Durante los años recientes los dirigentes de la CNTE han ordenado el bloqueo de calles y carreteras, la invasión de plazas públicas durante días, semanas o meses, el saqueo de comercios, la destrucción de oficinas gubernamentales y diversas propiedades públicas y privadas, la invasión de estaciones de radio y televisión, el sitio de aeropuertos, el secuestro de policías y militares, los enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden que en algunos casos han dejado muchos heridos y hasta algunos muertos.
Han obligado a la mayoría de los maestros bajo su control a dejar sin clases a millones de niños que de por sí enfrentan un futuro incierto.
Para financiar su movimiento utilizaron los recursos públicos que tenían a su disposición en vista de que eran ellos, los dirigentes de la CNTE, quienes tenían el control de los organismos públicos encargados del sistema educativo en diversos estados del país.
En Oaxaca, por ejemplo, los líderes de la Sección 22 de la SNTE, afiliada a la CNTE, eran quienes mandaban en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y por lo decidían el destino del presupuesto anual de ese organismo, que este año es de poco más de 22 mil millones de pesos.
Con esa cantidad de dinero les resultaba fácil contratar centenas de camiones de pasajeros para transportar a miles de maestros oaxaqueños a la Ciudad de México con el fin de bloquear calles, invadir el Zócalo, sitiar el Aeropuerto Internacional y pagar la manutención de esos docentes durante días o semanas en la capital del país.
Y mandaban y decidían hasta que en julio pasado el gobierno oaxaqueño, con el apoyo del federal, decidió desaparecer el IEEPO para volver a encargarse de la educación pública del estado por medio de un nuevo IEEPO.
Así, de un día para otro se quedaron sin sus 22 mil millones los dirigentes de la 22, y empezó el proceso de debilitamiento de la CNTE, proceso que ya está llegando a sus últimas consecuencias con el encarcelamiento reciente de siete de sus dirigentes de medio nivel que han sido acusados de cometer diversos delitos federales calificados como graves.
Cuatro de los arrestados han sido enviados a la dizque cárcel de alta seguridad del Altiplano, la misma de la que se fugó el aún prófugo Joaquín El Chapo Guzmán.
Falta ahora que sean arrestados los altos dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca, de la CETEG de Guerrero y de secciones de otros estados que han ordenado e incitado actos de violencia y destrucción y trastocado la de por sí precaria tranquilidad en muchas ciudades del país.
Los sondeos que se han realizado desde el martes pasado, día en que realizaron las primeras aprehensiones de estos corruptos y violentos dirigentes de la 22 señalan que por lo menos 75 por ciento de los mexicanos están de acuerdo en que, de comprobarse la culpabilidad de estos individuos, los manden a la cárcel durante muchos años.
Es decir, ¡que los manden al bote!
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