El secretario de la Función Pública de México (SFP), Virgilio Andrade, ha asegurado este viernes que ni el hecho de que la esposa del presidente de México, Angélica Rivera, ni que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compraran sendas casas a una inmobiliaria propiedad de un contratista que ganó concursos de obras públicas demuestran que haya existido conflicto de intereses.
El encargado por el propio Enrique Peña Nieto para investigar la polémica surgida el pasado mes de noviembre ha añadido que no existe ningún delito en la concesión de concursos públicos al Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa y, a su vez, constructor de las viviendas de la actriz de Televisa, casada en separación de bienes con el presidente desde noviembre de 2010, y del funcionario público.
La casa de la primera dama fue construida por una empresa vinculada al consorcio que ganó el concurso, de 4.800 millones de dólares, del tren rápido a Querétaro y que fue anulado por sorpresa apenas dos días antes de que saliera a la luz la investigación periodística que reveló la existencia de la lujosa casa de Rivera.
Andrade ha explicado, en una conferencia de prensa que se prolongó durante casi tres horas, que los contratos de compraventa de las casas de Videgaray y Rivera se realizaron en octubre y noviembre de 2012, poco antes de que el presidente Peña Nieto asumiera el cargo, el 1 de diciembre de ese año. “Ni el presidente ni el secretario de Hacienda eran funcionarios públicos entonces”, ha dicho. Y, además, afirmó que "no hubo beneficio ni provecho en los contratos". Una investigación de The Wall Street Journal reveló en marzo pasado que el secretario de Hacienda de México había comprado su casa a Grupo Higa por un precio por el que la empresa no había obtenido ganancia alguna.
El secretario de la Función Pública ha añadido que para su investigación entrevistó a 111 cargos, pero no ha aclarado si había contrastado sus palabras o había revisado sus correos electrónicos. Los interrogatorios se realizaron a través de un cuestionario en el que los funcionarios públicos prometían decir la verdad.
En la conferencia de prensa, que se anunció en la medianoche, apenas nueve horas antes, y que se efectuó en el viernes anterior a la vuelta de clase en México, Andrade ha reconocido que no había entrevistado a Hinojosa, el empresario en el ojo del huracán del escándalo.
Andrade detalló que Angélica Rivera desembolsó 35 millones de pesos (unos dos millones de dólares) de su cuenta personal para comprar la casa de Sierra Gorda, en uno de los barrios más exclusivos de México, de la inmobiliaria propiedad de Hinojosa. Rivera ganó 131 millones de pesos como actriz en 2010, unos 7,7 millones de dólares. La primera dama, que pese a no ocupar un puesto público oficial colgó en noviembre una dura aclaración sobre el tema en su página web para aclarar el escándalo y anunció que vendería la casa. La web, cuya financiación nunca quedó del todo claro, estaba llena de enlaces a portales gubernamentales. Su contenido ha desaparecido misteriosamente. Ahora solo muestra una fotografía de la pareja presidencial sin enlace ni leyenda alguna.
El secretario de la Función Pública dijo este viernes que la exestrella de telenovelas eligió devolverla a la inmobiliaria a cambio de su dinero.
Subrayó, una y otra vez, que el presidente no intervino en ninguna contratación, lo que le exonera, de acuerdo con el resultado de la investigación, de cualquier conflicto de interés por las transacciones entre su esposa y su colaborador (Videgaray es uno de los funcionarios más cercanos al presidente) y su amigo Juan Armando Hinojosa, favorecido con contratos públicos desde que Peña Nieto ocupó la gobernatura del Estado de México entre 2005 y 2011 y también durante su gestión como presidente.
El encargado de la investigación de uno de los escándalos que más han minado a la imagen de Enrique Peña Nieto, cuya gestión es aprobada por solo el 39% de los mexicanos, eludió las preguntas sobre si era necesario una investigación independiente y sobre si el presidente de México es capaz de incurrir en un conflicto de interés —de acuerdo con sus conclusiones, como el mandatario no concede directamente los contratos, no es así—. No pudo recordar el número exacto de casos resueltos por la secretaría de la Función Pública pero reconoció que la cifra era muy baja. Tampoco respondió si había entrevistado al presidente, y no detalló cuáles habían sido exactamente las preguntas con las que había interrogado al centenar de funcionarios involucrados. No dijo cómo había hecho para comprobar si las declaraciones eran verídicas y se limitó a repetir varias veces, ante las insistentes preguntas, que los interrogados habían hecho sus declaraciones "bajo protesta".
El funcionario, nombrado por el presidente mexicano a raíz de que se difundiera la polémica por investigaciones periodísticas, ha dicho que el hecho de que lo nombrase el mandatario no incurría en un conflicto de interés en sí. “Si me hubiesen pedido que cometiera algo ilegal, sería el primero en renunciar”. En cuanto a la relación entre el presidente e Hinojosa, Andrade aseguró que “las relaciones personales no están prohibidas”.
Peña Nieto se disculpa
El Gobierno mexicano decidió echar mano de la secretaría de la Función Pública, un organismo oficial dependiente de la presidencia que estuvo a punto de desaparecer en la administración anterior, para aclarar uno de los mayores escándalos de la gestión de Peña Nieto. En Brasil y Chile, donde las gestiones de Dilma Rousseff y Michelle Bachelet están también bajo sospecha por escándalos de corrupción, las investigaciones son conducidas por el poder Judicial, no el Ejecutivo.
Los resultados de la investigación están disponibles en el portal de la SFP. No obstante, la navegación entre los miles de documentos no aclara si los informes colgados son exclusivamente de esta investigación, no están marcados bajo ningún letrero que facilite su navegación y su descarga es muy lenta.
Horas más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto habló del tema. Agradeció a su esposa por su "entereza y solidaridad" durante la investigación. El mandatario afirmó que el fallo de la SFP demuestra que ni él ni su esposa violaron la ley, pero se disculpó por las "interpretaciones que lastimaron a muchos mexicanos" tras la difusión de la investigación. "Estoy convencido de que en el México actual, la conducta del presidente debe ser tal que no genere desconfianza". El audiorio que lo escuchaba, durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad, le dio una ovación de pie.
Leído en
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/21/actualidad/1440175290_276552.html
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