Nos han dicho que 37 de ellos eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgo mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, también en Guerrero. También se nos ha informado que los otros seis no eran estudiantes y que uno de ellos, el que apodaban Cochiloco, era un activista político que actuaba en esa escuela.
Está establecido que los 43 formaban parte de un contingente mayor de estudiantes y que viajaban a bordo de cuatro autobuses de pasajeros que habían secuestrado cuando fueron agredidos a balazos por policías municipales igualtecos, y que a ellos les tocó ser aprehendidos por esos policías para luego ser desaparecidos y seguramente asesinados por miembros de la policía municipal de Cocula y sicarios del cártel Guerreros Unidos.
Se nos ha dicho que los cadáveres de los 43 fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula y que los restos calcinados de la mayoría de ellos fueron puestos en bolsas de basura para luego ser arrojados al Río San Juan, cercano al tiradero de basura.
Lo arriba anotado concuerda con lo que ahora se conoce como la verdad histórica de los hechos, dada a conocer el 27 de enero de 2015 por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. El problema es que, aparte de esa dizque verdad histórica, existen otras versiones de lo que ocurrió durante aquella terrible noche septembrina.
Los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que eran cinco los autobuses en que viajaban los 43.
Peritos contratados por dichos expertos y otros especialistas aseguran que es imposible que se pudieran incinerar los 43 cadáveres en el basurero de Cocula. Afirman que no hay indicios de que eso ocurriera. Explican que incinerar 43 cuerpos no es algo fácil de realizar y menos con el procedimiento que supuestamente utilizaron los sicarios que confesaron haber realizado tan abominable acto.
Los mismos expertos de la CIDH han denunciado que algunas de las confesiones de los supuestos autores materiales del secuestro y homicidio masivo fueron obtenidas mediante la aplicación de torturas. Normalistas sobrevivientes dicen que su viaje a Iguala fue con el propósito de obtener dinero para pagar sus viajes a la Ciudad de México en donde participarían en las manifestaciones conmemorativas de la matanza del 2 de octubre de 1968. Que nunca tuvieron la intención de agredir al presidente municipal perredista y su esposa.
En fin, son tantas las versiones de que sucedió esa noche en Iguala, en Cocula y en otros lugares de Guerrero que resulta imposible saber lo que realmente ocurrió. La versión de la PGR y de Murillo Karam están desacreditadas ante la opinión pública. Los expertos de la CIDH tampoco resultan ser confiables. Tal vez hora de que el Poder Legislativo nombre una comisión investigadora con amplias poderes e integrada por personas de intachable reputación para que investigue que es lo que realmente ocurrió el 26 de septiembre de 2014.
Mientras eso no suceda, la confusión prevalecerá y la credibilidad del gobierno federal seguirá yéndose a pique.
Leído en http://www.criteriohidalgo.com/a-criterio/confusion
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