La radiografía que presentó este lunes Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, exhibe el fracaso de la estrategia anticrimen que imperó durante los últimos seis años. El secuestro se incrementó en 83%, el robo con violencia, 65%; la extorsión, 40%; los delitos sexuales, 16%; el robo en carretera, más de 100%…
Ninguno de estos datos es nuevo. Muchos estudiosos documentaron a lo largo de los últimos años las insuficiencias, vulnerabilidades y errores de estas políticas: la ausencia de un enfoque integral que implicara la concurrencia de otras instancias del gobierno federal (las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social, Agricultura, Salud y Educación), a las que tendrían que haberse sumado los otros poderes y órdenes de gobierno; un concurso que, debe reconocerse, casi todos regatearon.
Otros de los errores mayores fueron el énfasis policiaco-militar y la desatención al clima de desconfianza mutua, desorden y mezquindad que prevaleció entre las instancias del gabinete de seguridad nacional. Un caso extremo fue la PGR. Por ineptitud, irresponsabilidad o complicidad, la inmensa mayoría de los presuntos delincuentes puestos en manos del Ministerio Público pudo escabullirse de la justicia. En los últimos años se hizo poco para afectar las finanzas de los cárteles. El escándalo del banco HSBC, que favoreció a través de sucursales en México el lavado de miles de millones de dólares, muestra no sólo el desempeño tramposo de esa institución sino la inoperancia o, incluso, la colusión de los responsables de identificar esas operaciones sospechosas (la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y, otra vez, la PGR).
Jesús Murillo Karam ha dicho que recibió una institución desmantelada, inoperante, que abusó del arraigo y manipuló a los “testigos colaboradores” (delincuentes acogidos a los privilegios de esa figura, entre ellos la disminución de las penas) para encarcelar a funcionarios cuya responsabilidad en actividades criminales, aún hoy que varios de ellos están sometidos a proceso, permanece en duda.
El descabezamiento de los cárteles dio lugar a su fragmentación y al ascenso de personajes más violentos. Hoy decenas de bandas operan en casi todo el territorio nacional y han diversificado sus actividades: ya no es sólo la protección de las rutas para el trasiego de la droga sino la extorsión, el secuestro, el robo con violencia y el homicidio.
El incremento sustancial de recursos públicos para las dependencias responsables de combatir a los delincuentes no se tradujo en buenos resultados. La inmensa mayoría de los delitos no es denunciada (apenas ocho de cada 100) y sólo se castiga uno de cada 100 delitos cometidos. Otra falla de la estrategia anterior consistió en confundir colaboración con sumisión: las acciones de la parte mexicana respondieron más a los reclamos de su contraparte estadouniense que a nuestro propio interés.
En un contexto como este, aquí apenas bosquejado, se inscribe la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia que tiene un cambio de tono y nuevos acentos. El titular del Ejecutivo recupera perspectivas conceptuales y propuestas de organismos civiles, instituciones académicas (UNAM, CIDE, Tecnológico de Monterrey, entre otras) y grupos de expertos que nunca fueron tomados en serio por la administración de Calderón, enfrascada en su “guerra” contra el narco.
Con énfasis en la planeación, la prevención, la coordinación y el respeto a los derechos humanos, la nueva estrategia se encamina a “reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas”, lo que implica, en el corto plazo, “disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones”. Para lograrlo, dice Peña, “vamos a articular los programas, esfuerzos, acciones y presupuestos con que cuenta el Estado para construir un México en paz. No habrá improvisación”. Por lo tanto, la planeación sustentada en diagnósticos rigurosos deberá marcar la pauta y la definición estratégica.
Difícilmente se encontrará una diferencia más clara respecto de la improvisación y la “estrategia” reactiva que definió el despliegue del gobierno anterior. Lo que sigue, por supuesto, es bastante más complejo: transitar del discurso a la formulación de acciones que se traduzcan, de manera inmediata, en un clima de certidumbre en ciudades, regiones y entidades lastimadas por la delincuencia. Y, desde la sociedad civil, multiplicar en cantidad y calidad el trabajo de fiscalización, seguimiento y exigencia a las autoridades federales, estatales y municipales.
@alfonsozarate
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