La Procuraduría General de la República estableció en noviembre de 2014 que los sicarios de Guerreros Unidos hicieron desaparecer los cuerpos de los 43 normalistas (o una parte de ellos) mediante una inmensa hoguera en el citado vertedero. Esta versión, que el entonces procurador general calificó de “verdad histórica”, fue rechazada desde el principio por los familiares de las víctimas. Sus dudas recibieron el respaldo del equipo argentino, cuyo informe, aunque sin facilitar un relato alternativo, desacreditaba la reconstrucción oficial. Su contundencia generó una fuerte polémica y sirvió de base, junto a las conclusiones de una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), para poner contra las cuerdas a la Procuraduría.
La reacción no tardó en llegar. Tras la polémica, la Procuraduría y la comisión de la OEA acordaron formar un equipo de seis especialistas de renombre internacional para analizar las trazas de fuego en Cocula y cerrar la crisis con una conclusión definitiva. Esta se hizo pública el viernes y venía a dar la razón a la versión oficial: en el vertedero se había registrado un incendio de grandes dimensiones, donde al menos 17 adultos habían sido incinerados. Además, los expertos dejaban abierta la puerta a un estudio de mayor escala para determinar si la totalidad de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa habían sido quemados ahí.
Este resultado ha hecho tambalear la investigación del equipo forense argentino. Por ello, rápidamente emitieron un comunicado en el que, pese a no haber tenido acceso al informe de los expertos, tratan de minimizar su alcance mediante dos argumentos básicos. El primero es que, a juicio de los peritos australes, el panel de especialistas no especifica cuándo ocurrió el incendio, lo que abre las puertas a que se trate de un fuego anterior. La Procuraduría, sin embargo, en una nota oficial ha especificado que el estudio se refiere a un fuego ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, fecha de la desaparición de los normalistas.
En segundo lugar, el equipo argentino insiste en que, a su entender, no se cuenta con ninguna evidencia sobre a quién corresponden los restos humanos recuperados en el basurero de Cocula, ni cuándo fueron depositados en dicho lugar. La Procuraduría, que no ha hecho públicos los datos en que se basan los expertos para emitir su juicio final, ha recordado que la comisión visitó el lugar de los hechos y tomó en consideración el trabajo previo del equipo argentino para establecer sus conclusiones. Las espadas, como se ve, siguen en alto.
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/03/mexico/1459644916_310665.html
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