El litigio que viene está claro: México insistirá en su indagatoria para probar que los estudiantes están muertos, en tanto que la CIDH reiterará en que siguen desaparecidos porque ello permitiría ir a tribunales internacionales penales.
Si alguna duda había de que la estrategia de la CIDH-GIEI era más sistémica que de vigilancia de los derechos humanos en México, fue la alianza con estructuras de dominación imperial: la precandidata demócrata Hillary Clinton sacó el tema de Ayotzinapa aunque no sabía que habían sido 43 los normalistas asesinados y no 42 como ella declaró y el The New York Times el sábado violó sus sagradas reglas éticas al publicar en primera plana y como noticia principal la versión del GIEI sin ofrecer la versión mexicana, usando la palabra obstrucción, que es delito en los EE.UU.
El objetivo central del GIEI-CIDH fue siempre político, en función de los intereses antisistémicos de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH. En todos sus reportes eludió una explicación completa de los momentos reales en que se violaron los derechos humanos de los normalistas; para el GIEI el caso Ayotzinapa comenzó después de su arresto y asesinato; luego de muchas presiones, en su segundo informe reconoció acción concertada de las policías municipales de la zona Iguala, Cocula y Huitzuco, aunque sin acreditar responsabilidades directas a las autoridades municipales y policiacas que detuvieron a los estudiantes.
La intención del GIEI-CIDH fue negar la versión oficial de la incineración de cuerpos en un basurero de Cocula. Pero ya en la versión II los expertos dijeron que no había “suficientes pruebas” de esa incineración, aceptando en principio la posibilidad.
El desgaste del GIEI y su falta de profundidad pericial en la investigación dejaron el expediente abierto pero sin acreditar responsabilidad federal; eso sí, los gobiernos municipales y estatal del PRD fueron marginados de cualquier responsabilidad en la violación de derechos humanos, aunque la orden de detener a los estudiantes fue del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca.
La estrategia política del GIEI deja el expediente abierto y resalta la negativa mexicana a subsidiar una nueva fase para investigar lo mismo y llegar a las mismas conclusiones. Con ello, el expediente puede pasar a tribunales internacionales que no juzgan violaciones y víctimas sino delitos penales.
La presencia del GIEI-CIDH derivó en un asunto de Estado.
Ahora lo que viene es el litigio en tribunales internacionales. Las recomendaciones del Grupo son cumplibles, pero en el entendido de que ahí no estará el verdadero conflicto por venir: Álvarez Icaza, el GIEI y la CIDH van a elaborar una denuncia para acusar al gobierno mexicano de delitos de lesa humanidad.
La clave se localiza en el hecho de que los tres se han negado a aceptar la tesis oficial de que los 43 están muertos, porque la categoría de desaparecidos no prescribe e involucra una acción de Estado. Una acusación de desaparecidos en México abriría un expediente en tribunales penales internacionales contra autoridades mexicanas. Este es el siguiente objetivo de Álvarez Icaza.
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Política para dummies: La política es la soberbia del poder que ni al poder escucha.
Sólo para sus ojos:
Los que quieran analizar a fondo las expectativas electorales de las elecciones de gobernador deben atender a las agendas específicas locales, no a la manipulación mediática. Y desde luego, al aparato electoral de cada candidato.
En los EE.UU. hablan ya de un empate técnico en las encuestas electorales si los candidatos fueran Hillary Clinton y Donald Trump. Ello querría decir que Trump tendría más posibilidades de ganar porque la preferida hace un año era Hillary.
Por cierto, la televisión estadunidense ha captado a Hillary con una persistente tos que le impide hacer discursos. Y en los electores es clave la salud de los aspirantes.
Preocupación en el entorno del dirigente panista Ricardo Anaya porque ya perdió su aureola política. Y ya no lo ven como aspirante serio al 2018.
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