La existencia de una célula criminal dentro de la Normal de Ayotzinapa es tabú. Cuando en este espacio se publicaron extractos de declaraciones de uno de los jefes de ‘Guerreros Unidos’ en ese sentido en noviembre, los insultos de activistas vinculados a organizaciones en Guerrero, fueron tan desproporcionados como reduccionistas. O quizás, sirvieron para tender cortinas de humo sobre algunas de las dinámicas más oscuras en Ayotzinapa. Nueva información a la que se ha tenido acceso sobre el seguimiento de las investigaciones, confirman lo publicado. ¿Por qué no lo socializan las autoridades? “Es algo que no se dice con claridad porque se ofende a los papás de los muchachos”, admitió un funcionario federal.
La primera pista de la infiltración de ‘Los Rojos’ en la normal de Ayotzinapa la aportó Sidronio Casarrubias, el jefe de ‘Guerreros Unidos’ capturado el 16 de octubre en la autopista México-Toluca, el principal testigo de la PGR para entender la vinculación de esa banda con las autoridades en Iguala y Cocula, y lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa. Casarrubias –confirmado más adelante por declaraciones de otros detenidos-, reveló que entre los más de 50 normalistas que fueron a Iguala el 26 de septiembre, iban 17 jóvenes miembros de una célula del grupo criminal de ‘Los Rojos’, cuya principal misión era asesinar a Víctor Hugo Benítez, apodado ‘El Tilo’, el jefe de plaza de ‘Guerreros Unidos’ en Iguala.
Casarrubias fue quien detalló el modus operandi de ‘Guerreros Unidos’ y reveló la estructura criminal dentro de las policías en Iguala y Cocula. El jefe criminal dijo que la orden de matar a los jóvenes fue dada por el ataque que esperaban de la célula de ‘Los Rojos’ que recibía órdenes de Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda, exdiputado del PT en el Congreso de Morelos, y jefe de plaza en Amacuzac. ‘Los Rojos’ controlan la plaza de Chilpancingo y tienen vinculaciones no orgánicas con el ERPI, la guerrilla que se escindió del EPR, algunos de cuyos miembros están relacionados con el tráfico de opio, el principal cultivo en esa zona de la ‘Tierra Caliente’ guerrerense.
La célula, de acuerdo con las investigaciones, era encabezada por uno de los normalistas, a quien en un acto de crueldad bestial, lo asesinaron y desollaron. Por petición de los padres de familia al entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, la investigación sobre ese asesinato es independiente de la de los 43 normalistas desaparecidos y, de acuerdo con la versión oficial, asesinados por los criminales. El objetivo original eran los 17 integrantes de la célula, identificados por un ‘halcón’ de ‘Guerreros Unidos’ que también viajaba con ellos.
Las autoridades conocen sus nombres, derivado de las declaraciones ministeriales de algunos sobrevivientes, pero no hay ninguna indicación de que los vayan a hacer públicos. Las autoridades federales han venido trabajando con los padres de los normalistas y los representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en cuya dinámica se han dado fracturas entre los familiares de las víctimas. Personas que conocen a los grupos dentro de la normal de Ayotzinapa aseguran que hay cuando menos tres de ellos.
Desde un principio varias madres de normalistas desaparecidos responsabilizaban al comité estudiantil de la normal, que decide las acciones que van a realizar a fuerza los jóvenes de primer ingreso –como la mayoría de las víctimas-, de la muerte de sus hijos, pero nunca rompieron públicamente con ellos. Los padres estaban sometidos por un padre de un normalista que no fue víctima, Felipe de la Cruz, quien era su vocero. De la Cruz tuvo varios enfrentamientos con Murillo Karam, a quien amenazó con bloquear carreteras y casetas si no daban resultados prontos. Varios padres lo desautorizaron de esas amenazas, pero sólo hasta hace un mes, lo removieron como su portavoz.
El crimen en Iguala nunca quedará aclarado fehacientemente, porque quienes tienen la información completa, no la quieren dar a conocer. Pero aún si decidieran hacerlo, las autoridades carecen de legitimidad y credibilidad para que su palabra, por más sustentada que la presenten, pueda convertirse en la verdad jurídica e histórica sobre lo que sucedió la noche del 26 de septiembre. Tampoco habrá padres de víctimas que públicamente reconozcan que bandas criminales penetraron la normal, y menos aún quienes acepten las pruebas delincuenciales de sus hijos. Las organizaciones sociales y derechos humanos tampoco pueden aceptar esa posibilidad, porque afectaría su discurso y financiamiento.
Han pasado siete meses desde que se cometió el crimen y las razones verdaderas de su desaparición sigue oculta porque nadie quiere hablar públicamente de ello. Es la simulación mexicana en su máxima expresión, donde todos mienten un poco y prefieren vivir permanentemente en tensión y conflicto antes que cerrar el caso y aceptar cada uno sus pérdidas.
Leído en http://periodicocorreo.com.mx/estrictamente-personal-1-mayo-2015/
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