El golpe está dado; sus efectos son menores y la cifra poco creíble, pero el daño a la institución presidencial es una realidad. Que el Ejecutivo intervenga de tal manera violenta el principio de contienda justa. Una vez más dirán que faltó a la ley, pero ahora ocurre en medio de la elección y, especialmente, durante el periodo de silencio, el tema remite a la legalidad de los comicios.
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Lo acontecido el jueves en el consejo de Banamex no fue un accidente o descuido. Fue una acción calculada, motivada por un interés evidentemente electoral; también fue un error monumental y revela que el Presidente y su equipo cercano, con facilidad, pierden sentido de los límites. Lo más preocupante es que si están dispuestos a comprometer la legalidad de una forma tan burda, ¿a qué no estarán cuando resuelven en la penumbra del poder?
Lo de menos es si el Presidente realmente cree que es confiable el estudio de intenciones de voto que se atrevió a exponer ante poderosos inversionistas. En eso sí está en todo su derecho. Lo grave es que la cifra crítica —la diferencia entre el candidato de la oposición y la del gobierno— se presenta ante conspicuos empresarios. Las encuestas no influyen a los electores, sí y mucho, a quienes influyen en los electores, fundamentalmente los medios de comunicación y a quienes financian campañas. A los primeros es difícil engañarlos; hay muchas casas encuestadoras confiables, algunas de los mismos medios, como para irse en el truco por una cifra claramente atípica. Los financiadores de campañas —aportaciones ilegales, por cierto— sí son influenciables, y debe preocupar que el Presidente participe del juego de propaganda.
Es explicable que AMLO no descalifique al Presidente en su dicho, sino a las casas encuestadoras en general. Así ocurre porque todas lo dan en tercer lugar, excepto una, por cierto, de una de las empresas de investigación más prestigiadas y serias en el medio. Cifras a pedido, dice el candidato presidencial. Una ofensa, incluso, a quienes a él encuestan. Mejor que insista en eso de que para él son suficientes 26% de las preferencias, porque en su caso, él dice, todos ellos sí van a votar.
A Peña Nieto se le ha regateado eso del bote pronto. No ocurrió así en la misma reunión a la que asistió después del Presidente. La tomó con humor y con la referencia al exitoso proceso del Estado de México, dijo que si es la misma empresa que anticipó que Bravo Mena estaba empatando a Eruviel Ávila, mejor que el Presidente cambie de encuestador. El PAN salió mal a defender al Presidente. Presentó la encuesta que daba la cifra, recordó que ya se había hecho público el resultado. Ellos dijeron que la encuesta era del PAN y el Presidente de la Presidencia. Alguien miente. Cada quien con sus cifras y pecados. Lo cierto es que el PAN confirmó la fragilidad de la fuente y de los números.
La degradación de las palabras corre a cuenta del comunicado de la Presidencia. En éste se niega lo que 700 u 800 empresarios escucharon y vieron. En México no da vergüenza mentir, ni siquiera en los textos oficiales; es de escándalo. Quizás se haya pensado como una forma oblicua para decir que el Presidente reconoció el error, como también lo hacen sentir sus palabras del día posterior en la conmemoración el Día de la Bandera. Es positiva la enmienda presidencial, pero debe ser auténtica y por la falsedad del comunicado, los adversarios y quienes anhelan imparcialidad de la Presidencia tienen derecho a la duda.
El golpe está dado; sus efectos son menores y la cifra poco creíble, pero el daño a la institución presidencial es una realidad. Sí hay un problema de legalidad. El régimen vigente hace de la equidad un principio fundamental; que el Presidente intervenga de tal manera, no sólo es una intromisión a un juego ajeno, sino que violenta el principio de contienda justa. No es la primera vez que sucede, aconteció en tres ocasiones en los días previos a la elección federal intermedia. No es opinión, el Tribunal Electoral declaró que el Presidente violó la ley. La impunidad lleva a la reincidencia; no hay sanción aplicable. Aún así, las oposiciones han interpuesto ante el Tribunal Electoral la queja correspondiente. El desenlace es seguro: una vez más dirán que el Presidente violó la ley. Pero ahora ocurre en medio de la elección y, especialmente, durante el periodo de silencio, el tema remite a la legalidad de los comicios presidenciales.
¿Qué importa más, los calzoncillos de un boxeador o el encuentro del Presidente con parte de la oligarquía? Por lo primero, el Tribunal Electoral anuló la elección de Morelia y el IFE multó al pugilista. ¿Qué sucederá con el presidente Calderón? El arrepentimiento, si acaso existe, de poco vale. Allí están los hechos y sobre éstos el juez decide.
Es bueno que el Presidente en su juego de palabras diga que el gobierno federal “se esmerará en evitar expresiones o acciones que puedan generar recelo o desconfianza”. Pero se vive en una circunstancia donde las palabras y los compromisos muy poco valen. Una pérdida más de la posmodernidad mexicana, de democracia a la deriva.
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Leído en: http://impreso.milenio.com/node/9119334
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