Y, en efecto, la voz popular sabe que no pocas organizaciones civiles –que dicen defender libertades y derechos fundamentales–, en los hechos son una mafia amparada en los derechos humanos para amasar fortunas a cambio de liberar a los peores criminales.
Pero hay más. A la ofensa por la impunidad que regalan los derechos humanos al crimen organizado se agrega el agravio a los ciudadanos todos, ya que gracias a la legislación a favor “de las víctimas”, secuestradores y criminales en general –en complicidad con Derechos Humanos– obtienen cantidades millonarias para la supuesta “reparación del daño”.
Y de esa burla al Estado –a los ciudadanos, razón del Estado–, nos ocuparemos a partir de hoy con un caso emblema.
Resulta que el 16 de junio de 2009, cuatro secuestradores fueron detenidos en flagrancia en Playas del Rosarito, Baja California; Ramiro Ramírez Martínez, (a) “El Rambo”, de 24 años; su hermano Rodrigo “El Gordo”, de 26; Orlando Santaolaya Villarreal, “El Chuletas”, de 23, y Ramiro López Vázquez, de 25.
Durante la detención, la Sedena incautó mil 662 cartuchos, 20 armas AK-47 y AR-15, además de 278 cargadores, dinero en efectivo, vehículos y equipo táctico. Tenían secuestrado a un hombre de casi 70 años, de nombre Fernando.
Los detenidos integraban una célula criminal al servicio de Ángel Jácome Gamboa, “El Kaibil”, detenido en marzo de ese mismo año. A su vez, “El Kaibil” respondía a Teodoro García Simental, “El Teo” –motejado como “El Pozolero”–, a quien autoridades identifican como enlace del cártel de Sinaloa, en Baja California.
El 17 de julio de 2009, un mes después de la detención, la mamá de Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez argumentó tortura contra sus hijos. Estaba asesorada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Esa ONG –organización civil que dice defender los derechos humanos pero, en realidad, sirve al crimen organizado–, presentó queja ante la CNDH en la que acusó supuesta detención arbitraria por elementos de la Sedena y que los secuestradores habían sufrido supuestos abusos: toques eléctricos, golpes, maniobras de asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, daños físicos causados en dedos y uñas, heridas en la mandíbula y maltrato psicológico.
Según el expediente CNDH/2/2009/3-313/Q –concluido el 30 de octubre de 2009–, la autoridad judicial determinó que no se contó con elementos de prueba para acreditar las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el 7 de octubre de 2015, la CNDH realizó la recomendación No. 33/2015 por violación a los derechos humanos, al secretario Salvador Cienfuegos y a la procuradora Arely Gómez.
Curiosamente, el 14 de octubre de 2015, el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU exhortó al Gobierno mexicano para liberar a los secuestradores e investigar a “los responsables de la tortura”, mientras abogados de los secuestradores acudieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para tramitar la reparación del daño. Es decir, algo así como 40 millones de pesos para los secuestradores del dinero público.
Como queda claro, la defensa de los Derechos Humanos se pudrió y se ha convertido en negocio de impunidad al crimen organizado y de pingües ganancias para abogados de organizaciones como la CMDPDH y pillos incrustados en la propia CNDH.
¿Por qué la CNDH se presta a esa corrupción?
Al tiempo.
Mañana: “Derechos humanos; negocio que llega al cielo”,
Leído en http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/derechos-humanos-arma-que-defiende-al-crimen-organizado-1460365810
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