones de fotografías en la casa que estaba a nombre del ahora famoso
contratista.
Tan no lo ven, que siguen dando explicaciones inverosímiles
que los dejan quizá protegidos frente a la ley, pero expuestos ante la
opinión de expertos y de no expertos en la materia, mexicanos y
extranjeros. Una ley, dicho sea de paso, que nadie parece muy interesado
en hacer valer. Los partidos de oposición ni siquiera se han molestado
en crear una comisión que analice si las explicaciones dadas tienen
sustento: si hubo contratos firmados, si se hicieron los pagos, si los
adeudos se saldaron con dinero previamente declarado.
Pero la prueba más contundente de que la clase política mexicana no ve
—o prefiere no ver— el peso que las prácticas desaseadas, poco
transparentes o francamente corruptas están teniendo en el descrédito
del sistema político en su conjunto es que dieron por terminado el
periodo ordinario de sesiones en el Congreso sin antes aprobar el
sistema nacional anticorrupción que propuso el PAN y que respaldaron más
de 20 organizaciones de la sociedad civil.
Como si fueran inmunes a la exasperación de gran parte de la sociedad
que exige con razón que se transparenten los bienes de los funcionarios
y se garantice el uso apropiado de los recursos públicos. Es la
legitimidad del sistema lo que está en juego, pero no lo ven. No ven que
el nuevo mantra de la sociedad — como en otro tiempo fue la exigencia de
elecciones libres— es que se termine con la corrupción y con la
impunidad que la ha prohijado. Varias generaciones pelearon porque los
votos contaran y se contaran bien, hoy parece nacer una exigencia
absoluta, única como aquella, que se acabe de una vez con los desfalcos,
los despilfarros y los abusos de una clase política hija,
paradójicamente, de la democracia y del respeto al voto.
Pero en lugar de rápidamente sacudirse el estigma y votar una ley
bienvenida por tantos, los diputados del PRI, del PRD, del PVEM y del
Panal pretenden desafanarse de la exigencia pública de transparencia y
rendición de cuentas con chicanas legislativas. Cuando todo parecía
indicar que la iniciativa del PAN contaba con la mayoría porque el mismo
Presidente había respaldado públicamente el sistema nacional
anticorrupción, apareció en la comisión de puntos constitucionales un
texto del que nadie asume paternidad y que retomando los mismos términos
pero tergiversando la intención de la propuesta original dejaba a la
cabeza del sistema anticorrupción al Presidente de la República y a los
gobernadores. —Una burla— así la calificaron los que saben de esto. Y
los priístas salieron sin pudor a declarar que ellos estaban
dispuestísimos a votar el sistema nacional anticorrupción cuanto antes,
claro el del texto huérfano de autores, pero que eran los panistas los
que se negaban “por intereses electorales inconfesables”.
Total que nadie votó nada y se fueron de vacaciones. No reaccionaron a
pesar del deteriorado ambiente de las últimas semanas. No lo vieron y no
lo oyen. La resistencia al cambio es síntoma de su ceguera y de sus
intereses. ¿Creerán que se puede seguir como hasta ahora? ¿Qué dos
semanas de vacaciones apaciguarán los ánimos y se olvidará el agravio?
Lo dudo. Están jugando con fuego.
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/12/110282.php
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