Para quienes creen que los problemas del mundo se resuelven con unos
folios de buenas intenciones, es propaganda de la época del Muro de
Berlín el pronóstico de que Colombia va al “castrochavismo” si aprueba
una paz sin justicia contra la guerrilla comunista.
Pero ayer las FARC adelantaron cuánto creen en la voluntad popular si
se convirtiesen en partido (sin antes pagar por sus crímenes y
violaciones a los derechos humanos), al sugerir que no sea reconocido el
resultado del referéndum que perdieron el domingo por 53 mil 896 votos.
La guerrilla propagó en Twitter y Facebook que el
documento donde firmaron la paz con el gobierno tiene estatus de
“Acuerdo Especial” y que fue depositado como garantía internacional ante
el Consejo Federal Suizo en Berna, por lo que tiene un “innegable e
irrevocablemente efecto jurídico”.
Es decir, en la jerga del ordeno y mando de los sistemas
totalitarios, su advertencia recuerda que las decisiones se pueden tomar
desde arriba, impidiendo la intervención de los ciudadanos y
controlando todos los aspectos de la vida del Estado.
Eso aclara por qué las negociaciones tuvieron a La Habana como sede
única. ¿Por qué si la guerrilla comunista ahora confía tanto en la
históricamente neutral Suiza sólo aceptó negociar la paz en la
históricamente autoritaria La Habana, desde donde es tripulada hace 52
años?
En realidad por lo que votaron en contra los colombianos fue por una
paz sin justicia. Votaron contra la violencia. El máximo promotor del
NO, el expresidente Álvaro Uribe, lo ejemplificó de manera muy
contundente antes de emitir su voto, mostrando la imagen de un
secuestrado de la guerrilla:
“A la comunidad internacional le pregunto si un país democrático
daría elegibilidad a alguien que puso un collar bomba a un secuestrado. A
los jóvenes les digo: la paz es ilusionante pero el texto de La Habana
decepcionante”.
Una condena a la violencia que debería ser atendida también aquí,
donde Morena tiene una iniciativa en la ALDF para librar de penas y
procesos a detenidos, consignados y sentenciados por actos vandálicos,
incluido uno condenado a 33 años por quemar el Metrobús en Ciudad
Universitaria.
La idea es liberar de toda acción penal y de sanciones a 389
detenidos por ataques a la paz pública, daños a la propiedad y
agresiones a policías desde el 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre
de 2015 mediante un decreto de amnistía.
Entre ellos figura también otro que intentó incendiar la dirección
del CCH Naucalpan, con una maestra embarazada adentro, golpeó a seis
vigilantes de la UNAM y destrozó el campus. ¿Se debe amnistiar a alguien
que quiso quemar viva a una mujer embarazada? No.
El asunto no es el “qué” de las amnistías.
Es el “cómo”.
ruben.cortes@razon.com.mx
Twitter: @ruben_cortes
Leído en http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=323771
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