Quienes buscan representarnos o gobernarnos se acusaron igual de enriquecimiento inexplicable, corrupción, desvío de recursos públicos, que filtraron expedientes negros contra adversarios para acusarlos de presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Cuánto de eso fue verdad?, ¿cuántas son denuncias sustentadas y presentadas formalmente ante la autoridad y cuánto de esa suciedad era solo información fabricada para denostarse y desprestigiarse ante los votantes?
El único parámetro que podría ayudar al elector a discernir si lo que se ha dicho, acusado y publicado es real y tiene sustento –lo que probaría que muchos candidatos, gobernantes o dirigentes señalados han incurrido en delitos– es la acción de las autoridades.
Y aquí viene el problema. Hasta ahora, ni la señora procuradora Arely Gómez, ya con tres meses en el cargo, ni su flamante fiscal especial para delitos electorales, Santiago Nieto, han informado el curso que han tenido las denuncias que, en el contexto de estas campañas, llegaron hasta el Ministerio Público a su cargo. Su actuación ha sido testimonial.
La procuradora y el fiscal sólo aparecieron el pasado 11 de mayo al firmar “un acuerdo para prevenir delitos electorales”, cuando ya iba mes y medio de campañas. Fuera de eso, nada. Y la pregunta obligada: ¿Cuándo la señora procuradora y su fiscal empezarán a investigar las denuncias que han recibido, antes o después de las elecciones?, o de plano, ¿no harán su trabajo y dejarán que, en las graves denuncias en estas campañas contra candidatos, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos, prevalezca la impunidad?
NOTAS INDISCRETAS… El doctor José Martín Toranzo Fernández mandó ayer una aclaración a esta columna que se reproduce a continuación: “Me permito solicitarle de la manera más atenta la aclaración correspondiente sobre los bienes inmuebles a los cuales hace referencia en su columna ‘Serpientes y Escaleras’ (25 de mayo), reiterándole que un servidor no es propietario de ninguno de los bienes inmuebles a los que hace usted referencia, cabe mencionar que una de esas propiedades es de mi hijo mayor, lo cual usted podrá comprobar en la Notaría Número 35 de esta ciudad, así como en las dependencias de Catastro Municipal y en el Registro Público de la Propiedad. Considero importante señalar que no tengo propiedades en el estado o en el país, lo cual también podrá usted comprobar. Mi vida la he dedicado al trabajo profesional, a la docencia y al servicio público de manera honesta y responsable. Espero con lo anterior se disipe cualquier duda que pudiese haber”.
Hasta ahí la aclaración de José Martín Toranzo… Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Martínez, emitió un comunicado fechado ayer en el que afirma que sobre las propiedades de su familia no puede dar cuenta, ya que sólo puede responder por su patrimonio, el de su esposa y de sus hijos, el cual detalla –y puede ser consultado– en su declaración patrimonial actualizada de San Luis Potosí… Tal como se lo revelamos aquí el martes, la negociación entre el PAN y el PRD para buscar declinaciones y alianzas “de facto” en algunos estados sigue avanzando. El PRD pide que los candidatos del PAN declinen en Guerrero y Michoacán. Los panistas, por su parte, quieren que los abanderados del PRD declinen en Querétaro, San Luis Potosí y Colima; pero de Michoacán nada. En Acción Nacional aún ven a su candidata compitiendo a tercios por la gubernatura. ¿Habrá acuerdos?... Los dados mandan doble Escalera. Salió el tiro.
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/y-la-senora-procuradora-1432794696
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