Tras ser despedida de su espacio informativo en el Grupo MVS –con un pretexto baladí–, Carmen Aristegui habla con Proceso y da pormenores de las dificultades que enfrentó para difundir el año pasado el famoso reportaje de la Casa Blanca, ése que todos mencionan como la causa de su fulminante cese, pese a que sus exempleadores lo niegan y lo vuelven a negar. En el fondo de su despido, no le cabe duda, está la presión ejercida por la Presidencia.
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La periodista Carmen Aristegui no duda en torno a ciertos puntos en su reciente
ruptura con el Grupo MVS: que “todos los caminos conducen a la Casa Blanca” y
que “provino de la Presidencia de la República” la petición a la familia Vargas para
que el reportaje sobre la propiedad de esa mansión en las Lomas de Chapultepec
no se difundiera en el espacio informativo de la primera emisión de Noticias MVS,
el 9 de noviembre de 2014.
“El reportaje original no salió en MVS. Los periodistas en ese momento nos
enfrentamos a un dilema y lo resolvimos. El dilema era mantener el espacio en la
estación radiofónica y a la vez difundir ese reportaje. No aceptamos la censura, no
aceptamos que no saliera a la luz pública”, afirma en entrevista con Proceso.
–¿Hubo un amago de censura por parte de los Vargas?
–Hubo una petición para que ese trabajo no se difundiera en MVS. Hubo una
situación muy tensa y compleja entre nosotros. No en un tono impositivo o
imperativo, sino de ‘búsqueda de comprensión’ de mi parte. “Se colocó,
efectivamente, el dilema de que si se transmitía esa información en Noticias MVS
se daba por sentado que el programa desaparecía”, rememora Aristegui.
Esta petición se hizo días antes de que se difundiera ese reportaje
simultáneamente en el portal en internet Aristegui Noticias, en Proceso ( edición
1984), en La Jornada y en varios medios internacionales. Días antes de la
publicación, el gobierno federal canceló sorpresivamente la licitación del tren
rápido México-Querétaro.
Entre los ganadores de esa licitación estaba el Grupo Higa, de Juan Armando
Hinojosa Cantú, amigo del primer mandatario y el mismo empresario que
detentaba la propiedad original de la residencia de Sierra Gorda 150, a través de
su filial Ingeniería Inmobiliaria del Centro.
–¿La petición de censura fue hecha entre líneas?
–No tan entre líneas. Como periodistas analizamos y aquilatamos lo que
significaría poder transmitirlo con mucha amplitud en otros lados, cumplir con
nuestro cometido y no aceptar la censura. La censura hubiera implicado guardar el
reportaje. Y no lo guardamos. La censura hubiera sido olvidarnos del tema y no lo
hicimos.
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“Teníamos el dilema fundamental para nosotros de perder un espacio valioso ydecidimos hacerlo de esta manera. A través del sitio en internet. Y no nos
equivocamos. Porque el reportaje se conoció y difundió ampliamente.
“La historia detrás de esa solicitud para que no se transmitiera en Noticias MVS es
una historia que los Vargas deberían contar. Quién y cómo les pidió que ese
reportaje no saliera en nuestra emisión”, reiteró Aristegui.
Admitió que desde la difusión del reportaje de la Casa Blanca ella no volvió a tener
interlocución con Joaquín Vargas, presidente de Grupo MVS. Con Alejandro
Vargas, director de MVS Radio, la periodista aclaró que tuvo un diálogo para
renovar efectivamente su contrato en diciembre del año pasado. En este contrato,
alegó, se mantuvieron las cláusulas de independencia editorial y el código de ética
a los que “violan abiertamente los lineamientos” que MVS dio a conocer el pasado
13 de marzo.
“No es el primer capítulo donde, tras mi salida de MVS, Joaquín Vargas tuvo que
admitir que recibió presiones de la Presidencia de la República”, recuerda
Aristegui. “Este empresario ya sabe de lo que se trata cuando hay presiones
desde el gobierno”, afirma.
En agosto de 2012, en el ocaso del sexenio de Felipe Calderón y tras la decisión
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de “rescatar” el espectro de la
banda de 2.5 ghz, Joaquín Vargas decidió romper el pacto de silencio entre
concesionarios y gobierno, y reveló las advertencias y presiones que recibió de
Dionisio Pérez Jácome, titular de la SCT, y de Javier Lozano, secretario del
Trabajo calderonista.
“Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 ghz tiene méritos propios, pero si
recontratas a la periodista (Carmen Aristegui), a tu proyecto se lo lleva la chingada
y te olvidas de este gobierno hasta el último día”, decía un mensaje de texto vía
telefónica de Javier Lozano que el propio Vargas dio a conocer en agosto de 2012.
El mensaje fue enviado originalmente el 13 de febrero de 2011, cuando Aristegui
dejó de transmitir en represalia por haber preguntado al aire si Felipe Calderón
tenía o no “un problema de alcoholismo” (Proceso 1868).
–¿Qué obtuvieron a cambio los Vargas después de esta ruptura? –se le cuestiona.
–No lo sé. Muchos han escrito sobre eso. Es una pregunta válida.
–¿Por qué es válida esa pregunta?
–Porque una conducta como ésta no puedo imaginarla como espontánea.
Cualquiera con sentido común se imagina que al hacer lo que hicieron iba a haber
una reacción importante de las audiencias. El cálculo que habrán hecho y asumir
el costo de la decisión no lo veo sólo en el territorio de los Vargas.
“El pretexto que ellos dan es bastante menor como para justificar una andanada
del tamaño que lo hicieron. El tema de Méxicoleaks y la participación de nuestros
reporteros de la primera edición se puede discutir, pero es un tema que no se
equipara a la andanada. Buscaron deliberadamente un enfrentamiento entre ellos
y yo. Creo que eso es parte de lo que se deja explícito en la maquinación que
quedó demostrada en los últimos días.”
–Mencionas que no lo ves sólo en el territorio de los Vargas. ¿En qué terreno lo
ves? ¿En el del gobierno?
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–Tenemos derecho a la suspicacia. Si bien no tenemos un documento que lo ampare,
uno tiene que revisar qué es lo que está pasando en el entorno de esta
familia y de esta empresa.
–¿Pudieron influir otros grupos de poder? ¿El expresidente Carlos Salinas?
–No lo veo. No tengo información o conexión que nos permita pensar eso. Sé que
es un personaje que maquina, pero no sé si está relacionado con esto.
–La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para abogar por una
conciliación y afirmar que se trataba de un “conflicto entre particulares”. ¿Te indica
que hubo una intervención del gobierno?
–Algunos dicen que, a confesión de parte, relevo de pruebas. Este es un signo de
que el asunto no es sólo entre particulares por el sólo hecho de que haya
intervenido Gobernación. Llama la atención que haya emitido un comunicado
tardío, si nos atenemos a la andanada que había comenzado antes.
–¿Fueron los Vargas quienes te contaron que la petición vino del gobierno?
–No. Yo no sé quién se los pidió ni cómo. Sólo sé que tuvo que ser de muy alto
nivel. No tengo el nombre ni el apellido, pero evidentemente se solicitó que ese
reportaje no saliera en Noticias MVS y no salió. Y nosotros como periodistas
buscamos los canales de difusión para que esa historia se conociera.
“Tampoco tengo la menor duda de que esa petición de la Casa Blanca vino de la
Presidencia. No sé exactamente cómo fueron las cosas ni quién. Eso lo tendrán
que decir los Vargas”, remató.
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MVS aludió a la mansión
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Para Aristegui otro indicio importante de que el tema fundamental de la ruptura es
el de la Casa Blanca fue el propio comunicado de MVS, leído el jueves 19 por
Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales, poco después de la
transmisión vía streaming de la posición de la periodista emplazando a los Vargas
a un diálogo.
“Carmen sostiene que su despido fue ‘fraguado con mucha anticipación’ y por la
intervención de situaciones ‘extrañas e inexplicables’. Eso es falso”, sentenció
Chao.
“Carmen sabe muy bien que en el mes de diciembre, pocos días después de la
difusión del reportaje de la Casa Blanca, su contrato fue renovado. Hace 15 días
se le autorizó la compra del automóvil de lujo que le proporciona la empresa, con
el doble de valor del establecido en el contrato”, siguió leyendo el vocero de MVS.
“Es importante mencionar que el verdadero autor del reportaje de la Casa Blanca,
Rafael Cabrera, sigue y, por lo que respecta a nosotros, seguirá trabajando en
MVS Radio. Por lo visto, la señora Aristegui ha ignorado algunos detalles en
beneficio de su propia causa”, acusó Chao.
Poco después de que se conociera el comunicado, Rafael Cabrera redactó una
serie de mensajes en su cuenta de Twitter con la frase “MVS Miente”. “Es
mentira. Tengo las fotos de los documentos que prueban mi liquidación”, escribió
en su cuenta @raflescabrera. “MVS Miente al decir que sigo contratado. Exijo
aclaración. En todo momento he estado con mis compañeros de la Primera
Emisión y de Carmen”, sentenció.
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Cabrera formaba parte de la unidad especial de periodismo de investigación,
integrada por Daniel Lizárraga e Irving Huerta, a quienes MVS despidió alegando
presunta “pérdida de confianza”.
Para Aristegui la mención de Rafael Cabrera fue “una situación bastante
perversa”, cuyo objetivo es “mandar una señal de división, una señal de que se
han regateado los méritos periodísticos, una señal de que el reportero de la Casa
Blanca está trabajando en casa. Algo que él mismo clarificó. MVS faltó a la verdad.
“Rafael estaba con nosotros cuando estábamos escuchando el mensaje y él dijo
‘de qué están hablando’. A él también lo despidieron. Y, de pronto, el periodista
que inició la pesquisa de la Casa Blanca fue reconsiderado. Él no tiene interés en
regresar a MVS en esas condiciones. Tiene interés en regresar todos juntos”,
abundó Aristegui.
–En su comunicado del 19 de marzo, MVS te acusa de lanzar un ultimátum a la
empresa…
–Lo que dije fue que reinstalaran a los colegas, entre otras cosas, porque el
despido fue injustificado y yo soy responsable, y así lo acordamos, de la
designación de quiénes son colaboradores de la Primera Emisión. Ellos no tenían
derecho a despedirlos no sólo porque no había justificación ni tenían derecho
según el acuerdo.
–¿Había ahí una violación al contrato?
–Mira, mis abogados dicen que no hable del contrato porque me pueden
demandar.
–MVS niega que hubiera una injerencia externa al conflicto entre ambas partes y
da una cifra de que ellos dependen sólo del 6% de la publicidad gubernamental y
que después del reportaje de la Casa Blanca renovaron el contrato contigo…
–Es un elemento discursivo que no es suficiente. Si bien pueden tener sólo ese
porcentaje de publicidad gubernamental, como grupo corporativo tienen una
enorme cantidad de intereses relacionados con decisiones gubernamentales. La
vinculación o los intereses relacionados con lo gubernamental no sólo radican en
los ingresos publicitarios.
–Ello son una concesión. ¿Este episodio te vuelve a ilustrar la vulnerabilidad de los
concesionarios?
–La vulnerabilidad principal es la de los periodistas. Si una periodista que firmó un
contrato con peso legal, con una definición muy clara respecto a lo que se puede
revelar, si existe un código de ética basado en la libertad de expresión, basado en
la libertad editorial, pretende ser roto de esta manera, imagínate cómo está el
panorama general del país. Si con esas herramientas que incluyen un
ómbudsman, un código de ética, pasa lo que pasa, pues entonces el grado de
vulnerabilidad de la prensa mexicana es muy fuerte.
“Por eso he dicho que la batalla que se tiene que dar no es sólo por los periodistas
de este equipo, sino lo que sucede cuando se da un manotazo como éste, de
manera autoritaria, y desde luego se pretende aniquilar un espacio que ha logrado
tener un público importante, una audiencia.
“En este caso, si prospera este golpe será un signo ominoso no sólo para este
grupo de periodistas, sino para los demás. Si prospera este golpe tendremos
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menos posibilidades de defensa como periodistas. Creo que por eso esta frase de
‘esta es una batalla por la libertad de expresión’ no es sólo una frase. La tenemos
que dar todos.
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Regresión autoritaria
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–¿Por qué expresaste en tu discurso lo del “tufillo echeverrista”? ¿Por alguna
relación con el golpe a Excélsior de 1976?
–Porque te evoca un capítulo de la vida mexicana, de la prensa, que todos
tenemos a flor de piel, no porque me equipare ni nada que se le parezca a nadie,
sino porque simplemente digo que un golpe de esta naturaleza es algo que no
podemos aceptar ni permitir.
“No podemos permitir que desde altos niveles de poder se extirpe, se aniquile y se
pretenda silenciar a los periodistas de la peor manera posible, violentando un
marco legal establecido, la libertad de expresión, violentando las maneras; porque
ha sido un atropello, de principio a fin, lo que ha sucedido”.
–¿Es una regresión o una reinstauración autoritaria?
–Creo que sí. Estamos ante una regresión autoritaria, ante la reinstauración de
modos y maneras del viejo régimen que creíamos superadas. El problema mayor
es que están logrando con mucha velocidad reinstaurar precisamente al
dinosaurio.
“Estamos viviendo cosas que no creíamos: que no podían imponer a un ministro
con una terna de uno, con la ofensa para la Suprema Corte que se imponga un
perfil totalmente inadecuado y ofensivo por tratarse de un personaje tan cercano a
un presidente y a los poderes fácticos.”
Para Aristegui “Peña Nieto es un presidente que carga desde el origen un déficit
importante de legitimidad por la manera en que fue impulsada su candidatura, por
la manera en que obtuvo la Presidencia, por la manera en que ha operado las
reformas, por la manera en que ha sido exhibido en asuntos que no ha podido
explicar a cabalidad, como la Casa Blanca”. Tenemos a un presidente muy
disminuido en materia de credibilidad y me atrevo a decir que en materia de
legitimidad”, sentenció.
–En el caso de la Casa Blanca, ¿sentiste que iba a ser un parteaguas en tu
situación en MVS o era la investigación normal?
–Desde luego, tuve todo el tiempo conciencia del calibre de una investigación así.
Todo el tiempo tuve conciencia de lo que significaba poder demostrar, con
documentos, con una información muy rigurosa, la propiedad que ahora se
atribuye a la primera dama y como si se hubiera demostrado cabalmente.
“Teníamos en nuestras manos, como periodistas, un conjunto de elementos
sumamente comprometedores y graves que se expusieron en el reportaje especial
de ‘La Casa Blanca de EPN’, que así se tituló.
–¿Alguna relación de tu salida con la llegada reciente de Eduardo Sánchez como
nuevo director de Comunicación Social de la Presidencia?
–Lo único que sé es que es muy cercano a los Vargas desde siempre y que la
coincidencia de su llegada ha sido notada por varios.
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Vía judicial
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Durante la primera semana de su ausencia en la radio comercial hubo
movilizaciones en las redes sociales y frente a las instalaciones de MVS para
solicitar la reinstalación de Aristegui y de su equipo, así como para acusar a la
empresa y al gobierno federal de censura.
El lunes 16 poco más de 2 mil personas fueron a entregar más de 174 mil
peticiones en la plataforma Change.org con la frase “Carmen se queda”. En la
misma plataforma comenzaron a recolectarse miles de firmas pidiéndole a Radio
Ibero, a Radio UNAM y al Canal del Congreso que abran su espacio a la
periodista.
Frente a esta ola de expresiones de solidaridad y de apoyo, Aristegui define
legalmente su situación como “terminación anticipada de contrato” y destacó que
privilegiará, por ahora, su defensa legal.
–¿Qué escenarios vienen ahora, ante la respuesta de MVS que te da la
despedida?
–He escuchado a varios abogados, muy importantes, de muy buen nivel, que
encuentran que hay materia para impugnar, para buscar el amparo de la justicia
frente a un atropello que no tienen derecho a hacer: dar por terminado un contrato
que tiene vigencia y que involucra derechos no sólo contractuales per se, sino
derechos de expresión, de libertad editorial.
“Coincido con muchos abogados: si permitimos que este contrato, por su
naturaleza, se desconozca unilateralmente es un signo ominoso para los
periodistas y es una señal muy preocupante en materia de libertades porque,
incluso, con un manotazo se puede desaparecer algo con consecuencias legales.”
–La mayoría de la gente está pidiendo tu retorno a otra estación radiofónica o en
transmisiones online. ¿Estás pensando en esas opciones?
–No. En este momento el foco de atención está puesto en la batalla judicial que,
independientemente de si es difícil o no, se tiene que dar. Hay que revertir algo
que no podemos permitir. Entiendo que puede ser un proceso que puede tomar
tiempo y, desde luego, enfrentar el asunto de un despido masivo de mis
colaboradores.
–¿Masivo?
–Sí, ya despidieron a todos. Todo el equipo de producción y de redacción ha sido
despedido de la estación.
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Sombras de sospecha
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La revista The Economist, de Gran Bretaña, país cuya familia real recibió
espectacularmente en Londres, en visita de Estado, a la familia presidencial
mexicana a mediados de este mes, publicó la semana pasada un texto que, desde
su entrada, daba espacio a las sospechas sobre el caso MVS-Carmen Aristegui,
con el título Radio silenciada.- Conductora estrella es puesta fuera del aire.
En un párrafo, el semanario británico establecía:
“Crece la sospecha de que el gobierno –que lucha contra un decrecimiento de su
popularidad menos de tres meses antes de las elecciones intermedias– puso
presión sobre MVS Radio. El despido de Aristegui vino pocas semanas después
de que el presidente Peña nombró a Eduardo Sánchez, exabogado de la propia
compañía, para encabezar la coordinación de comunicación social de la
Presidencia. MVS negó enfáticamente cualquier relación con el asunto.”
La información de The Economist, cuyo corresponsal en México es Henry Tricks,
aludía a los reportajes más célebres de Aristegui y su equipo, entre ellos el de la
residencia comprada a Higa por Angélica Rivera, conocida como la Casa Blanca, y
apuntaba que, con su despido, MVS “hizo de ella una mártir de la libertad de
expresión”.
–¿El gobierno de Peña Nieto tuvo involucramiento en el asunto MVS-Aristegui?
–
preguntó directamente Proceso a Eduardo Sánchez el viernes 20 en sus oficinas
de Los Pinos.
–En este caso la Presidencia de la República remite al comunicado de la
Secretaría de Gobernación del martes 17 –respondió Sánchez.
Un par de días después del anuncio del despido de Carmen Aristegui, la Dirección
de Comunicación Social de Gobernación
–que estratégicamente depende de su
equivalente de Los Pinos– emitió en efecto un boletín que, de manera indirecta,
pretendía ser un deslinde oficial:
“Respecto al diferendo entre Noticias MVS y la periodista Carmen Aristegui, el
gobierno de la República manifiesta lo siguiente:
“Es deseable que este conflicto entre particulares se resuelva, para que la
empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenidos de valor a la
sociedad mexicana.
“El gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el
ejercicio crítico y profesional del periodismo, y seguirá haciéndolo con la
convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el
fortalecimiento de la vida democrática del país.”
Eduardo Sánchez era subsecretario de Normatividad de Medios en la Secretaría
de Gobernación antes de ser nombrado, a principios del año pasado, vocero de la
Presidencia de la República. Recientemente fue designado por el primer
mandatario, además, coordinador de Comunicación Social, en sustitución de David
López.
En Gobernación, en la Subsecretaría de Normatividad de Medios, fue sustituido
por Andrés Chao Ebergenyi, que se desempeñaba como director de Radio,
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Televisión y Cinematografía de la propia Segob.
Andrés es hermano de Felipe Chao Ebergenyi, vicepresidente de Relaciones
Interinstitucionales de MVS y el encargado de leer el comunicado a través del cual
la concesionaria dio por terminada el jueves 19, definitivamente, toda relación de
trabajo con Carmen Aristegui y su equipo. (RRC) l
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Fuente: http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=399044
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