Así asesinó como a 200 hombres en Guerrero, aunque el exterminio se extendió a miles de campesinos, obreros, intelectuales y guerrilleros a través de los tristemente célebres grupos paramilitares Brigada Blanca y Batallón Olimpia. Los métodos del general genocida Mario Arturo Acosta Chaparro forman parte de las hemerotecas mexicanas y estadounidenses. En los archivos de la ignominia hay miles de hojas en gruesos expedientes que detallan sus múltiples delitos en la llamada “guerra sucia”. Su estela criminal pasa por la matanza de Tlatelolco en 1968, la ejecución de indígenas en Chiapas y Veracruz, la llamada limpieza étnica en Guerrero, la masacre de Aguas Blancas y tantas otras.
Sus delitos están detallados en el Archivo General de la Nación, en el acervo histórico de las extintas direcciones Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales; en las tres mil 308 cajas que contienen la información de la represión institucional en las décadas de los setenta y ochenta; y en decenas de cajas de documentos probatorios en poder de la extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Acosta Chaparro se fue impune, sin ser condenado por sus crímenes de lesa humanidad.
Al contrario, murió condecorado por Felipe Calderón; acribillado, ejecutado al lado de su Mercedes Benz por un par de sicarios en moto, al más puro estilo colombiano. Le dispararon en la cabeza, así como él mataba a los opositores del régimen priísta. Gracias a su experiencia delincuencial, Acosta Chaparro fue nombrado por Calderón como su asesor en temas de narcotráfico, un puesto que le venía como anillo al dedo por sus presuntos nexos con el cártel de Juárez, concretamente con su líder Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, socio de Pablo Escobar. A pesar de sus crímenes, no fue condenado por genocida, sino por narcotraficante o “delitos contra la salud”. Le impusieron una pena de 16 años de prisión, pero sólo estuvo preso en el Campo Militar Número 1, del 2000 al 2007.
La justicia castrense le retiró su grado de general y le prohibió utilizar el uniforme verde olivo. Sin embargo, el V Tribunal Colegiado, concretamente los magistrados federales Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, Manuel Bárcena Villanueva y María Eugenia Martínez Cardiel le modificaron la sentencia por “falta de pruebas” y luego un amparo de la justicia federal lo absolvió de sus delitos contra la salud. Finalmente el juez Cuarto Militar lo dejó en libertad por “desvanecimiento de pruebas”. Sus antecedentes penales no le importaron a Calderón.
El inquilino de Los Pinos le devolvió sus medallas y lo convirtió en general retirado con honores, lo condecoró por sus 45 años de “servicio a la nación” y lo devolvió a la “actividad productiva”. Los crímenes de Acosta Chaparro no se concretan a un sexenio determinado, aunque le hizo el trabajo sucio a Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría; también colaboró activamente con Carlos Salinas de Gortari y con el priísta acusado de crímenes de lesa humanidad en Estados Unidos por la matanza de Acteal, Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante su sexenio, el general Acosta Chaparro participó en el asesinato a 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, un estado que conocía a la perfección.
Las “hazañas” del general Acosta Chaparro llegaron a Estados Unidos, concretamente ante la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) y a través del testimonio del testigo protegido de la PGR, Gustavo Tarín Chávez, ex oficial a las órdenes de Acosta Chaparro. Es él quien cuenta como al general le gustaba matar a los detenidos personalmente: “El daba las órdenes. El nos enseñó a vendarles la cabeza y apuntar en la nuca para que murieran de manera instantánea. Arturo Acosta Chaparro pudo haber ejecutado él solo a más de 200”. Cuenta que en la base aérea militar de Pie de la Cuesta asesinaron a más de 1,500 “presuntos guerrilleros”. Al fondo de la base aérea había un lugar que le llamaban el “bungalow” hasta donde llevaban a los detenidos-desaparecidos. Los ejecutaban Acosta Chaparro y el general Francisco Quirós Hermosillo. Las matanzas eran a partir de las diez de la noche.
Luego los cuerpos eran introducidos en costales con piedras y eran llevados a un avión Aravá 2005 que salía de la base entre 11 y 12 de la noche. Finalmente se hacían recorridos aéreos rumbo a Oaxaca que duraban varias horas para tirarlos al mar. Apolinar Cevallos, teniente coronel retirado declaró ante el coronel Luis García Arévalo que fue testigo de como tiraban los cadáveres al mar y quienes participaban en los “vuelos de la muerte” recibían un sobresueldo del 50 por ciento como gratificación. Acosta Chaparro fue ejecutado, aniquilado; pero sus víctimas conservan los testimonios de sus crímenes.
Recuerdo que cuando lo liberaron en el 2007, entrevisté a Antonio Hernández Fernández, una de sus tantas víctimas de tortura, perteneciente al Partido de los Pobres en Guerrero y detenido el 18 de julio de 1978 por un grupo de agentes policiacos y militares vestidos de civil en Ciudad de México. Antonio que actualmente es catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero me dijo sin rodeos: “Acosta Chaparro es un criminal de lesa humanidad”. Me contó que vivió 21 días de cautiverio en cárceles clandestinas en donde se le torturó física y psicológicamente.
Me estremeció su entereza al recordar los hechos: “Acosta Chaparro personalmente dirigía las operaciones de tortura. Nunca volví a ver a muchos de mis compañeros de cautiverio que ahora engrosan la lista de detenidos-desaparecidos de México. ¿Por qué yo sobreviví y ellos no? Es algo que una víctima de tortura siempre se preguntará y es el objetivo de la represión ejercida desde el Estado: que vivas con ese terrible dilema el resto de tu existencia”.
El “servicio a la nación” que deja el general Mario Arturo Acosta Chaparro forma parte de los más de 800 desaparecidos. También su “condecorador”, su “rescatador”, Felipe Calderón, deja una importante lista de desaparecidos: 30 mil como saldo de su guerra delirante. La historia se lo demandará. Por lo pronto, ambos forman parte de la más negra página de violaciones de derechos humanos. La ejecución del asesor en materia de narcotráfico del actual gobierno, es una advertencia clara que recuerda al dicho popular: “el que a hierro mata, a hierro muere”.
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