PREPARANDO (DESDE HOY) LA IMPUGNACIÓN DE LA ELECCIÓN.

Carlos Puig.

Hoy, abajo en las encuestas, los integrantes del Movimiento Progresista están inundando de recursos el proceso, pues alegan que los aspirantes a supervisores incumplen la ley por haber sido representantes de algún partido ante mesas directivas de casilla. Y ya han insinuado que lo mismo harán con la designación de los CAE.

 Esta semana, Enrique Peña Nieto decidió, después de su participación en la AMAI, cancelar un par de apariciones públicas. Josefina Vázquez Mota ha estado más activa, pero cuida cada una de sus palabras para que no puedan ser interpretadas como “promoción del voto a su favor”. López Obrador ha tomado más riesgos.

 Son los tiempos de la veda electoral. Intercampañas.

 Es natural que el puntero en las encuestas sea el más precavido. Saben bien sus abogados que la reformada ley electoral amplió las razones e hizo más fácil anular la elección; los castigos a los partidos se hicieron más severos por violar las reglas.

 Y saben otra cosa, que al menos uno de los actores está ya preparando el expediente de la impugnación de los comicios de julio.

 El 4 de febrero de este año, los 300 Consejos Distritales en los que se divide el país para efectos electorales sesionaron para aprobar la contratación de 4,830 supervisores electorales. Un supervisor electoral es aquel“que apoya al IFE en las tareas de coordinación, supervisión y verificación de la actividades de capacitación electoral”.

Los supervisores son ciudadanos que atendieron la convocatoria pública del instituto y cumplen los requisitos que marca la ley, en particular el artículo 289 del Cofipe. Hay que ser mexicano, tener menos de 60 años, disponibilidad de tiempo, haber terminado la secundaria y no militar en ningún partido u organización política, entre otras. Es un procedimiento que generalmente no presenta ningún problema, es parte fundamental de la ciudadanización del proceso.

 Después de los supervisores se contrata a los llamados CAE: Capacitadores Asistentes Electorales. 29,440 que invitan y convencen a los funcionarios de casilla a participar en el proceso. Para ser supervisor o CAE se inscribieron 184,588 aspirantes.

 Los aspirantes a cualquiera de los dos puestos pasan por cuatro etapas antes de que venga su designación/contratación. Después de evaluar su currículo, tienen una plática de inducción, un examen de conocimientos y habilidades y después una entrevista.

 Todo normal. Hasta ahí. Porque en esta ocasión el procedimiento fue impugnado.

 De hecho se interpusieron 152 recursos de revisión en 139 de los 300 distritos electorales.

 Y curiosamente de los 152 recursos, 148 los interpuso algún partido de la coalición Movimiento Progresista. Sólo en Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Tabasco no se presentaron recursos contra las designaciones.

 Para ser exactos, 93 vienen del Partido del Trabajo, 44 de Movimiento Ciudadano, 11 de Partido de la Revolución Democrática. Sólo cuatro impugnaciones provienen de aspirantes que no fueron designados por los Consejos Distritales. PAN, PRI y Panal no interpusieron recurso alguno.

 ¿Qué impugnan los partidos? Entre otros presuntos agravios, dicen que los aspirantes a supervisores incumplen la ley por haber sido representantes de algún partido político ante mesas directivas de casilla en procesos electorales federales o locales de 2000 a la fecha.

En ninguno de los recursos se acredita que algún supervisor en específico milite en algún partido u organización. Simplemente se sospecha.

 Ante el alud de recursos, en el IFE hicieron un cruce de nombres y encontraron que de los poco más de 28 mil aspirantes al puesto de supervisor electoral, a los que las impugnaciones se refieren, sólo 12 —sí 12— habían sido representantes de algún partido político en el proceso electoral de 2009. Es 0.04%.

 Muchos de los recursos ya han sido desechados, pero siempre queda acudir al Tribunal. Ahogar por la vía legal el proceso electoral.

 Hace seis años, quienes hoy integran el Movimiento Progresista se sintieron ganadores desde mucho antes de que se instalaran las urnas. Cuando perdieron y quisieron revocar la derrota en el Tribunal, se dieron cuenta de que no tenían con qué. Creen, aun hoy, que les hicieron fraude y que parte de ese fraude se hizo a la antigüita el día de la elección y en las casillas.

 Parte de la mitología de 2006 es que el supuesto fraude fue posible por falta de presencia de representantes de la coalición en cada casilla, en cada sección.

 Hoy, abajo en las encuestas y con las nuevas herramientas que se dieron con la reforma de la ley electoral, están inundando de recursos el proceso, armando el expediente que les permita, si es el caso, impugnar la elección completa.

 Los representantes del Movimiento Progresista ya han insinuado que lo mismo que hicieron con la designación de supervisores lo harán con la designación de los CAE. Los casi 30 mil que se habrán de contratar.

 Que la elección terminará en los tribunales lo dudan muy pocos en el IFE y en los partidos.

dudarazonable@milenio.com
Leído en: http://impreso.milenio.com/node/9122747