Tras la elección presidencial, la administración que concluye es historia. Y aunque quien la encabeza todavía mantiene el control del aparato burocrático y puede declarar "vamos a seguir trabajando hasta el último día de mi gobierno" (Reforma, 17 de julio), en la práctica ya sólo pueden marcar el paso. Se inicia entonces el tiempo del juicio histórico; juicio que nunca concluirá, pues cada época lo volverá a hacer de nuevo.
Obviamente el "Juicio de la Historia" como tal no existe. Lo que hay son las apreciaciones de ciudadanos, historiadores y estudiosos de la época: su juicio es sobre quiénes ejercieron el poder, cómo, en beneficio de quién y con qué resultados. Estos juicios pueden o no coincidir -a la coincidencia se suele llamar "juicio de la historia"- y su naturaleza depende de los intereses, prejuicios y capacidades de quienes los formulan. Toda visión sobre lo que ya ocurrió siempre estará influida por los grandes temas del tiempo en que se hace. Nunca habrá un veredicto unánime e inmutable sobre personajes y eventos del pasado, su enjuiciamiento es permanente.
EL MARCO GENERAL
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (FCH) lo encuadra la naturaleza del proyecto histórico del PAN, un partido de clase media, conservador, que nació en septiembre de 1939 al calor de la reacción contra la política de masas del cardenismo y del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derecha mundial se lanzó a una gran ofensiva contra el comunismo y contra la democracia liberal.
En tanto "oposición leal" al régimen autoritario de la Revolución Mexicana, el PAN enarboló la primacía del "interés nacional" -definido desde la derecha-, del "bien común" sobre cualquier interés parcial -como el de los campesinos y/o los trabajadores- y la "dignidad de la persona humana" como un valor más alto que el Estado o el capital. Se trató de metas muy generales y casi inobjetables en tanto no se pusieran en práctica. Ahora bien, cuando el PAN logró el poder en algunos estados primero y a nivel nacional en 2000, ¿en qué se tradujeron sus conceptos de interés nacional, bien común, dignidad de la persona y el resto de su ideario? En muy poco.
El sexenio presidido por Vicente Fox (2000-2006) devaluó, y mucho, el conjunto de principios panistas, pero FCH terminó por hacer aún más evidente el divorcio entre lo altisonante del discurso y la mezquindad de la práctica. Finalmente, el interés nacional resultó ser el de los intereses creados, el "interés común" se hizo humo al chocar con los intereses nada comunes y muy corporativos del SNTE y la "dignidad de la persona humana" se topó con las violaciones a los derechos humanos y las denuncias de Javier Sicilia y su agrupación. Así, no fue sorpresa que en julio del 2012 una mayoría de ciudadanos optara por relegar al PAN a un sitio marginal donde incluso corre el peligro de desaparecer (FCH dixit, Reforma, 28 de julio).
EL PANISMO REAL
FCH llegó al poder apoyándose poco en propuestas constructivas y mucho en el ambiente de miedo al cambio que generaron sus hábiles publicistas. Le resultó más redituable buscar el corrupto favor de Elba Esther Gordillo, el SNTE y sus operadores electorales, que el apoyo que pudieran generar sus ideas del "bien común". El "haiga sido como haiga sido" con que FCH justificó su triunfo electoral y su rechazo a un recuento de los votos -indispensable para dar certeza a un triunfo por apenas el 0.56% del total de sufragios- resultó ser el sello indeleble de su Presidencia.
La necesidad de ganar la legitimidad plena que no logró en el proceso electoral llevó a FCH a iniciar su gobierno con una acción espectacular, contundente, una que supuso se transformaría en signo indiscutible de autoridad y robustecería su endeble legitimidad inicial, tal y como lo intentó Carlos Salinas tras el fraude de 1988. Así, a días de asumir el poder, FCH lanzó -sin dilación pero sin planeación adecuada-, una "guerra contra el narco" que resultó muy espectacular pero finalmente poco efectiva. Fue una jugada a varias bandas que, en teoría, aparecía de lo más interesante para alguien en su posición. Por un lado, su gobierno necesitaba enfrentar la ya muy obvia y desafiante presencia territorial de los cárteles de la droga, pues si la violencia ilegítima del narco se mantenía tan pública y exitosa, entonces la esencia del Estado -su monopolio de la violencia considerada legítima- significaría cada vez menos. Por otro lado, la movilización masiva de soldados, marinos y policías acompañada de una publicidad adecuada daría la sensación de seguridad recuperada y, sobre todo, proyectaría urbi et orbi la imagen de un Ejecutivo fuerte y decidido que, incluso siendo civil, aparecía como general de cinco estrellas. Finalmente, era obvio que el gobierno norteamericano apoyaría esta política -Iniciativa Mérida- y a su arquitecto (Obama calificaría a FCH del nuevo Eliot Ness).
La decisión de ir contra los cárteles de la droga tomada en 2006 suponía grandes ganancias pero implicaba grandes riesgos: su fracaso no sólo sería el de FCH y su partido sino también el de las Fuerzas Armadas. Casi seis años más tarde y alrededor de 60 mil muertos, más desaparecidos y desplazados, y un aumento notable en la brutalidad de la violencia y del gasto en seguridad nacional -en 2012 ese renglón fue mayor que el de desarrollo social, de salud o de comunicaciones y transportes-, resulta que los cárteles siguen tan desafiantes como en el inicio, el trasiego y comercialización de drogas no han variado: hoy el gramo de cocaína pura en el mercado norteamericano -177.26 dólares- es 16% más barato que en 2001 y el 95% de esa droga pasa por México (The New York Times, 3 de julio). Por otra parte, el principal capo mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, no solamente sigue libre sino que de rutina aparece en la lista de los multimillonarios del mundo publicada por Forbes (26 de marzo, p. 232) y ha extendido sus operaciones a Europa, Asia y Australia (The New York Times, 15 de junio).
Además, al poner al Ejército y a la Armada a cumplir tareas que la Policía Federal sigue sin poder hacer -en julio, por ejemplo, fue necesario cambiar a todo el personal policiaco federal en el aeropuerto de la Ciudad de México porque la corrupción ya lo hacía inútil en ese punto vital para impedir el tránsito de la droga (Reforma, 17 de julio)-, ha desgastado a esas instituciones en un tipo de lucha que simplemente no se puede ganar. Como para subrayar lo anterior, al final del sexenio se procedió a detener a altos mandos del Ejército -incluido un general de división- bajo la sospecha de complicidad con los capos de la droga (Proceso, 20 de mayo).
En contraste, el calderonismo simplemente decidió no usar la fuerza del Estado en un campo donde con menos sangre, con menos gasto y con menos violaciones de derechos humanos, hubiera podido dar golpes fuertes en la zona que más hubiera afectado a los señores de la droga: el del lavado de dinero. Las armas del narco no son para derrotar a ningún gobierno sino para ayudar a maximizar sus enormes ganancias. Entonces, ¿por qué no se le atacó desde el inicio a fondo en la cadena del dinero y usando no a la Sedena sino a Hacienda? Sólo al final del sexenio y gracias a investigaciones del Senado norteamericano, se ha hecho público que la filial mexicana del gran banco británico HSBC había llevado a cabo, tan sólo entre 2007 y 2008, transferencias a su sucursal norteamericana por 7 mil millones de dólares, y que lo hizo de tal manera que los narcotraficantes pudieron blanquear millones de dólares. Antes de renunciar en 2008, el inútil encargado de vigilar que no se lavara dinero en HSBC México informó a sus superiores que su tarea era imposible porque dentro de la institución había "una cultura de búsqueda de ganancias a toda costa" y que era cosa de tiempo que el banco fuera acusado de actividades criminales (The Independent, 18 de julio). Al final, HSCB México fue castigado con una ridícula multa de 379 millones de pesos, lo que terminó por comprobar que es racional para cualquier banco continuar con el lavado de dinero y para los narcotraficantes mantener su actividad.
CONCLUSIÓN
La política que FCH puso en el centro de la agenda nacional fue bien vista fuera pero no convenció dentro. El tipo de inseguridad que afectaba al ciudadano de a pie provino menos de personajes como El Chapo -su mercado principal es externo- y más del crimen que vive de los de dentro. Y ese crimen incluyó lo mismo a asaltantes, extorsionadores y secuestradores que a funcionarios corruptos, a banqueros blanqueadores, a contratistas abusivos o a monopolistas. La guerra de Calderón fue contra los primeros pero dejó de lado a los segundos.
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