miércoles, 5 de octubre de 2016

Rubén Cortés - Castrochavismo

Para quienes creen que los problemas del mundo se resuelven con unos folios de buenas intenciones, es propaganda de la época del Muro de Berlín el pronóstico de que Colombia va al “castrochavismo” si aprueba una paz sin justicia contra la guerrilla comunista.

Pero ayer las FARC adelantaron cuánto creen en la voluntad popular si se convirtiesen en partido (sin antes pagar por sus crímenes y violaciones a los derechos humanos), al sugerir que no sea reconocido el resultado del referéndum que perdieron el domingo por 53 mil 896 votos.

La guerrilla propagó en Twitter  y Facebook  que el documento donde firmaron la paz con el gobierno tiene estatus de “Acuerdo Especial” y que fue depositado como garantía internacional ante el Consejo Federal Suizo en Berna, por lo que tiene un “innegable e irrevocablemente efecto jurídico”.









Es decir, en la jerga del ordeno y mando de los sistemas totalitarios, su advertencia recuerda que las decisiones se pueden tomar desde arriba, impidiendo la intervención de los ciudadanos y controlando todos los aspectos de la vida del Estado.

Eso aclara por qué las negociaciones tuvieron a La Habana como sede única. ¿Por qué si la guerrilla comunista ahora confía tanto en la históricamente neutral Suiza sólo aceptó negociar la paz en la históricamente autoritaria La Habana, desde donde es tripulada hace 52 años?

En realidad por lo que votaron en contra los colombianos fue por una paz sin justicia. Votaron contra la violencia. El máximo promotor del NO, el expresidente Álvaro Uribe, lo ejemplificó de manera muy contundente antes de emitir su voto, mostrando la imagen de un secuestrado de la guerrilla:

 “A la comunidad internacional le pregunto si un país democrático daría elegibilidad a alguien que puso un collar bomba a un secuestrado. A los jóvenes les digo: la paz es ilusionante pero el texto de La Habana decepcionante”.

Una condena a la violencia que debería ser atendida también aquí, donde Morena tiene una iniciativa en la ALDF para librar de penas y procesos a detenidos, consignados y sentenciados por actos vandálicos, incluido uno condenado a 33 años por quemar el Metrobús en Ciudad Universitaria.

La idea es liberar de toda acción penal y de sanciones a 389 detenidos por ataques a la paz pública, daños a la propiedad y agresiones a policías desde el 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015 mediante un decreto de amnistía.

Entre ellos figura también otro que intentó incendiar la dirección del CCH Naucalpan, con una maestra embarazada adentro, golpeó a seis vigilantes de la UNAM y destrozó el campus. ¿Se debe amnistiar a alguien que quiso quemar viva a una mujer embarazada? No.

El asunto no es el “qué” de las amnistías.

Es el “cómo”.

ruben.cortes@razon.com.mx
Twitter:
@ruben_cortes


Leído en  http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=323771

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