Y no obstante, un escándalo tras otro, una filtración más grave que la anterior, una mansión adicional de origen inexplicable tiene a los poderosos maniatados y contra la pared. Las matanzas de Ayotzinapa y Tlatlaya, las sospechas de licitaciones amañadas en las grandes obras de este sexenio, las mansiones millonarias han provocado una crisis política de alcances insondables. La distancia entre el ciudadano y el político es abismal; la credibilidad y los márgenes de maniobra del Gobierno de Peña Nieto son cada vez más reducidos.
La nueva administración apostó por la economía y nunca por una estrategia para combatir la desigualdad, la violencia y la corrupción. Asumió que bastaba con retirar de la conversación los temas incómodos y esperar la prosperidad económica. Fracasó en ambos frentes. La bonanza no llegará en el inmediato futuro (y el desplome en el precio del petróleo y la desfavorable paridad con el dólar son la última puntilla) y el cerco informativo fue insuficiente para contener un escándalo tras otro. El presidente mexicano es un hombre joven, pero sus modos son antiguos. Su manual político pertenece a épocas en que no había redes sociales, la prensa extranjera no se inmiscuía en los asuntos internos, los empresarios se conformaban con mamar del erario y buena parte de la sociedad nadaba en aguas clientelares.
Las cosas han cambiado, en particular las noticias que llegan del imperio. No pasa una semana sin que The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post o el New Yorker hagan una nueva revelación de la enésima propiedad inmobiliaria clandestina de priistas vinculados al poder presidencial o destapen el siguiente caso de corrupción y violencia de parte de las fuerzas de seguridad. La entrevista publicada por EL PAÍS a Virgilio Andrade, el presunto zar anticorrupción recién nombrado por el presidente, es un documento revelador en sí mismo y contrasta con las piezas amables arregladas con la prensa y la televisión mexicanas vinculadas al poder. Las respuestas del funcionario a las preguntas incómodas del reportero resultan poco menos que incriminadoras, comenzando por la descripción de su entorno: despacha bajo la foto de Peña Nieto, a quien el funcionario debe investigar.
Y dicho sea de paso. El nombramiento de este priista, amigo del presidente y de su círculo inmediato, es una muestra más de las oportunidades perdidas por Peña Nieto en la contención de daños. La primera tarea del ministro anticorrupción debería ser la de investigar si en su designación no hubo conflicto de intereses. Y es una oportunidad perdida porque Los Pinos podría haber enviado un mensaje muy distinto de haber designado a un personaje independiente. ¿Qué habría pasado si hubiese incorporado a Cuauhtémoc Cárdenas o Javier Sicilia en la trinchera destinada a combatir la corrupción? Cualquier cosa antes que esta bufonada que daña aún más la imagen del presidente.
Detener por cargos de corrupción a los familiares del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como sucedió esta semana, sería buena señal si no se tratara de un político de la oposición. Particularmente cuando al mismo tiempo la prensa extranjera revela que otro exgobernador, pero este sí del PRI, José Murat, de Oaxaca, y su hijo Alejandro Murat, titular de Infonavit, poseen residencias en Estados Unidos muy por encima del historial de sus cheques nominales. Ambos, padre e hijo, vinculados al grupo de Peña Nieto. La opinión pública puede dar por sentado que el trato al exgobernador priista será muy distinto al aplicado al perredista.
El sistema político mexicano y sus respuestas me hacen pensar en los autos de los años cincuenta que suelen circular en la Habana. Alambres y piezas improvisadas, algunas incluso chuscas e ingeniosas, les permiten seguir circulando lastimosamente medio siglo después de su fecha de caducidad. Sin embargo son carcachas que no intentan pasar por nuevas. En las respuestas anquilosadas del PRI, en cambio, hay mucho de grotesco y poco de pintoresco. El Gobierno tendría que entender que ninguna política de comunicación, es decir de ocultamiento, se va a convertir en una estrategia contra la corrupción, la desigualdad y la inseguridad que no existe. Por una vez la administración tendría que dejar de hacer control de daños y comenzar a hacer políticas de Estado.
Twitter: @jorgezepedap
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/11/actualidad/1423691098_520650.html
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