Medina no es lo que soñaba ser al término de su mandato: secretario de Gobernación. No entró a ningún cargo en el Gabinete durante los ajustes, y no está claro si sigue en los planes mediatos del presidente Enrique Peña Nieto. La derrota estrepitosa del PRI ante Rodríguez y las acusaciones de corrupción son factores que han pesado en su ambición truncada. El exgobernador sigue buscando estar cerca de Peña Nieto y frecuentemente se cuela sin invitación a sus juegos de golf, procurando a quienes están en el entorno cercano del Presidente. Está nervioso sobre su futuro y temeroso de ir a la cárcel. No se sabe por qué confía en el Presidente, que es lo que parece pensar Medina. Pero Peña Nieto, de acuerdo con toda la información recabada, no está dispuesto, cuando menos en principio, a meter las manos por él.
Funcionarios federales afirman que en uno de los primeros encuentros del Presidente con el gobernador entrante de Nuevo León, le preguntó qué haría con Medina. Rodríguez, de acuerdo con los funcionarios, respondió que si encontraba que habían cometido delitos él o su familia, los metería a la cárcel. Eso es, finalmente, lo único concreto que había ofrecido a los electores durante su campaña. Según los funcionarios, el Presidente le respondió que hiciera lo que considerara correcto.
El mensaje fue interpretado en el entorno del Gobernador como una señal clara de que Peña Nieto no intervendría para evitar un proceso judicial en contra de Medina. Si había hecho algo ilegal, tendría que pagar.
Como sucedió con Moreira, Medina y su familia está siendo investigada hace tiempo por el FBI y la DEA en tres países y dos continentes por lavado de dinero, que se inició cuando saltó el nombre del abogado Álvaro Briceño como represente legal en varias de las empresas de la familia. Briceño está vinculado a la investigación sobre Javier Villarreal, tesorero en el gobierno de Moreira en Coahuila, porque encontraron que varios depósitos del inculpado pararon en sus cuentas, quien ya se declaró culpable ante una Corte Federal en San Antonio. A Villarreal le rastrearon cuentas en las Bermudas; a los Medina, en las islas Caimán.
Cuando las primeras denuncias sobre el enriquecimiento inexplicable de los Medina fueron hechas dos semanas antes de las elecciones para gobernador el año pasado por Aldo Fasci, exlíder local del PRI y exsubprocurador en el gobierno de Natividad González Parás, el entonces gobernador dijo que una vez que terminara el proceso electoral respondería cada una de las acusaciones, pero nunca lo hizo. A unas semanas de terminar su mandato, Medina le ofreció al autor de esta columna toda la documentación para probar la inocencia de él y su familia, y las pruebas de que no tenían cuentas en las islas Caimán. Medina nunca aportó ni una sola prueba, ni un solo documento y tampoco volvió a tomar ninguna llamada.
El tiempo que ganó en aquel momento el exgobernador de Nuevo León, está por acabarse. A mediados de diciembre “El Bronco” nombró a Fasci agente del Ministerio Público en la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, como un recordatorio de que su promesa de campaña seguía firme. Información proporcionada por personas cercanas al gobernador Rodríguez aseguraron que la investigación contra los Medina está prácticamente terminada. La investigación, agregaron, tomó nueva fuerza con personas que conocen con detalle la forma como se realizaron las transferencias de dinero a bancos e instituciones financieras en las islas Caimán, San Antonio y Andorra.
La información proporcionada a Fasci, quien encabeza la investigación en México y tiene los enlaces con las agencias federales en Estados Unidos, involucra directamente al padre del exgobernador, Humberto Medina Ainslie, a su hermano y a amigos de la infancia del exmandatario, quienes presuntamente habrían utilizado sus empresas para las transferencias ilegales de dinero al exterior. No está claro aún si a Rodrigo Medina será alcanzado judicialmente en el caso que se está armando sobre el imperio inmobiliario de su familia. Pero en donde sí aparece relacionado es en las irregularidades en al menos dos adjudicaciones directas al propietario de un medio de comunicación regiomontano para desarrollar obras públicas, donde se le transfirieron varias centenas de millones de pesos, sin que se concluyeran los trabajos.
El futuro legal de Medina y su familia depende de la calidad de información sobre las transferencias irregulares de recursos y cómo se puede judicializar. Todo el blindaje presidencial que cree tener el exgobernador no deja de ser un castillo de naipes. La captura de Moreira es el ejemplo que rompe todo escudo institucional.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx, @rivapa
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/y-cuando-rodrigo-medina-1453278258
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