Eliminar fuero: las medias tintas del PRI

Amparados en la garantía constitucional del fuero, decenas de servidores públicos federales –incluido el Presidente de la República–, gobernadores, legisladores y hasta magistrados han incurrido en diversos delitos y abusos relacionados con sus funciones por los que, se sabe, nunca han pisado la cárcel.

El fuero es una una prerrogativa que ha impedido a los funcionarios públicos, en general, no ser reconvenidos o procesados, y les da protección legal para no ser detenidos ni enjuiciados hasta que no se agote la garantía de “procedibilidad constitucional”.

Sin embargo, ese privilegio ya no es viable en el México de hoy y menos a la luz de las decenas y decenas de escándalos por abusos de autoridad que se han sumando a lo largo de los años recientes.
Esta semana, la Cámara de Diputados discutirá a fondo el tema y aunque, de dientes para afuera, los legisladores asumen que es necesario desaparecer esa dispensa al ejercicio público, la verdad es que encontrará una férrea oposición, particularmente de parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ayer, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal García, planteó que su bancada impulsará con todo la iniciativa que elimina el fuero institucional, en un intento de favorecer la justicia y la transparencia.

Pero los representantes del PRI no parecen estar tan convencidos.

De acuerdo con Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador Jurídico de la fracción priista, el asunto es “acotar” el fuero y, como prioridad, privilegiar la reforma sobre la Ley de Transparencia, en la agenda legislativa inmediata.

Es decir, sí se quiere “mover a México”, como ha repetido el Presidente Enrique Peña Nieto desde que asumió la administración el pasado 1 de diciembre, pero nomás tantito.
La iniciativa que llega esta semana es fundamental si lo que realmente se quiere el fortalecer el marco jurídico en el país. El buen juez, dice el dicho popular, por su casa empieza.

Por ello, habrá que seguir de cerca el destino del dictamen de la minuta que envió el Senado de la República a los diputados federales –desde hace prácticamente dos años– y que se ha mantenido en el olvido, mientras funcionarios federales de todos niveles, gobernadores, diputados y senadores continúan haciendo de las suyas sin que nadie los toque.

En el PAN, dicen ahora que Felipe Calderón Hinojosa ya no es Presidente, hay pleno convencimiento de la necesidad de eliminar las figuras de ese tipo, que “preservan la inmunidad legislativa, fomentan la desigualdad y justifican la impunidad”.

Sólo con decisiones como eliminar el fuero, dicen los blanquiazules, México tendrá funcionarios respetuosos de la ley y comprometidos con el desarrollo y el bienestar de su población.
Sin embargo, el PRI quiere un cambio más suavecito.

“La intención es muy sencilla, si hay una denuncia en contra de cualquier servidor público, no va a poder objetar el fuero, va a tener sólo una inmunidad procesal. ¿Qué implica eso? Que puedo iniciar el procedimiento el juez de lo penal, después de haber sido consignado por el Ministerio Público en cualquier momento”, planteó Gutiérrez de la Garza.

Es decir, lo que quiere el PRI es que el servidor público no sea detenido, pero sí que avance el procedimiento judicial.

Las medias tintas no sirven para dar transparencia a la función pública: o se es honrado o no se es, y si alguien –quien sea– comete delitos relacionados con la administración de los bienes de los ciudadanos debe ser tratado con el mismo rasero… Para que todos seamos iguales ante la ley, los legisladores tienen la responsabilidad de dar el primer paso. Veremos si el bloque opositor es capaz de cumplir su palabra y derrumbar el muro que tienen enfrente.

http://www.sinembargo.mx/opinion/18-02-2013/12620