 |
| Rosario Robles. |
Asumo la contraria a la que ha venido postulando el reconocido periodista, pues la resolución de la Primera Sala de la Corte impactará no sólo a la francesa hoy sentenciada, sino de manera muy importante a la forma como se procura y administra la justicia en este país. Asumo la postura de que la justicia no se puede utilizar como arma propagandística, como simple instrumento para acreditar fines que nada tienen que ver con la sanción a los culpables y la reparación del daño de las víctimas.
Llaman la atención varios de sus planteamientos, de manera especial el que establece en el sentido de que la notificación consular no es un derecho. Vaya paradoja. México se ha amparado precisamente en la Convención de Viena para defender a paisanos que han sido condenados en Estados Unidos a la pena de muerte. Tal y como lo señala Jorge Castañeda, en ese momento canciller, en 2002 el Estado mexicano alegó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya que Estados Unidos había violado la Convención de Viena al impedir que hubiera protección consular adecuada a 52 sentenciados (el famoso caso Avena), porque de haber asistido este derecho probablemente el desenlace hubiera sido diferente. De hecho, como lo señala el propio Castañeda, no hay país más interesado en el mundo en defender la protección consular que precisamente México. O para ponerlo en palabras del senador Manlio Fabio Beltrones, hay 11 millones de razones para así hacerlo. No se le puede hacer a otros lo que no quieres que se te haga a ti. No se puede invocar la notificación y el apoyo consular para los nuestros y para los extranjeros en nuestro país menospreciar, minimizar, despreciar este derecho.
Cuestiona también Carlos Marín la aparente contradicción entre lo expuesto por el ministro y su propia actuación. Le increpa que no tiene empacho en establecer como razón para la liberación de Cassez el hecho de que haya sido objeto de una escenificación planeada y orquestada, que se le juzgó mediáticamente y fue exhibida públicamente, cuando es lo que está haciendo Zaldívar Lelo de Larrea al publicar su ponencia y convertirla en “tema suculento en medios informativos, charlas de sobremesa y preocupación de activistas y defensores de los derechos humanos”. Más allá de que la comparación no vale, lo que es cierto es que nadie puede permitir que el juicio mediático se convierta en la manera de procurar justicia. De que en lugar de juzgar a presuntos responsables de haber cometido un delito por las instituciones encargadas de ello, se haga a través de los medios de comunicación, a través de montajes preparados ex profeso para culpar a alguien.
El problema es que cualquiera de nosotros puede estar sujeto a esas conspiraciones, a esas escenografías, a esa fabricación de pruebas que nada le envidian a los más genuinos representantes de la guerra sucia en nuestro país. Por supuesto que esta situación tuvo un “efecto corruptor” en el proceso. Esto que para algunos es poca cosa, para otros es de suma importancia. Como diría la investigadora Ana Laura Magaloni, “las fallas en el debido proceso ponen en evidencia a un sistema de justicia que amenaza a todos los habitantes del país”.
De ese tamaño es el asunto que se está discutiendo. De esa magnitud es la resolución que tienen los ministros en la mano, porque significa la posibilidad de establecer que ninguna autoridad, ni ministerio público ni jueces, puede violentar la presunción de inocencia y que sus actos están sujetos a revisión. Pero para que esta discusión sea ejemplar tiene que haber consecuencias. Es muy sencillo: quienes fueron responsables de violar el debido proceso y con ello impedir que se llegara a la verdad jurídica y se hiciera justicia tienen que pagar. Así de simple.
Ser… o neceser
Vaya imagen demoledora la del estadio Azul el domingo pasado. Sólo hay una explicación: la soberbia.
rrobles@mileniodiario.com.mx
Leído en: http://impreso.milenio.com/node/9130770
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.