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| Ornitólogo Martín Camacho |
Más allá del contenido del dictamen, lo relevante de lo que está pasando es que la delegación de la Profepa, encabezada por Alma Lucía Arzaluz Alonso, se ha prestado al juego sucio del gobierno morenovallista al desplegar una investigación tramposa, amañada y con sesgos políticos contra el ornitólogo Martín Camacho, quien durante 20 años preservó el aviario en cuestión sin recibir apoyo financiero del gobierno del estado.
Y es que de manera sorprendente, la Profepa primero recomendó y asesoró a Martín Camacho para que no entregara la custodia del aviario y luego la misma dependencia fue la que emprendió la persecución contra el pajarero, mediante una denuncia anónima que supuestamente recibió dicha delegación y que no tiene sustento.
Cuando a principios de septiembre del año pasado un funcionario de la Dirección de Parques y Convenciones de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado, sin seguir ningún procedimiento o un protocolo, le exigió a Martín Camacho entregar la custodia del aviario porque se iba a iniciar la remodelación del Parque Ecológico, el pajarero se dirigió a la Profepa a preguntar qué procedía y la contestación que le dieron es que no podía ceder la custodia.
El aviario era una Unidad de Manejo Ambiental, conocida como UMA, y por tanto no se podía abandonar y dejar a su suerte a los animales ahí protegidos, fue la primera respuesta que le dieron en la Profepa. Pero cuando en esa dependencia se enteraron que era de interés personal del gobernador Rafael Moreno Valle transformar el Parque Ecológico, entonces les temblaron las corvas a los funcionarios y le exigieron a Martín Camacho entregar el refugio de aves.
Lo grave vino después en dos aspectos:
1. Supuestamente la Profepa recibió una denuncia anónima de que “una camioneta de lujo” entraba hasta el aviario y se marchaba cargada de aves, en lo que al parecer era un tráfico de especies. Y que además había pruebas de maltrato animal, sin especificar en qué consistían.
Esa denuncia no debería de ser válida por una razón fundamental: no se están investigando asuntos de crimen organizado, en donde sí proceden las acusaciones sin que se identifique quién es la persona que señala algún posible ilícito.
Y si hipotéticamente fuera cierto lo de la “camioneta de lujo” que entraba y salía, quienes tendrían que ser responsables de alguna sustracción eran los policías auxiliares que resguardan el Parque Ecológico. Además, ningún vehiculo podía llegar hasta la zona del aviario.
2. La parte más absurda de la actuación de la Profepa es que hasta septiembre del año pasado y durante las últimas dos décadas, esa dependencia utilizó el aviario del Parque Ecológico como albergue de las aves que decomisaba, mismas que entregaba a Martín Camacho sin proporcionarle alimento o medicamentos para su atención.
Cuando el aviario fue cerrado arbitrariamente por el gobierno del estado, el albergue tenía por lo menos 150 aves que en los últimos meses había llevado la Profepa. Ante este dato surge una pregunta básica: ¿si la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente tenía denuncias de maltrato animal y tráfico de especies sobre ese refugio, entonces por qué llevaba ahí a custodiar a todas las aves que decomisaba o rescataba?
Hasta antes de que el gobierno morenovallista decidiera acabar con el aviario, la Profepa durante 20 años avaló y utilizó el refugio de don Martín Camacho. En el sexenio de Melquiades Morales, cuando el delegado de la procuraduría era Arturo Barrero, se hizo una profunda inspección y no se encontró ninguna anomalía.
Ahora la dependencia federal ha iniciado un proceso contra el pajarero debido a que encontró unas 100 aves de procedencia ilegal que no estaban en los registros oficiales. Camacho explicó que en su mayoría son halcones y palomas lastimadas que ciudadanos le llevaron al encontrarlas en el campo o en la ciudad.
Cada vez que eso sucedió, el pajarero anotaba en registros manuales los datos de las personas que llevaban las aves para ser protegidas. Esas anotaciones no las dio por válidas la procuraduría argumentando que no es un trámite oficial. Sin embargo, antes de septiembre de 2014 la dependencia sí aceptaba que se hiciera dicho manejo. Queda claro que ahora no lo avala, no porque sea incorrecto, sino por criterios políticos.
Cuando cerró el aviario, la Profepa hizo un padrón de 316 aves silvestres que se llevó al parque Flor del Bosque y al zoológico privado Africam, de las cuales hasta ahora se ignora cuántas sobrevivieron y en qué condiciones se encuentran las que siguen vivas.
Al mismo tiempo, se dejó en el parque a más de 700 aves no silvestres, entre las que había unos 120 patos blancos, 250 perros de agua y un número importante de pavorreales, gansos egipcios, pericos, perdices y gallinas de Guinea, de las cuales se ignora su suerte, pues no se sabe cómo las han alimentado y si las protegieron durante la remodelación.
Sobre estas últimas aves no se vio interés de la Profepa de protegerlas. El objetivo de la dependencia era desprestigiar a Martín Camacho para satisfacer el deseo morenovallista de acabar con el aviario, el único que había en el país que se mantenía por el trabajo de la sociedad civil.
“Mi único delito fue convertir un lote baldío en el mejor Aviario del país”: Martín Camacho
Leído en http://educacioncontracorriente.org/secciones/popinion/38139-se-presto-la-profepa-para-desatar-persecucion-politica-vs-el-pajarero-martin-camacho
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