Pero, ¿qué hay detrás de la historia de esta joven mexicanoamericana que se ha convertido en un símbolo para grupos radicales y de autodefensa que la consideran víctima de acusaciones políticas? A Nestora Salgado la detuvieron en agosto de 2013 por denuncias de varias familias de la región de Olinalá, que aseguraban que se había llevado arbitrariamente a sus hijas e hijos, varias de ellas menores de edad, y esposos, a los que mantenía retenidos por varias semanas con el pretexto de que iban a ser “reeducados” –cualquier cosa que eso signifique– y a los que, para liberar y devolver a sus familiares, pedía pagos que iban de los 5 mil a los 20 mil pesos, según las declaraciones de al menos cuatro testigos, cuyos testimonios figuran en la averiguación previa DGPA/136/2013.
Tras ser detenida por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, el 21 de agosto de 2013 a las 17:30 horas, a petición de la Fiscalía de Guerrero y con base en la orden de aprehensión dictada por un juez, las autoridades reportaron haber encontrado, entre el 22 y el 23 de agosto, encerrados en las “casas de justicia” de la policía comunitaria de Olinalá, al menos a 42 víctimas, además de que en las denuncias en su contra, hechas por familiares, se menciona a cuatro mujeres menores de edad de 11, 13 y 17 años, y a cinco jóvenes más que llevaban semanas y meses retenidos para ser sometidos a “procesos de reeducación”. Algunas de las víctimas, especialmente las menores de edad, testificaron haber sido sometidas a labores de trabajos forzados, como labores en tierras y campos –propiedad de algunos miembros de la policía comunitaria– e incluso a “tocamientos” e “insinuaciones” por parte de elementos de esa organización.
En las denuncias contenidas en la averiguación previa DGPA/136/2013, de la que tiene copia esta columna, se menciona a 10 denunciantes, además de cuatro testigos. Todos ellos declaran haber recibido llamadas telefónicas de Nestora Salgado, o a nombre de ella, o visitas y amenazas de grupos de policías comunitarios que actuaban en su nombre, en los que les pedían cantidades de entre 5 mil y 20 mil pesos, o en un caso 30 cabezas de ganado a cambio de liberar a familiares de su detención para “reeducación”.
Cuando la detuvieron y la trasladaron a un penal en Acapulco, Nestora nunca mencionó en sus primeras declaraciones (según consta en documentos oficiales) dos cosas que después serían el argumento principal para su defensa y posterior liberación: primero que se hubieran violentado sus derechos humanos, y segundo que tuviera la nacionalidad norteamericana, lo que posteriormente dio pie a alegatos de fallas al debido proceso por no haber contado con asistencia consular. ¿Por qué, entonces, los jueces que la exoneraron, en primera instancia no encontraron “elementos” para acreditar los delitos que se le imputaban?
NOTAS INDISCRETAS… El periodista Enrique Rodríguez envió carta a esta columna sobre los señalamientos de actas administrativas abiertas en la Suprema Corte de Justicia en su contra por acoso sexual. “No existió ni existe ninguna denuncia hacia mí, por acoso sexual”, afirma y señala que si hay procesos abiertos “no son sobre hechos propios imputables a mi persona”. Rodríguez, quien recientemente fue designado director de Comunicación Social de Profeco, asegura que, después de un año de haber entregado su cargo en la Corte, nunca fue llamado a comparecer por denuncias en su contra, luego de que él mismo pidió una investigación tras su renuncia. Sobre otros temas, como el que se haya encontrado droga en escritorios de colaboradores suyos, menciona que “será responsabilidad de los imputados responder a ellos”. Finalmente, el funcionario asegura haber sido objeto de “una campaña de insidias y calumnias” y reivindica que no tiene “impedimento legal alguno para laborar en institución pública o privada”… Los dados abren con Escalera. La semana promete.
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