Por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal ganó el candidato de Morena, Ricardo Monreal, con 29.24 por ciento de los votos que emitieron 195 mil 874 ciudadanos. En total obtuvo 57 mil 269 votos a su favor. El problema es que en la Cuauhtémoc tenían derecho a votar 466 mil 28 personas, lo que se traduce en una abstención de 57.97 por ciento. En pocas palabras, el expriísta, experredista, expetista y exemeceísta será jefe delegacional por la voluntad expresa de 12.3 por ciento de los habitantes de la Cuauhtémoc, sólo 12 de cada 100. Y hará bien en recordar esto el zacatecano antes de tomar de decisiones que puedan afectar a los 88 de cada 100 que no votaron por él, ya sea porque lo hicieron por otro candidato o porque se abstuvieron de votar. Si realmente busca ser el candidato de Morena a la Jefatura del Gobierno del DF en 2018 no puede encabezar un gobierno delegacional pensando que sólo se debe a los militantes de este partido.
Otro ejemplo puede verse en el caso del exitoso candidato independiente y virtual gobernador electo de Nuevo León, Jaime El Bronco Rodríguez Calderón, quien a pesar de que el domingo ganó con 48.86 por ciento de los votos a su favor, no llega al cargo por la decisión mayoritaria de los neoloneses. La abstención en ese estado fue de 41 por ciento. De 3 millones 560 mil 457 electores registrados, votaron 2 millones 100 mil 670 y el carismático expriísta obtuvo 942 mil 836 votos. Es decir, 26.5 por ciento del total de los ciudadanos que aparecen en la lista nominal de votantes. Siendo electo por solo 27 de cada 100 de sus paisanos, El Bronco no puede darse el lujo de actuar como si en realidad fuera un gobernador de mayoría, a pesar de que obtuvo casi 49 por ciento de los votos emitidos.
Los casos de dos políticos exitosos como lo son Monreal y Rodríguez se observan en casi todos los procesos electorales efectuados el domingo pasado. Hasta ahora no he detectado un solo caso de que alguien ganara un cargo por voluntad del 51 por ciento o más del total de los votantes registrados en el INE.
Lo que esta situación me indica es que los gobernantes estatales y municipales así como los legisladores federales y locales electos el 7 de junio poseen la legitimidad necesaria para ocupar sus cargos, pero carecen de la representatividad necesaria para desempeñarlos con la suficiente autoridad moral que tendrían si hubieran sido electos por una verdadera mayoría de los votantes. Y ahí reside uno de los principales problemas de la gobernabilidad de nuestro país.
Si se modificara la Constitución para hacer obligatoria una segunda vuelta electoral en aquellos casos en donde ningún candidato obtuviera por lo menos 51 por ciento de los votos, por lo menos para los cargos del poder ejecutivo, se daría un gran paso adelante para mejorar la mala gobernabilidad del país.
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