La composición en los noticieros fue interesante: corrupción por un lado, crítica sistemática por el otro. Temas separados pero subliminalmente unidos. La corrupción fue el fenómeno mundial del Siglo XX y continúa en lo alto de las preocupaciones. Problema que aqueja a México, como el presidente Peña Nieto mismo lo reconoció en su discurso el 2 de septiembre, cuando adelantó que impulsará en el Congreso “leyes indispensables” para fortalecer el Estado de Derecho. País de leyes en una nación donde las leyes no se aplican y penetra la corrupción como la humedad, cruzando todo el espectro de la vida pública.
En su reciente compendio de los principales índices, indicadores y mediciones sobre el fenómeno, sus causas y efectos, “México: Anatomía de la Corrupción”, María Amparo Casar, subraya la insatisfacción con el estado de cosas. Partidos políticos, legisladores e instituciones judiciales son vistas en términos negativos y, como ella misma apunta, los resultados en su combate han sido magros. País de leyes donde la impunidad es lo prevaleciente. No es fortuito que sólo 3.7 de cada 10 mexicanos apoyen la democracia.
El discurso del presidente Peña Nieto fue visto por quienes gritan en la gradería y quienes con sus decisiones mueven el Producto Interno Bruto, como una negación al problema que agobia, por percepción y por evidencias, la corrupción. Avanza sin freno y la pregunta es cuándo explotará. No será probablemente en México. ¿Vendrá del exterior? Guatemala es un estudio de caso para los mexicanos. En 2012, el gobierno guatemalteco y la Organización de las Naciones Unidas acordaron crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, como un órgano independiente para apoyar a las instituciones de procuración y administración de justicia en la investigación de los grupos paramilitares y los aparatos clandestinos de seguridad.
La Comisión, encabezada por el venezolano Iván Velásquez, caminó por rutas paralelas, como la investigación de corrupción en el sistema aduanero, que produjo la captura de Pérez Molina la semana pasada, acusado de encabezar la organización criminal que llevó a cabo esos actos. En una entrevista de la agencia rusa Novosti en agosto pasado, Michael Mörth, uno de los artífices de la Comisión, dijo que cuando fue concebida, “siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”. Esto, claro, no podría ser posible si no hay una presión interna de las élites para que el gobierno accediera a ello. Las condiciones se dan cuando las élites en el poder se fracturan, como ha venido sucediendo en México. El presidente, o no lo percibe, o no lo quiere ver.
Sin embargo, la forma como se manejó en la televisión estadounidense los dos eventos, despierta el imaginario y se puede plantear como hipótesis que cuando menos en Estados Unidos, se ha vuelto una preocupación cada vez más notoria la corrupción en México. Basta ver el tratamiento de sus principales periódicos a los temas de conflicto de interés y corrupción en el gobierno mexicano en el último año. El formato que le dieron en la televisión a México y Guatemala evoca a la propaganda subliminal que la CIA utilizó contra Salvador Allende en Chile, Michael Manley en Jamaica, y contra el gobierno sandinista en Nicaragua.
No es una referencia obsoleta. A Allende y su gobierno, a través del periódico El Mercurio, lo vincularon primero con violencia y muerte, y más adelante lo desestabilizaron con informaciones manipuladas sobre su conflicto con el sector privado. Lo acusaron de comunista, como lo hizo la CIA contra Manley en el Daily Gleaner, y a los sandinistas a través de La Prensa, para debilitarlos y generar consensos en su contra. En todos esos casos las batallas se inscribían en la Guerra Fría. Hoy, los temas que preocupan en Estados Unidos son el Estado de Derecho, la certidumbre jurídica y la lucha contra la impunidad, que como recordó la doctora Casar en su investigación, tiene una correlación positiva con los niveles de violencia.
Guatemala no es México. Allá se está dando un ejemplo de intolerancia a la impunidad. Los últimos cinco meses previos a la caída de Pérez Molina, la sociedad se lanzó crecientemente a las calles para exigir castigo a los corruptos. En México los niveles de desaprobación presidencial siguen aumentando junto con el humor social, que registra sus peores niveles históricos. Todavía no se conectan las calles con las élites, pero cada vez se acercan más. Cuidado. Las llamadas de atención han sido regulares como para que todavía el presidente no quiera atenderlas.
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