Con
el gobierno de Felipe Calderón, los estrategas militares estadunidenses
obtuvieron
vía
libre para sus acciones de “contranarcoterrorismo” en territorio mexicano. Con
esa
bandera
desplegaron aquí a tres agencias del Pentágono, obtuvieron un presupuesto
inusualmente
alto, convirtieron los mecanismos de cooperación bilateral en un negocio
para
la industria militar privada de Estados Unidos y además nombraron agregado
militar en su embajada al contralmirante Colin J. Kilrain, un hombre con
dilatada experiencia en “operaciones especiales”.
La guerra del presidente Felipe
Calderón a los narcotraficantes abrió un nuevo mercado para la industria militar de Estados
Unidos: empresas privadas de ese poderoso sector han obtenido
millonarios
contratos del gobierno de ese país para fabricar y
proveer de equipo y material bélico a México.
La presencia de esas empresas es sólo una vertiente de la
creciente participación del Departamento de Defensa en la política exterior de
Estados Unidos hacia México. Desde 2010 el Pentágono tiene a tres agencias de
inteligencia en territorio mexicano, autorizadas por el gobierno de Calderón, cuya
guerra al narco es considerada por el país vecino como uno de sus conflictos bélicos en
el mundo.
El Pentágono ha previsto la posibilidad de un atentado
terrorista contra intereses estadunidenses en o desde México. El 12 de diciembre
pasado el Departamento de Defensa anunció que enviaba a un experto en terrorismo
internacional como agregado militar y oficial en jefe de Defensa de su embajada.
Se trata del contralmirante Colin J. Kilrain, quien hasta
esa fecha era director encargado de combate al terrorismo en el Consejo de
Seguridad Nacional de Estados Unidos, que depende directamente del presidente y
tiene injerencia directa en la política exterior. Kilrain ha participado en numerosas operaciones militares
en los Balcanes, el Golfo Pérsico, Irak y Afganistán. En la segunda mitad de
los ochenta participó en
la operación naval para proteger los tanques petroleros
de Kuwait de posibles ataques de Irán durante la guerra de este país con el Irak de
Hussein.
Al terminar la Guerra Fría, Kilrain estuvo destacado en
la Marina alemana y de ahí pasó al Grupo Especial de Guerra Naval en la
intervención militar de su país en Haití. Aprovechando que además del alemán domina el
español, entre 1995 y 1997 lo asignaron a Panamá. Los siguientes dos años permaneció
de nuevo en Alemania como jefe ejecutivo de la Unidad Especial de Guerra Dos,
de la Marina, y a fines de los noventa, después de la guerra de los Balcanes
provocada por la disolución de Yugoslavia, fue comandante naval en la zona.
Tras los atentados terroristas de Al Qaeda, en Nueva
York, en septiembre de 2001, Kilrain fue comisionado a la Oficina de Contraterrorismo del
Departamento de Estado, donde se encargó de las operaciones del Equipo de Apoyo
de Emergencia Extranjera. Después llegó a Filipinas y Yemen para apoyar la
Operación Libertad Duradera, como se conoce a la intervención militar de Estados Unidos en
Afganistán. De ahí pasó
a Puerto Rico en calidad de comandante de la Unidad
Especial de Guerra Cuatro. Regresó a Afganistán como director de la coalición
internacional en apoyo de la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales Conjuntas y
posteriormente se integró a la Operación Libertad para Irak, desde donde coordinaba
acciones en Pakistán. En 2008 asumió el puesto de comandante de todas las
unidades Seal de la Marina
a lo largo de la costa Este de Estados Unidos. Las Seal –acrónimo
de sea, air and land: mar, aire y tierra– son los
equipos de élite de la Marina considerados los más En
el Consejo de Seguridad Nacional de su país, el ahora agregado militar estuvo al frente de la oficina de combate al
terrorismo, según informaron el pasado
12 de diciembre el secretario de la Marina Ray
Mabus y el jefe de Operaciones Navales, el almirante Jonathan Greenert, al
anunciar la designación de Kilrain en México.
Negocios en el frente sur
Con la Iniciativa Mérida como justificación,
el gobierno de Calderón acordó con el de Barack Obama la apertura en México de
una Oficina Bilateral de Inteligencia, con la presencia de nueve agencias civiles y
militares de su país (Proceso 1776). De ellas el Pentágono es la que tiene más
agencias en la oficina de Paseo de Reforma 265, en la Ciudad de México, a un costado de
la embajada estadunidense.
El Departamento de Defensa logró con Calderón
lo que siempre buscó: realizar labores de inteligencia y espionaje en México
con el consentimiento gubernamental.
Desde hace más de un año operan en el país la
Agencia de Inteligencia Militar (DIA, sus siglas en inglés), la
Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
En el apartado dedicado a las “guerras en
curso” de Estados Unidos en el mundo, etiquetó esos recursos para “incrementar el
apoyo a las actividades en México” como parte de la guerra declarada por Calderón a
los cárteles del narco. La cifra está apenas por debajo de los mil 500 millones de
dólares solicitados para el Programa de Defensa Químico-Biológica y supera el
monto requerido para la producción de aviones.
Un reporte del Senado sobre el gasto del
gobierno estadunidenses en contratos relacionados con la lucha antinarcóticos en
América Latina, fechado en junio de 2011, establece que entre 2005 y 2009 México
fue el segundo país de la región con más contratos del Departamento de Defensa
y del Departamento de Estado,
después de Colombia. El país sudamericano
tuvo contratos por mil 900 millones de dólares, contra 170 millones
de México. En el reporte se aclara que en realidad la cifra es mayor porque hay
otros contratos que abarcan a distintos países, entre ellos México.
Elaborado por el subcomité de Contratos en el Extranjero,
del Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales, el informe evidencia
que en el sexenio de Calderón más contratos han amarrado las empresas estadunidenses,
y que la cifra más alta se alcanzó en 2008, con 64 mil 400 millones de
dólares.
Precisó que el incremento del gasto coincidió con el
inicio de la Iniciativa Mérida, que implicó un paquete de ayuda de mil 400 millones de
dólares para México y América Central en asistencia contra el narcotráfico y
la delincuencia organizada.
El acercamiento del gobierno de Calderón a la política
militar de Estados Unidos ha beneficiado a empresas de aviación, defensa electrónica,
telecomunicaciones, logística y servicios de ingeniería contratadas principalmente
para proveer a la Marina Armada de México.
De acuerdo con la página de internet del Departamento de
Defensa, los contratos con México no tienen precedentes significativos en la
relación bilateral reciente. Antes de diciembre de 2006, cuando Calderón
asumió la Presidencia, el Pentágono había contratado a empresas privadas de la
industria militar de manera esporádica y marginal en relación con México.
Entre 1995 y 2005 sólo aparecen seis contratos con dichas
empresas: tres son para manufacturar piezas para el Ejército y la Marina
estadunidenses en Tijuana y Ciudad Juárez; los otros tres forman parte de la ayuda
militar de Estados Unidos a distintos países, y en ellos México participa con
porcentajes menores.
Ya con Calderón como gobernante, la industria militar
privada de ese país logró contratos específicos para México. Según su página
de internet, el Departamento de Defensa ha asignado ya 13 contratos en lo que va del
sexenio.
No todos son para la guerra contra el narcotráfico:
algunos han sido para la maquila de piezas para las fuerzas armadas estadunidenses
y otros para levantar bardas en la frontera.
Ningún año del gobierno de Calderón ha pasado sin que el
Pentágono haya contratado a una empresa para reaconverlizar actividades
vinculadas con México. El 15 de diciembre de 2006, la Agencia de Logísticas de
Defensa –encargada de proveer apoyo logístico de combate al Pentágono, tanto en tiempos
de guerra como de paz– le dio un contrato por 12 millones 487 mil dólares a
la empresa Aero Company, de Indianápolis, para elaborar tapones de armas de combate
en San Luis Potosí.
En septiembre de 2007, la Marina de Estados Unidos hizo
otro contrato de maquila para México; fue por casi 145 millones de dólares y con
la empresa Lockheed Martin Simulation, Trainning
and Support, de Orlando, Florida. El contrato, que concluye en septiembre de 2012,
consistió en la elaboración de
un nuevo sistema logístico para vehículos militares en
plataformas de la Marina estadunidense.
Según informó el Departamento de Estado, 35% del trabajo
de maquila se realiza en La Mesa, Tijuana. El resto en Florida y Minneapolis.
En julio y agosto de 2007, el Ejército de aquel país hizo
dos contratos con la empresa Sundt Construction, de Phoenix, Arizona, por 42 y 31
millones de dólares, respectivamente, para el diseño y construcción de
barreras permanentes, así como caminos de acceso y monitoreo en la frontera con México.
En enero de 2008, el Departamento de Defensa le dio un
contrato por casi 9 millones de dólares a la empresa Multinational Logistic Services
Limited, de la isla de Malta, en el Mediterráneo, para dar servicios de apoyo a la
Marina y al gobierno estadunidenses en puertos comerciales de Canadá, México, el
Caribe, y Centro y Sudamérica. El contrato no especifica los puertos mexicanos implicados
en esas operaciones.
En julio de ese año, el Pentágono asignó el primer
contrato dirigido a combatir el narcotráfico y las posibles amenazas terroristas procedentes
de México. Fue para la empresa ITT Systems Division, de Colorado Springs, por
33 millones 697 mil dólares, y formó parte de un programa financiado por la
oficina Antinarcóticos, Contra Proliferación y Amenazas Globales de la
Subsecretaría de Defensa. El objetivo fue dotar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos
de capacidad de vigilancia por radar las 24 horas de los siete días de la semana. El
propósito del Pentágono es detectar objetivos de bajo nivel en la frontera con
México, el estrecho de Florida y el suroeste de Puerto Rico.
El programa se creó para apoyar las misiones
antinarcóticos y lo que define como “contranarcoterrorismo” que llevan a cabo
el Comando Norte y el Comando Sur de Estados Unidos. El contrato también benefició las
misiones del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte en su país. El Centro de Guerra en Superficie de la Marina
estadunidense contrató en septiembre de 2009 a la empresa Defense & Electronics, de
Arnold, Missouri, para producir lanzadores de cohetes. El contrato fue por 6 millones 473
mil dólares. Los lanzacohetes pueden ser utilizados en aviones de ala rotaria o fija, y
en su mayoría se destinaron a la Marina y a la Fuerza Aérea de Estados
Unidos, pero una parte se apartó para México, bajo el programa de Ventas Militares al
Extranjero. En la información pública no se especifica cuál institución mexicana obtuvo
los dispositivos bélicos.
Durante 2010, el Pentágono reportó el mayor número de
contratos para México. Dos fueron para entrega de equipo a la
Armada, uno para maquila y otro para el transporte de restos humanos de
militares estadunidenses que deban pasar por México.
El 6 de agosto de ese año entregó un contrato
por 35 millones de dólares a la empresa Sikorsky Aircraft Corp., de Stratford, Connecticut,
para la entrega de tres helicópteros UH-60M (Blackhawk) y tres plantas auxiliares
de los mismos para la Marina mexicana. El contrato está vigente hasta diciembre
de 2012.
Esa misma empresa obtuvo el 10 de septiembre
siguiente otro contrato por 36 millones y medio de dólares para la
entrega de otros tres Blackhawk a la Marina Armada de México, aunque esta vez
se trata de aparatos adaptados. En ambos casos el contratista fue el ejército
de Estados Unidos.
Mediante otro contrato, la Marina estadunidense
le encargó a la empresa JDS Uniphase Corporation, de Maryland, que
manufacture en su planta de Guadalajara equipos de prueba de protocolos de internet
usados en distintos sistemas de armas. El monto del acuerdo fue de 6
millones de dólares y el periodo establecido
fue de un año, pero podría extenderse hasta
agosto de 2015.
En noviembre de 2010, el Comando de
Transporte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pagó 9 millones de dólares a la
empresa Kalitta Charters, LLC, de Ypsilanti, Michigan, para el transporte aéreo
de restos humanos. La cobertura incluye Estados Unidos, Alaska, Canadá,
México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En septiembre de 2011 se realizó otro
contrato similar, pero por 12 millones y medio de dólares. Y, en mayo pasado,
la Marina estadunidense firmó otro contrato por 9 millones de dólares con JDS Uniphase
para que elabore nuevos sistemas de pruebas de
armas en su planta de Guadalajara.
Leído en Revista Proceso 1836 P.p. 16 a 19
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