¿Están dispuestas las principales fuerzas políticas a avanzar en un eventual gobierno de coalición? Si nos atenemos a los firmantes del desplegado del lunes habría que concluir que muy probablemente sí, pero en realidad lo que se sigue imponiendo es la máxima de que el poder no se comparte.
No nos engañemos, no se requiere ni ley ni reforma alguna para establecer un gobierno de coalición en México. Se podría haber hecho perfectamente en el pasado y ningún instrumento legal lo impide: se trata sólo de contar con la voluntad política para hacerlo. Pero esa voluntad no existe o es escasa. Como hemos dicho, en los hechos, se logró una importante coalición legislativa entre 1991 y 1993 en la segunda mitad del gobierno de Carlos Salinas, cuando se dio la última gran etapa de reformas estructurales en el país. En el sexenio siguiente, Ernesto Zedillo intentó ir más allá, negociando con el PAN la Procuraduría General de la República, que iba a ser para Fernando Gómez Mont, pero unos días antes de la toma de posesión descubrieron que Fernando, entonces mano derecha de Diego Fernández de Cevallos, no tenía la edad mínima (35 años) para ser procurador, y quedó en su lugar, por acuerdo con el PAN, Antonio Lozano Gracia. Pero vino la crisis y el PAN (dirigido por un Carlos Castillo Peraza que no quería acuerdos con el PRI) no quiso asumir costos y abandonó todos los acuerdos legislativos con el gobierno: rechazó, entre otras, las reforma de pensiones, la energética y la fiscal (que, como debe ser, ahora propone el PAN desde el gobierno mientras el PRI no las acepta). Vicente Fox ganó con una coalición electoral mucho más amplia que la que aparecía en el papel, pero la misma no tuvo trascendencia alguna en el ámbito legislativo.
Felipe Calderón quería un gobierno de coalición, lo dijo abiertamente apenas pasadas las elecciones de 2006. Lo entrevisté el 12 de julio de aquel año: le pregunté cómo esperaba gobernar. Me dijo que “se puede construir una alianza legislativa en la estructura de un gobierno de coalición que permita tener mayoría en torno a un programa de gobierno consensuado, un programa que quiero negociar con la oposición incluso antes de tomar posesión. Eso no lo intentamos con el presidente Fox y yo lo quiero hacer, quiero construir un gobierno de coalición a partir de negociar sobre la mesa programas de gobierno e incluso estoy dispuesto a negociar la integración del gabinete, siempre y cuando esto implique un apoyo legislativo estable y permanente”. Seguimos platicando sobre lo que vendría y acerca del gobierno de coalición que proponía construir con los otros partidos, incluido el PRD de López Obrador. Dijo que el programa de gobierno se tendría que articular en torno a esa coalición amplia y que “la esencia de la transición debía ser un programa de gobierno compartido, el cual voy a negociar de aquí al primero de diciembre”. Le pregunté cuáles serían sus objetivos en los primeros cien días de gobierno y la respuesta no pudo ser más clara: primero “el propio gabinete, el gobierno de coalición. Este debe ser un logro claro” (ver el libro Calderón Presidente, editorial Grijalvo, 2007, páginas 125 y subsecuentes).
No pasó nada. La respuesta del PRD fue el plantón de Reforma y el Centro Histórico y el gobierno legítimo de López Obrador. El PRI desechó públicamente eso. Nunca hubo gobierno de coalición y nunca antes había habido una propuesta tan explícita para construirlo.
No veo que las cosas sean ahora diferentes. El diagnóstico que estamos haciendo sobre el tema es exactamente el mismo que se ha hecho desde que no existen mayorías legislativas, o sea, desde 1997, hace ya catorce años. Y las coaliciones se construyen desde el poder. Y salvo la intención de Calderón en 2006, no hay voluntad política de avanzar en ese camino. Se podrá argumentar que muchos de los principales dirigentes del PRI, del PAN y del PRD apoyan la propuesta de la reforma de los gobiernos de coalición (aplaudible en muchos sentidos, pero innecesaria en términos legales para realmente construir un gobierno de coalición).
Pero es una verdad a medias, desde el momento en que la dirigencia nacional del PRI y sobre todo Enrique Peña Nieto no la apoya. Tampoco López Obrador. Y no lo hacen porque para hacer operativa esa reforma se impulsa la creación de un primer ministro que surgiría de esa coalición. Y nadie con posibilidades reales de ganar querrá negociar antes de la elección una ración muy considerable de un poder que aún no está en sus manos. Y no la apoyan porque tanto Peña como López Obrador (y si lo analizamos, a partir por ejemplo de la propuesta de la segunda vuelta, también el presidente Calderón) prefieren el sistema presidencialista al parlamentario. ¿Pueden pensar en coaliciones? Sí, responderán, después de ganar las elecciones. El poder, dicen los viejos políticos, no se comparte. Y no se puede compartir lo que no se tiene.
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