De la respuesta de los agricultores del consejo, formado por las empresas más grandes de la región, mañana a las 12 del día, depende si termina el paro que 80 mil jornaleros, representados por la Alianza Nacional, Estatal y Municipal, estallaron tras varios meses de que sus demandas fueron ignoradas: afiliación masiva al IMSS, aumento a salarios, respeto a la jornada de 8 horas y pago de horas extras, además de terminar con ‘sueldos integrados’ que les roban prestaciones de ley, y hasta un alto a discriminación, racismo y acoso sexual de algunos patrones a sus mujeres. Todas esas peticiones se expusieron desde 2014 al gobernador de Baja California, Federico Vega, quien ofreció a los jornaleros, en su mayoría indígenas triquis y mixtecos de Oaxaca, un diálogo que nunca llegó; tampoco los productores escucharon e ignoraron el tamaño de la inconformidad y el hartazgo que estalló, la madrugada del martes 17, en forma de una ‘protesta encabronada’
.
A la toma de la Autopista Transpeninsular de Ensenada siguió una ola violenta de saqueos, incendios y asaltos en comunidades de la región; por 26 horas privó el caos y no hubo autoridad alguna, ni siquiera el Ejército respondió a los llamados de comerciantes ante los saqueos de la turba. Negocios, escuelas, bancos y gasolineras cerraron por los disturbios. Ambas partes se culparon de la violencia: los productores y el gobernador Vega denunciaron presencia de ‘personas externas’ que ‘llegaron en camiones de Oaxaca y Guerrero’, y los culparon de la violencia y saqueo; mientras la Alianza negó que saqueadores y violentos fueran de su grupo y culpó del vandalismo a ‘gente de la CTM y la CROC’, centrales que detentan los actuales Contratos Colectivos que los paristas piden renegociar.
La violencia pasó y el jueves, con la tranquilidad, comenzaron las negociaciones. Para el viernes, cuando abrió un
Por la tarde hubo versiones de que el Consejo Agrario propondrá un aumento del 15% a los trabajadores, y aceptará la afiliación masiva al IMSS y poner fin a salarios compactados y el pago de horas extras. Y es que buena parte de la inconformidad de los jornaleros radica en que muchas empresas del Valle no les pagan seguro social o pagan menos horas de las que trabajan. La práctica de ‘rasurar’ los padrones de IMSS e Infonavit consiste en que si los jornaleros trabajan 6 días, los patrones sólo reportan 2 y así ahorran en pago de cuotas, pero a los trabajadores les disminuyen semanas cotizadas y los reportan al Seguro como eventuales y no de planta, por lo que no acumulan antigüedad.
Hasta ahora sólo una empresa de las que operan en el Valle, Berrymex, propiedad de la estadounidense Driscoll, se pronunció favor de los trabajadores. “Respetamos el derecho de todos a manifestarse pacíficamente y valoramos el diálogo establecido. Sin embargo, condenamos enérgicamente la violencia y el saqueo a terceros”, dijo la compañía en un comunicado, donde también afirmó que ellos sí afilian a sus trabajadores al IMSS desde el primer día, pagan todas sus prestaciones, y garantizan jornada de 8 horas y pago de horas extras. ¿Cuántas empresas más del Valle pueden decir lo mismo?
El miércoles se verá, según su propuesta, qué tanta voluntad tienen los empresarios y si entendieron el hartazgo de los jornaleros acumulado durante años; pero también se verá qué tanta fuerza tienen los líderes de la Alianza para seguir el paro si los trabajadores continúan regresando a los campos. Por ahora, la movilización histórica de jornaleros en San Quintín deja una enseñanza y un damnificado: la enseñanza, que no se puede lucrar con el trabajo de los más necesitados, engañarlos y mentirles sin acumular un resentimiento que tarde o temprano estallará, y el damnificado político, el gobernador Federico Vega, quien quedó rebasado y no pudo con el problema.
sgarciasoto@hotmail.com
Leído en http://periodicocorreo.com.mx/serpientes-y-escaleras-24-marzo-2015/
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