Esta semana una turba de 300 personas asesinó a dos hermanos que se identificaban como encuestadores en Ajalpan, estado de Puebla. Inicialmente los pobladores los acusaron de intentar plagiar a una menor y los entregaron a la policía municipal. Como los hermanos afirmaron que levantaban una encuesta sobre consumo de tortillas y mostraron gafetes de acreditación y los policías carecían de pruebas para inculparlos, la autoridad rechazó consignarlos. El rumor de que serían liberados provocó la indignación de la multitud, que en respuesta saqueó y quemó la alcaldía, vapuleó a los policías e incendió patrullas y terminó matando a golpes a los dos muchachos.
En los disturbios por temas raciales en Estados Unidos o en Francia es común observar en los noticieros que la gente rompe escaparates para extraer televisores y víveres de tiendas saqueadas. Toda película de ciencia ficción catastrofista que se precie incluye una escena similar, trátese de zombis o del arribo de un meteorito mortal. Lo que tienen en común todas estas situaciones es la percepción colectiva de que el orden institucional se ha detenido al menos temporalmente. Es decir, que el Estado y sus normas son inviables o ilegítimas por una razón u otra, y que la ley del clan, del grupo familiar o del individuo son las únicas que prevalecen.
Algo similar está sucediendo en México. El diario El Universal reporta que el año pasado se registraron ocho incidentes de este tipo; en 10 meses de 2015 llevamos 16 casos. Podría parecer un asunto menor en un país que desde hace una década registra más de 10.000 muertes anuales relacionadas con el crimen organizado, pero no es así. Acá hablamos de una reacción brutal y salvaje por parte de vecinos que no son muy distintos a muchos otros millones de habitantes.
Lo que tienen en común todos estos casos es el profundo hartazgo de los sectores populares en contra de una autoridad que no sólo es incapaz de protegerlos, sino que con frecuencia es percibida como el impedimento para que se haga justicia. No bastó con arrebatar por la fuerza a los detenidos; la furia acumulada llevó a quemar y saquear el palacio municipal, símbolo local del Estado mexicano.
Lo que está sucediendo cada vez con mayor frecuencia en Puebla, en el estado de México y en Oaxaca (entidades con la mayor incidencia de casos), son variantes de las brigadas de autodefensa en Michoacán. O en última instancia de la zona de refugio que encuentran los mexicanos en la economía informal, en el mercado pirata, en la sociedad subterránea. Más de la mitad de la población económicamente activa opera al margen de la formalidad.
Con frecuencia se habla de un Estado fallido haciendo alusión a la expansión incontenible del crimen organizado. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo que el Estado no ha sido rebasado en lo esencial. No todavía. En todo caso me resulta más preocupante la creciente ruptura que vemos entre los ciudadanos y la autoridad.
Hace algunas semanas me pregunté en este espacio por qué un hecho tan traumático como la desaparición de 43 estudiantes no había provocado una reacción más radical. No se tradujo en una irrupción de los ciudadanos en la política sino en algo peor, el desencanto absoluto por la política y por los canales que el sistema ofrece para expresar la inconformidad, incluyendo la calle. En el mejor de los casos la gente está haciendo su vida al margen del Estado, y cuando se ve confrontada, en contra de él. Me temo que está en curso una rebelión soterrada, de largo aliento y de muy difícil reparación.
@jorgezepedap
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/21/mexico/1445452646_907737.html
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