Raymundo Riva Palacio - El linchamiento ayuda a Kate

Por primera vez en la larga memoria, el Gobierno mexicano ha fijado al de Estados Unidos la agenda informativa en la investigación sobre los probables enlaces criminales de las celebridades de Hollywood. Lo marcó desde la mañana del 8 de enero, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto recibió la confirmación de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán de Vidal Soberón, Secretario de la Marina, y se decidió en una reunión del gabinete de seguridad en Los Pinos, que la vertiente sobre la industria del entretenimiento sería enfatizada en los días por venir en medios mexicanos seleccionados. Lo que siguió fue una catarata de información de inteligencia –prácticamente ninguna de ella puesta a disposición del ministerio público federal-, en la cual la perla más morbosa, insidiosa y de mayor combustible para el imaginario colectivo, fueron las conversaciones entre la actriz Kate del Castillo y el jefe del Cártel del Pacífico.

Las conversaciones difundidas en la prensa, resultado del trabajo de inteligencia del CISEN y la Marina, no tenían realmente una bala de plata que demostrara una relación criminal entre la señora Del Castillo y Guzmán. Un funcionario federal explicó que esos diálogos, una vez judicializados, entrarían a la investigación como piezas de un rompecabezas. Con la información que tenía la PGR, sugirió, esas conversaciones irían corroborando y confirmando las sospechas de que los vínculos entre ambos eran más que negocios coyunturales. Los medios habían servido como vehículos de excelencia para darle el pretexto a la PGR de abrir nuevas líneas de investigación a partir de las grabaciones publicadas.










Cuando se quitan los reflectores de la investigación y se disipa la tolvanera que levantó, varias preguntas quedan sin respuesta. Por qué, si las grabaciones son parte de la investigación y se supone que fueron intercepciones telefónicas autorizadas por un juez, fueron difundidas a través de la prensa. Por qué, si pueden ser utilizadas dentro de la averiguación previa, se entregaron a la prensa algunos de los segmentos más picantes y emocionalmente más perturbadores.

Queda la duda si, cuando anunció la PGR que las incorporaría en la averiguación, existe la posibilidad de que fueran grabaciones ilegalmente obtenidas, o si hay un interés oculto, personal o relacionado directamente con la investigación. En todo caso, la consecuencia de los materiales que tienen que ver con su fuero interno, en particular las conversaciones con un tono personal, han creado la impresión de que sí tuvo que ver con un criminal. Es decir, el juicio popular la encontró culpable.

En este punto, lo que fue un acierto del Gobierno al enfocar el tema post-captura de El Chapo en la industria del entretenimiento, con lo cual le dieron aire al tema, llenaron todos los espacios de opinión pública y evitaron que de un activo se convirtiera rápidamente en un problema por la falta de credibilidad oficial, se ha convertido en un búmeran. Llevar al tribunal popular a la señora Del Castillo, es permear que es culpable. Falta a la PGR demostrar los delitos por los que se le investiga y proceder en su contra, pero aún cuando se llegue a ello, en otras áreas del Gobierno, le hicieron un enorme daño al proceso. A la señora De Castillo le han violado sus derechos fundamentales.

Aún no se construye una acusación formal en su contra, y se están colocando los pilares para que se alegue, si llegara a darse el proceso, una violación al debido proceso. El caso de la señora Del Castillo es similar al de la francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada, a quien la Suprema Corte de Justicia dejó en libertad hace tres años por considerar que se le habían violado sus derechos fundamentales. La decisión se apoyó en el dictamen del ministro Arturo Zaldívar, que al describir la forma como se violaron los derechos de la francesa, lo llamó el “efecto corruptor”.

Entre las circunstancias que se consideran dentro del “efecto corruptor”, se encuentran que “la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio”, y que “la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte en forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión”. Esto conduce a que se vulnera la presunción de inocencia como regla de trato, por lo que el acusado no recibe un juicio justo.

El ministro Zaldívar apuntó en una de sus afirmaciones centrales: “Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra. Sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo”.

La señora Del Castillo no es la señora Cassez. La primera ni siquiera ha sido acusada de nada, mientras que la segunda ya había sido sentenciada. Sin embargo, lo que la Suprema Corte tomó como prueba de que se violaron sus derechos, lo que popularmente se conoció como “el montaje”, una recreación de su captura, es menos grave, se puede alegar, que las dos semanas de linchamiento mediático contra la actriz. Si llegara a ser acusada y procesada o no, resulta irrelevante en la esfera pública, donde ha sido sentenciada: culpable.

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