J A I M E SÁ N C H E Z S U S A R R E Y
La apuesta de EPN
En la política, como en la vida, no se puede tener todo al mismo tiempo. Cualquier elección implica un rechazo. Si se opta por el color rojo se renuncia al verde, amarillo o azul. Y lo mismo vale para un método o un procedimiento.
Enrique Peña Nieto ya hizo su apuesta. El Pacto por México y el consenso son las líneas estratégicas del inicio de su gobierno. Por eso no recurrirá a la iniciativa preferente, que le otorga la Constitución, pese a que dio muy buenos resultados con la reforma laboral.
Renunció, por lo mismo, a ser él quien fije la agenda y las prioridades. Dicha facultad ha quedado depositada en el Consejo Rector del Pacto que ya fijó calendario para las reformas que vendrán.
Hay que advertir que no se trata de una concesión menor. Durante su campaña por la Presidencia, Peña Nieto había ofrecido privilegiar las reformas fiscal, energética y laboral.
Pero ahora, según lo ha determinado el Consejo Rector, se priorizará la reforma de telecomunicaciones y las reformas energética y hacendaria se presentarán hasta el segundo semestre del año.
Los tiempos de cada una serán diferentes. Mientras el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, anunció que el Gobierno federal tiene muy claros los objetivos que se harán públicos desde ya, la Secretaría de Hacienda ha asumido que los lineamientos fijados en el Pacto guiarán la elaboración y contenido de la iniciativa que se aprobará por consenso.
En materia energética el punto de enfrentamiento entre la izquierda y el PAN-PRI es el sambenito de la privatización de Pemex. López Obrador lo ha denunciado en todos los tonos. Pero, además, buena parte de las corrientes moderadas del PRD parecen compartir sus puntos de vista.
Sobra decir que el fantasma de la privatización no es más que eso, un fantasma. El verdadero punto a discusión es si Pemex se debe abrir a la inversión privada para permitir la explotación de gas y la exploración y perforación en el mar.
El modelo que postula Peña Nieto, y antes Felipe Calderón, es que Pemex gane autonomía, se permita la inversión privada y la asociación con otras empresas sin perder por ello su carácter de empresa pública. Tal como opera Petrobras en Brasil.
En lo fiscal, el punto de desacuerdo es el IVA en medicinas y alimentos. Mientras el gobierno y el PAN no tienen mayores diferencias en la necesidad de generalizar el impuesto al consumo, la izquierda se opone frontalmente. La discusión no es nueva.
Pero, como en el asunto de la presunta privatización de Pemex, el debate está plagado de mitos y prejuicios, que además tienen razones políticas fundadas: López Obrador focalizará todas sus baterías contra esas dos reformas y denunciará como traidores a quienes no se sumen a su causa.
No hay duda que la complejidad de la reforma hacendaria, como la energética, podrá hacer que en ciertos aspectos converjan priistas, panistas y perredistas. Pero al final se toparán con esos dos desacuerdos fundamentales.
Hecho que impone una reflexión. El Pacto funcionó de maravilla en materia educativa. Se alcanzó por consenso lo que parecía imposible. Pero el contexto de esa reforma era particular. Todos convergían en la necesidad de acotar el poder de la maestra y el SNTE, que mantenían prácticas y privilegios inadmisibles.
Pero es una realidad que ese mismo método jamás habría podido funcionar en materia laboral. En buena medida, porque incluso los sectores más moderados de la izquierda siguen presos de una serie de mitos y prejuicios que hacen imposible cualquier entendimiento.
Por eso, pese a los estira y afloja entre panistas y priistas en el tema de democracia y transparencia sindical, la reforma fue aprobada por el PRI y el PAN sin el consenso de los perredistas.
O dicho de otro modo, si en esas negociaciones se hubiese privilegiado el consenso por encima de la urgencia de flexibilizar las relaciones entre empresas y trabajadores, se habría aprobado una iniciativa rasurada sin utilidad alguna.
De ahí que, a menos que suceda algo extraordinario, se pueda anticipar que al final del día, es decir, cuando se elaboren y presenten las iniciativas, Peña Nieto deberá elegir entre preservar el consenso del Pacto o avanzar en las reformas que el País necesita.
Porque si decide ir hasta las últimas consecuencias, tendrá que privilegiar a un solo interlocutor (PAN y Verde), como hizo con la reforma laboral. El costo a pagar sería la ruptura del Pacto y el riesgo de que López Obrador, a través de Morena, lograra hegemonizar al conjunto de la izquierda y polarizar el debate.
Pero estos riesgos y costos son concomitantes de cualquier proceso de reformas profundo. Baste tener presente que los grandes cambios de finales del siglo pasado: la entrada de México al GATT, la liquidación de empresas paraestatales, la privatización de la banca, el TLC y la reforma del artículo 27 Constitucional, jamás se habrían podido alcanzar por consenso.
El consenso, por lo demás, conlleva dos riesgos fatales. El primero es otorgar concesiones irracionales con tal de no romper los acuerdos.
El segundo, ya lo mencioné, es guiarse por el principio del mínimo común denominador y rasurar cualquier iniciativa hasta hacerla inocua.
De ambos hay ejemplos ilustrativos. La contrarreforma electoral de 2007, que lesionó la libertad de expresión y produjo mexicanos de primera y segunda.
La reforma energética de 2008, por su parte, fue tan efectiva que mantiene a Pemex en situación idéntica y hace que las empresas que compran gas vean racionado su suministro porque los enormes yacimientos que existen no se pueden explotar, ya que la ley no lo permite y Pemex carece de los recursos para hacerlo.
¡Aguas, con el consenso!
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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